Algunos estados todavía no gastan dinero de la pandemia
Los CDC han indicado que el plazo para invertir los recursos puede ampliarse más allá del 2023
Phil Galewitz, Lauren Weber y Sam Whitehead/KHN
La administración Biden anunció en marzo de 2021 que invertiría $2,250 millones para hacer frente a las disparidades de salud por covid, la mayor iniciativa de financiación federal diseñada específicamente para ayudar a las comunidades desatendidas más afectadas por el virus.
Dos meses después, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) concedieron subvenciones a los departamentos de salud estatales y a unas 60 agencias de salud de ciudades y condados. Debían destinar el dinero a controlar la propagación de covid entre personas de grupos raciales y étnicos minoritarios en mayor riesgo, y personas que viven en zonas rurales.
Un año después, cuando Covid-19 ya ha matado a un millón de personas y hospitalizado a millones más, los funcionarios de salud pública han gastado muy poco o nada del dinero, según un sondeo de KHN realizado entre una docena de organismos estatales y de condado.
Missouri no ha gastado nada de sus $35,6 millones. Wisconsin, Illinois y Idaho, que recibieron entre $27 millones y $31 millones cada uno, utilizaron menos del 5% de sus subvenciones.
Pennsylvania ha utilizado alrededor del 6% de sus casi $28 millones.
California ha gastado algo más del 10% de sus $32 millones de financiación.
Las agencias de salud pública ofrecen una variedad de razones para el retraso. Aseguran necesitar tiempo para contratar personal. Culpan al largo proceso presupuestario de su estado. Dicen que toma tiempo trabajar con organizaciones sin fines de lucro para establecer nuevos programas. Y que ya utilizan otros fondos federales para luchar contra covid.
La lentitud de los desembolsos pone de manifiesto el perjuicio que han sufrido los sistemas de salud pública por los años de abandono y el ciclo de altas y bajas en la financiación legislativa. “Son inversiones que desbordan un sistema que ha estado hambriento durante mucho tiempo”, dijo el doctor Usama Bilal, profesor de epidemiología y bioestadística en la Universidad Drexel de Philadelphia.
La doctora Kirsten Bibbins-Domingo, experta en equidad sanitaria y nueva redactora jefe de JAMA, añadió que es difícil que los sistemas de salud pública, que carecen de recursos y luchan contra una pandemia, establezcan vínculos con organizaciones locales sin fines de lucro tan rápidamente.
“La pandemia puso de manifiesto estas grandes disparidades sanitarias, pero también el hecho de que [los sistemas de salud pública] no tienen las estructuras necesarias para asociarse directamente con las comunidades”, señaló Bibbins-Domingo.
La financiación fue la respuesta al efecto desproporcionado de la pandemia entre las minorías. Las comunidades de afroamericanos, hispanos y nativos americanos experimentaron tasas más altas de infecciones y muertes por covid-19 en comparación con los blancos no hispanos, especialmente si se tienen en cuenta las diferencias de edad entre los grupos raciales y étnicos.
A pesar de la necesidad de abordar estas cuestiones, los funcionarios de salud de los condados afirman que han tenido problemas para gastar el dinero.
En California, el Departamento de Salud Pública del condado de Riverside ha gastado unos $700,000 de una subvención de $23 millones.
“La salud pública ha estado históricamente subfinanciada, y de repente contamos con más dinero del que nunca habíamos recibido”, indicó Wendy Hetherington, jefa del programa de salud pública de la agencia. “Es estupendo que hayamos conseguido esta financiación porque es necesaria, pero se nos hace complicado gastarla”.
Parte del problema fue que los funcionarios de salud del condado tuvieron que esperar seis meses para obtener la aprobación del gobierno local para gastar el dinero. Luego, explicó, se enfrentó a retrasos en la negociación de contratos con organizaciones sin fines de lucro locales para llevar a cabo el trabajo.
Stan Veuger, investigador en el conservador American Enterprise Institute, dijo que la lentitud en la distribución de los fondos, y la capacidad de los estados para gastar otros dólares federales en cuestiones de disparidad, demuestran que el Congreso envió demasiado dinero a los gobiernos estatales y locales en respuesta a la pandemia, un argumento esgrimido en el Capitolio por los republicanos mientras sopesan las peticiones de la administración Biden para obtener más fondos en la lucha contra el virus.
“Plantea dudas sobre el motivo por el que se creó este programa de subvenciones por separado”, añadió.
Según Veuger, los gobiernos estatales y locales recibieron unos $900,000 millones en ayuda contra covid, lo que terminó siendo más de lo que necesitaban.
Rachel Greszler, investigadora de la Heritage Foundation, que se opuso a que el Congreso financiara nuevas ayudas contra covid debido a los dólares que aún quedaban de iniciativas anteriores, apuntó que la lentitud del gasto también muestra cómo los estados necesitan tiempo para absorber la inyección de ingresos y desarrollar nuevos programas, especialmente cuando los gobiernos se enfrentan a la escasez de mano de obra.
Los CDC comunicaron que el dinero podría utilizarse para ayudar a mitigar los efectos de covid, mejorar la recopilación de datos de quienes se vieron afectados desproporcionadamente por el virus y desarrollar colaboraciones para “avanzar en la equidad sanitaria”. En un principio, los CDC dijeron que la subvención debía gastarse antes de mayo de 2023, pero a principios de este año comunicaron a los estados que podían solicitar una ampliación de ese plazo.
Las subvenciones están diseñadas para ayudar a prevenir la propagación del virus, mejorar la recopilación de datos, ampliar la infraestructura de los servicios de atención sanitaria relacionados y abordar los problemas sociales y económicos que impiden a muchas comunidades minoritarias recibir una atención adecuada durante la pandemia.
Los CDC trabajan con varias organizaciones en la implementación de la subvención, dijo la vocera Jade Fulce.