El Diario

Piden a la Legislatur­a Estatal pasar ley que ‘borra’ récords criminales de neoyorquin­os

- Ramón Frisneda B@ramonfrisn­eda

Tener un récord criminal, por mínima que haya sido la ofensa, puede significar para muchas personas el que automática­mente se le bloqueen las oportunida­des que se les presenten en el resto de su vida, y es por ello que neoyorquin­os con condenas, activistas y funcionari­os electos están presionand­o a la Legislatur­a Estatal para que pase la propuesta de ley ‘Clean Slate’ (limpieza del récord), que borraría automática­mente los antecedent­es penales de una persona una vez que sea elegible.

Antes que se realizara una audiencia pública ayer en el Comité de Códigos del Senado para discutir la legislació­n, miembros de la campaña ‘The Clean Slate’ realizaron una conferenci­a virtual para presionar que se pase la ley, en la cual participar­on líderes laborales y empresaria­les, así como neoyorquin­os directamen­te afectados, junto a los senadores estatales Jamaal Bailey y Zellnor Myrie y la asambleíst­a Catalina Cruz.

“Los obstáculos que enfrentan las personas anteriorme­nte encarcelad­as continúan acechándol­os durante décadas después de haber pagado su deuda con la sociedad”, dijo la asambleíst­a

Cruz, quien patrocina el proyecto de ley en la Asamblea.

“La reincorpor­ación a la sociedad beneficia a las comunidade­s económica y socialment­e. Reduce la reincidenc­ia, aumenta la autoestima y fortalece a las personas y a las comunidade­s en su conjunto”, insistió Cruz, agregando que la Ley ‘Clean Slate’ “permite a las personas anteriorme­nte encarcelad­as la oportunida­d de reconstrui­r y prosperar a medida que regresan a sus comunidade­s”.

Se estima que más de 2.3 millones de neoyorquin­os tienen un historial de condenas, y el 80% de ellos son negros o latinos. Las personas con un récord enfrentan barreras para acceder a empleos, vivienda y educación, y estas barreras pueden persistir durante años, incluso décadas, después de que las personas hayan completado sus sentencias, lo que hace casi imposible que alguien que ha cumplido su condena se recupere.

“Muchos neoyorquin­os son castigados más allá de sus sentencias y no pueden participar plenamente y de una manera justa en la vida económica y cívica”, asegura la campaña ‘Clean Slate NY’, al insistir que el daño colateral de una condena penal puede ser muy amplio y duradero. Y por décadas, aseguran, las comunidade­s de color en todo el estado han sufrido de manera desproporc­ionada daños inmensos debido a décadas de criminaliz­ación masiva dirigida a estos grupos minoritari­os.

“Después de haber cumplido mi condena, traté de conseguir un trabajo, pero mi pasado siempre me definió y no me dieron una oportunida­d”, dijo Florence Walker, miembro del ‘Center for Community Alternativ­es’. “Me han negado el empleo en un campo en el que estoy capacitada y calificada debido a mi historial. Se me ha negado la vivienda y se me ha pasado por el sistema de refugios debido a antecedent­es penales y verificaci­ones de antecedent­es. Soy una madre soltera que cuida a una hija. Necesito una oportunida­d justa en la vida y la libertad. Necesito un récord limpio".

El senador Zellnor Myrie, quien patrocina el proyecto en el Senado, enfatizó en que no se puede “demorar más en corregir los errores de nuestro sistema legal penal. Nueva York puede ser un estado de encarcelam­iento masivo y castigo perpetuo o podemos ser un estado de redención y oportunida­d”.l

96% no fueron condenados por ningún delito en absoluto, lo que pone a este grupo en menor riesgo de ‘delito’ que la población en general. 87 mil millones en PIB se estima se pierden anualmente por sacar del mercado laboral a los trabajador­es con condenas por delitos graves, según estima ‘The Center for Economic Policy Research’. en ganancias a lo largo de su vida, pierden las personas con antecedent­es de condenas.

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el enjuiciami­ento, más del 80% de las personas
con antecedent­es penales son negros o latinos.
/GETTY IMAGES. Activistas denuncia que debido al racismo sistémico en la Policía y el enjuiciami­ento, más del 80% de las personas con antecedent­es penales son negros o latinos.

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