Algunas exclusiones
destacada de la legislación, y la más controversial. Según el proyecto de ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se encargaría de identificar los 100 medicamentos más caros y elegir los 10 que se negociarían. Ese esfuerzo no comenzaría hasta 2023, pero los nuevos precios entrarían en vigor en 2025. Otros 10 medicamentos podrían añadirse en 2028. Todavía no se ha identificado ningún medicamento.
Para responder a las preocupaciones de algunos legisladores, la legislación establece disposiciones específicas sobre la forma en que el HHS seleccionará los medicamentos que se incluirán. Sólo se incluirían los medicamentos identificados como únicos en su género o como único remedio para un problema de salud concreto.
La lista también se limitaría a los medicamentos que hayan estado en el mercado más allá del periodo de exclusividad que el gobierno les concede para estar libres de competencia y recuperar los costos. Para la mayoría de los medicamentos, la exclusividad puede durar nueve años. Para los medicamentos biológicos más complicados, el periodo sería de 13 años. El uso del plazo de exclusividad permitió a los legisladores eludir la cuestión de si los medicamentos seguían estando bajo la protección de una patente.
La medida permite negociar los precios a un nivel inferior para los medicamentos más antiguos elegidos para el programa. Así, por ejemplo, el precio negociado para un medicamento no biológico que lleve menos de 12 años disponible sería el 75% del precio promedio del fabricante. Este porcentaje se reduciría al 65% en el caso de los medicamentos que hayan superado los 12 a 16 años de exclusividad inicial, y al 40% en el caso de los medicamentos que hayan superado los 16 años de exclusividad inicial.
Los medicamentos de las empresas más pequeñas, con ventas inferiores a $200 millones, quedan excluidos porque los legisladores temen que la reducción de sus precios perjudique la innovación.
Algunos expertos se preguntan si los precios negociados repercutirán directamente en los consumidores.
“Sin duda ayuda a Medicare a reducir sus gastos”, señaló William Comanor, profesor de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA. “Pero, ¿cómo afecta eso a los consumidores? Seguro que Medicare no cambia el copago”.
Sin embargo, añadió, el copago es menos problemático si el gasto en las recetas tiene un límite de $2,000 para el consumidor.
Vincular los precios a la inflación
Según el proyecto de ley, los fabricantes tendrían que informar de sus precios al secretario del HHS, y si los precios
Los medicamentos de las empresas más pequeñas, con ventas inferiores a $200 millones, quedan excluidos porque los legisladores temen que la reducción de sus precios perjudique la innovación.