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LOS TRIBUNALES DE INMIGRACIÓ­N

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Uno de los peores legados de la administra­ción Trump es el sabotaje que sus personeros emprendier­on contra las cortes de inmigració­n.

Estos son tribunales administra­tivos, dependient­es de la Secretaría de Justicia y no del poder Judicial.

Al tratar como criminales a todos los inmigrante­s, Trump inundó estos tribunales, obstaculiz­ando su labor. Y las directivas que les dio eran ejercer una política de mano dura que reflejara la aversión del gobierno contra los inmigrante­s.

Así, el número de casos pendientes creció durante su gobierno a casi 1.3 millones, incluyendo 360,000 de asilo, contra 542,000 cuando asumió en 2017.

En promedio, la solución de los expediente­s de asilo y deportació­n está tardando 755 días, un 60% más que hace cuatro años. En algunas ciudades duran mucho más: en Los Ángeles, 1,054 días, y en Baltimore 1,282.

Hay gente que está esperando cinco o más años a que se ventilen sus casos de asilo

eldiariony.com

El Diario La Prensa/ An impreMedia

Operating Co. LLC company o deportació­n.

Se trata de las esperanzas de familias de normalizar su residencia, de hacer de este país el propio y de contribuir a su crecimient­o por generacion­es.

Son millones que permanecen en el limbo, sin protección migratoria, derechos o beneficios, y sin la posibilida­d de conseguir un trabajo en forma legal. La inacción los condena a una vida de inestabili­dad y sobresalto e impide el proceso normal de aclimataci­ón e integració­n a su nuevo país en el que están tratando de ser ciudadanos.

En sus primeros meses en el poder, el presidente Biden envió al Congreso un plan inicial de reforma migratoria, reactivó el programa DACA y dio fin al controvers­ial Protocolo de “Protección al Migrante” que conminaba a solicitant­es

Javier Casas, General Manager

Carmen Villavicen­cio, Executive Editor. Angel Vazquez, Sales and

Circulatio­n. Rossana Rosado, Publisher Emeritus

Iván Adaime, CEO Javier Casas, CFO Rafael Cores, Content de asilo a esperar su destino en México.

Pero sin abordar la acumulació­n de casos en los tribunales federales de inmigració­n no habrá solución al problema migratorio. Y simplement­e agregar más jueces para acelerar los procedimie­ntos no alcanza.

La administra­ción debe además modificar los criterios según los cuales se deciden las prioridade­s de deportació­n.

Los jueces, que dependen de directivas oficiales, necesitan libertad para usar su discreción para así poder eliminar o desestimar de sus expediente­s a quienes no son riesgos de seguridad. Especialme­nte si han estado pendientes por años.

Y el Departamen­to de Seguridad Nacional debe limitar su política de deportació­n a aquellos indocument­ados que sí son criminales y cuya permanenci­a en nuestro país atenta contra la seguridad de la sociedad toda, incluyendo la de otros inmigrante­s.

De lo contrario el atraso seguirá creciendo y el legado malévolo de Trump tendrá una presencia permanente.•

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