LOS MAGISTRADOS DEL GOBIERNO
Los neoyorquinos deberíamos tener los ojos puestos en la comisión que estudia la propuesta del presidente Joe Biden de elevar a 13 los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En 1789 eran seis jueces, aumentó a siete en 1807, pasó a nueve en 1837, llegó a diez en 1863 y desde 1869 son nueve.
La idea de modificar la Corte no es nueva, el presidente Franklin D. Roosevelt fracasó en su intento, cuando la Corte le negó el respaldo para el New Deal con el que pretendía revitalizar la economía durante la Gran Depresión.
Ni siquiera los demócratas están de acuerdo con agregar cuatro sillas al poderoso tribunal y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ya dijo que hay otras prioridades.
Lo primero sería analizar el momento del retiro para que el cargo no sea de por vida porque supuestamente se garantiza la imparcialidad por no necesitar otro trabajo y evitar que se repita la situación en la que un partido logra seis votos y hace mayoría con magistrados vitalicios.
Ese lapso indefinido no permitió la renuncia a tiempo de la neoyorquina Ruth Bader Ginsburg, fallecida casi al final del gobierno
Trump, y reemplazada en medio de la controversia por la juez Amy C. Barret. i hubiera términos fijos, con su reemplazo habría sido más fácil para los demócratas elegir un juez para tomar decisiones según los principios liberales al definir asuntos legislativos cruciales como el aumento de los salarios, la inmigración, o la salud y hasta la posible
Sdestitución de un presidente si es condenado por el Congreso.
El número de los magistrados parece caprichoso y, con los problemas financieros por con el estímulo económico por la pandemia, hay razones suficientes para decirle al señor presidente Biden que tal vez debería mover sus fichas para reducir la burocracia en lugar de aumentar los puestos de jueces que ganan más de $260.000 dólares anuales, sin contar la nómina del personal que necesitarían. l asunto es que, si con 9 jueces llevan 150 años revisando leyes y resolviendo las diferencias entre demócratas y republicanos, quizás cinco serían suficientes. ¡Siete estarían bien! O quizás algunos legisladores tengan candidatos y quieran subir la apuesta hasta 15 jueces, ¿por qué no?
Como se trata de ampliar el voto de los liberales frente al poder decisorio de los republicanos tras el nombramiento de tres jueves por Donald Trump, el número no importa. Los riesgos de esa decisión estarían en reconocer que hay sesgo político, sin independencia o equidad del juez a la hora de impartir justicia y decidir lo que realmente le conviene a la nación en materia legal.l
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