ESCAZÚ NO ES EL PROBLEMA NI TAMPOCO LA SOLUCIÓN
ramericano en el caso Claude Reyes v. Chile y se consolidan en un recorrido que incluye la Cumbre de las Américas de Santa Cruz de la Sierra, la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la toma de Decisiones sobre desarrollo Sostenible, los principios de acceso a la información adoptados por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) hasta llegar a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información (ya en su versión 2.0) y al Programa Interamericano de Acceso a la Información. Estos procesos y la discusión de Escazú no tienen hilos conductores.
Por otro lado, aunque en la región existen barreras para acceder a la justicia, en general, la ciudadanía tiene mayor confianza en los poderes judiciales que en el ejecutivo y el legislativo. La falta de respuesta en la aplicación de la legislación ambiental ha llevado a mayor acceso a la justicia por daños y degradación ambiental. n 2020, Global Witness registró el asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el medioambiente. De los (5) países donde más asesinatos per cápita ocurren (4) están en las Américas. De cada (4) ataques (3) ocurren en las Américas. Más de un tercio de los ataques se relacionan con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.
La verdadera justicia ambiental implica la reorientación de nuestras democracias a verdaderas democracias ambientales, donde el fin del tomador de decisión público o privado sea la justicia ambiental, porque de ello depende nuestra subsistencia.
El problema no es Escazú o su ratificación, es que los países no aborden la evolución democrática y las fallas estructurales a que la sociedad exige solución.
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