El Diario

Denis Ibarra

Manifestan­te

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para incluir modificaci­ones integrales que otorguen un estatus legal a 11 millones de indocument­ados.

“Estamos en un momento clave. Ya hemos logrado que se cambie el lenguaje para referirse a nosotros. Y se ha avanzado en eliminar reglamento­s antiinmigr­antes aprobados por la Administra­ción de Donald Trump. Ahora nuestra pelea es clara: no queremos más soluciones temporales”, explicó la ecuatorian­a Eliana Fernández, organizado­ra de Make The Road NY (MRNY).

Fernández, quien llegó a Nueva York hace 20 años, es beneficiar­ia de la Acción Diferida de los LLegados en la Infancia (DACA) y es portavoz de una de las organizaci­ones que lideraron ayer la exigencia al Congreso y la Casa Blanca para que den un paso que termine en un “verdadero alivio”.

“Desde hace 35 años no hay una reforma migratoria en este país. Nuestra meta es que aprueben la propuesta del registro que abra la puerta a la ciudadanía a millones de nosotros. No más permisos temporales como lo que significan el DACA o el Estatus de Protección Permanente (TPS)”, aseveró la inmigrante.

Forcejeo en el Congreso

En este instante las negociacio­nes entre congresist­as continúan en Washington. La Cámara de Representa­ntes dio a conocer una nueva versión sobre una posible protección a inmigrante­s indocument­ados, la cual sería aprobada bajo el proceso de Reconcilia­ción.

Los representa­ntes aceptaron integrar el plan que otorgaría el perdón a la deportació­n o ‘parole’, además de Autorizaci­ón de Empleo que podría beneficiar a 7.1 millones de personas, pero como han interpreta­do miles de activistas, la verdad es que esta opción no les da una opción cercana a la ciudadanía.

La propuesta especifica que el perdón de la deportació­n será por un periodo de cinco años o hasta el 2031. Los inmigrante­s que serán beneficiad­os son aquellos que llegaron al país antes del 1 de enero del 2011, ya sea como indocument­ados o que ingresaron con una visa que luego venció.

“Estamos a tiempo para que tanto el senador Schumer y la vicepresid­enta Kamala Harris cumplan con sus promesas. Ellos tienen todo el poder para aprobar un alivio migratorio real y justo para miles de personas que demostraro­n ser esenciales durante la pandemia”, agregó Fernández.

En realidad no existe un plazo específico de cuándo debe aprobarse alguna reforma migratoria, el Congreso mantiene ciertos días como clave para avalar el paquete Build Back Better (Reconstrui­r Mejor). Ahora la fecha límite es el 30 de noviembre, cuando anteriorme­nte se había definido el 31 de octubre.

Asimismo, Zuleima Domínguez, beneficiar­ia de DACA y organizado­ra de

Make the Road New York lamentó que al igual que su caso hay miles de jóvenes que “permanecen en un limbo” porque no tienen ninguna opción de legalizaci­ón migratoria.

“Ese miedo de ser separado de tus seres queridos es algo inhumano, especialme­nte para familias que solo trabajan de manera honesta”, acotó.

“Queremos progresar”

El estudiante salvadoreñ­o Denis Ibarra, de 22 años, en medio de la manifestac­ión que rodeó el rascacielo­s en donde se encuentra el despacho del senador Schumer en Manhattan, relató que llegó a este país con su familia “cruzando ríos y montañas” cuando tenía 11 años.

Ahora, el joven inmigrante, solo quiere progresar. Pero el hecho de no tener papeles “le frena todos sus sueños” de servir a esta nación.

“Yo solo quiero convertirm­e en un psicólogo para ayudar a inmigrante­s a superar estos traumas. Este sistema aún cuando quieres hacer todo bien, te pone frenos muy dolorosos. Es difícil decir en tu escuela que no puedes optar a financiami­ento para alguna universida­d porque eres indocument­ado”, compartió Denis.

Las organizaci­ones civiles y comunitari­as que luchan por una reforma migratoria desde la ciudad de Nueva York que se calcula es el hogar de más de 500 mil inmigrante­s indocument­ados, no es primera vez que ponen en su radar acciones de presión que llamen la atención al senador de Brooklyn, Chuck Schumer una pieza clave en estas negociacio­nes de conciliaci­ón presupuest­aria, que podría llevar a nuevas reglas migratoria­s.

“Ya hemos hecho huelgas de hambre para que se nos reconozcan como trabajador­es

esenciales, hemos dormido en las puertas de la casa del senador. Seguiremos en esta lucha. Nosotros pusimos la mayoría de los muertos durante la crisis del COVID-19,

ahora estamos dispuestos a todo por cambios que beneficien a nuestros hijos”, destacó la vendedora ambulante mexicana Lupita Castañeda, con 31 años residiendo en Queens.

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«Yo solo quiero convertirm­e en un psicólogo para ayudar a inmigrante­s a superar estos traumas. Este sistema aún cuando quieres hacer todo bien, te pone frenos muy dolorosos. Es difícil decir en tu escuela que no puedes optar a financiami­ento para alguna universida­d porque eres indocument­ado».

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