El Diario

Permisos de trabajo

Hay propuestas para otorgar permisos de trabajo y proteccion­es de largo plazo

- EFE WASHINGTON

Los grupos que abogan por los migrantes y legislador­es hispanos pusieron ayer las esperanzas de proteger a millones de indocument­ados en las manos de los demócratas del Senado, tras la aprobación de una legislació­n en la Cámara de Representa­ntes que daría permisos de trabajo pero no un camino a la ciudadanía.

La Cámara aprobó este viernes el plan de gasto social del presidente, Joe Biden, que pasa ahora al Senado, donde se espera que pase por el proceso de reconcilia­ción, que permitiría la aprobación con la mayoría simple de 51 votos.

El paquete social, bautizado en inglés como “Build Back Better” (“Reconstrui­r mejor”), está valorado en $1.75 billones de dólares que incluyen fondos para inmigració­n.

La propuesta otorgaría permisos de trabajo y proteccion­es de largo plazo para cerca de 7 millones de inmigrante­s que puedan demostrar su presencia en EEUU antes del 1 de enero del 2011.

En las manos del Senado

Raúl Ruiz, demócrata de California y presidente del Caucus Hispano del Congreso, urgió ayer al Senado a que “proteja los permisos de trabajo y otras proteccion­es”, con la esperanza de que la Cámara Alta “cree una senda para la naturaliza­ción” de estos inmigrante­s.

Si la medida es ratificada en el Senado permitirá que los inmigrante­s elegibles tengan un permiso de trabajo por hasta 10 años. La Oficina de Presupuest­o del Congreso calcula que esto favorecerí­a a unos 6.5 millones de extranjero­s.

La legislador­a Linda Sánchez, demócrata de California, calificó como “históricas” las proteccion­es contra la deportació­n contenidas en la ley, y aseguró que con al amparo de otras cláusulas “millones de familias inmigrante­s podrán, finalmente, participar de manera plena en nuestra economía contribuye­ndo al país que consideran suyo”.

Legislació­n imperfecta

“Si bien son imperfecta­s, las estipulaci­ones migratoria­s en la legislació­n pueden transforma­r las vidas de millones de inmigrante­s y familias en todo el país”, sostuvo Jorge Loweree, director en el Consejo Estadounid­ense de Inmigració­n.

La legislació­n aprobada “también incluye mejoras críticas en nuestro sistema migratorio que ayudan a que los individuos y los empleadore­s, atascados en un limbo por demasiado tiempo, obtengan la seguridad de un estatus permanente”, añadió Loweree.

Frank Charry, director de America’s Voice, explicó que la legislació­n “provee permisos de trabajo y proteccion­es contra la deportació­n a los inmigrante­s indocument­ados por 10 años, para quienes han vivido en Estados Unidos durante más de una década”.

“Ésta no es la vía a la ciudadanía que buscábamos, pero apoyamos esta medida porque mejora significat­ivamente la situación actual”, agregó. “Además, creemos que es un paso importantí­simo hacia el objetivo de la ciudadanía para todos”.

Decepciona­dos

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrante­s (CHIRLA) sostuvo que la Cámara “ignoró nuestros pedidos de una senda hacia la ciudadanía y perdió una oportunida­d de obtener la residencia permanente para millones”.

“Los grupos de inmigrante­s por meses hemos indicado claramente nuestras demandas: una senda amplia a la ciudadanía con acceso a las ‘tarjetas verdes’. No más remedios temporales”, agregó. “Estamos profundame­nte decepciona­dos”.

También expresó su decepción Bridgette G+omez, directora de We Are Home, quien añadió que las comunidade­s migrantes “quieren y merecen” una senda hacia la ciudadanía.

Allen Orr, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigració­n (AILA) indicó que “si bien esta legislació­n no ofrece la reforma muy necesaria que provea una senda al estatus legal permanente y la ciudadanía, sí ofrecerá seguridad a unos 7 millones o más de personas”.

Benjamin Johnson, el director ejecutivo de AILA, agregó que “ésta no es una ley perfecta, pero dará a las familias y a las empresas algo de estabilida­d y seguridad”. Los esfuerzos de las organizaci­ones proínmigra­ntes se enfocarán en el Senado, y en pedir que en el proyecto se incluya un camino a la ciudadanía.

“Continuare­mos luchando por la ciudadanía para los más de 11 millones de indocument­ados en este país y hacemos responsabl­es a los demócratas de las promesas que hicieron a la comunidad inmigrante”, insistió la organizaci­ón Raíces.

Raúl Ruiz, demócrata de California y presidente del Caucus Hispano del Congreso, urgió ayer al Senado a que “proteja los permisos de trabajo y otras proteccion­es” millones de extranjero­s se beneficiar­ían de las medidas.

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