El crimen organizado no deja trabajar
Los delincuentes deciden quién y qué se comercia a la sombra de un estado débil y cómplice
El viernes del primer fin de semana de febrero pasado, hubo un anuncio en el municipio de Telolapan, Guerrero: no habría pan. La razón: grupos del crimen impidieron el paso a recolectores de leña si no les daban un dinero a cambio. Por esas fechas, decenas de pescadores de San Carlos, dejaron de sacar pescado por razones similares.
A la par, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reconoció amenazas contra productores mexicanos tras el anuncio de Estados Unidos de que no compraría aguacate a México, si no garantizaba la seguridad de sus inspectores amenazados para que dieran el visto bueno a productos de mala calidad.
En el sur del Estado de México, un restaurantero cuyo nombre se reserva por razones de seguridad, denunció que los grupos criminales lo obligan a comprarles cervezas, refrescos y los productos de la canasta básica con la aprobación de las autoridades que no quieren intervenir. Tenderos en Ixtapan de la Sal lo confirman: tienen que comprarles a fuerza a ellos los abarrotes para revender.
“En la actualidad el verdadero negocio del crimen organizado se basa en el control del territorio, apoyado en dos vertientes: la corrupción y la violencia”, advirtió Carlos Hernández de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
”Una vez que se tiene posesión del territorio, por medio del miedo-violencia y la corrupción, se puede generar un ambiente de impunidad que permite traficar lo que sea, vender lo que sea, blanquear lo que sea y por eso no creo que la legalización de sustancias ilícitas pueda producir un cambio inmediato.”
El proceso que sigue es sencillo: una actividad criminal genera ganancias económicas que es necesario integrarlas a la economía legal a través del sistema financiero al comprar empresas, bienes o generar servicios.
Productores
En los pueblos y ciudades más pequeñas del país, la muerte violenta de un productor tiene detrás una negativa a colaborar con las bandas del crimen organizado, algunas veces locales; otras, de los cárteles.
De acuerdo con un reporte generado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria de Senasica, los inspectores federales del campo son víctimas de amenazas e intimidaciones. No reconoce ninguna muerte, como sí se ha dado con inspectores de comercio.
Entre otros casos, destacó hace tres años la muerte de Adrián Lima, de 21 años y estudiante del Tecnológico de Cerro Azul, en Veracruz, asesinado a balazos.
Senasica reconoce sólo cinco casos en contra de sus inspectores. Todos en Tamaulipas y antes de 2012. El primer caso ocurrió en Reynosa. La víctima fue un especialista agropecuario que verificaba mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura y no permitió el ingreso de insectos vivos que pretendía traficar un presunto integrante de los Zetas.
En el segundo caso, ocurrido en la misma ciudad, el inspector tenía funciones de vigilancia de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura. Le tomaron fotografías y lo amenazaron en su casa. Sus superiores lo obligaron a dejar la ciudad para evitar su muerte.
Con la tercera víctima hubo un intento de secuestro para que el inspector liberara unas llamas que había decomisado el ejército. El cuarto y quinto casos, las amenazas ocurrieron por la detención de aves exóticas.
Activistas dicen que estas cifras son infinitamente superiores, pero el Estado no lo quiere reconocer y las víctimas no quieren denunciar.
De norte a sur
En los últimos meses, dos sacerdotes católicos han levantado la voz para denunciar el modus operandi de los grupos que tienen el control de la economía y del territorio de norte a sur.
En Baja California Sur fue el Obispo Miguel Ángel Alba. Dijo en un evento público que el narcotráfico tenía el control en la pesca y sacó del anonimato los rumores al respecto.
“Hoy las bandas ya no pretenden el control de droga, pretenden el control absoluto de nuestras comunidades, les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero”.
Previamente la prensa local había dado a conocer que una banda de la delincuencia organizada vinculados a un cabecilla local apodado “El Tiburón” mantienen secuestrado a Puerto San Carlos y a la comunidad privada de la pesca, aunado a la compra de insumos y el cobro de piso y extorsión.
A pescadores y sus familias, les piden porcentajes de venta o les compran el marisco a precios por debajo del mercado, especies como almeja generosa, camarón abulón, langosta y pepino de mar… y, si no se los quieren vender, los asesinan.
“Mi esposo prefirió salir del mercado, ni camarón que hay están dejando sacar, a uno de sus primos lo levantaron, no quería pagar piso y lo tablearon, apenas el fin de semana desapareció y lo encontraron todo golpeado. Hace meses encontraron a un guatero (pescador ilegal) muerto y dicen que se estaba metiendo al mar sin avisar a la maña”, dijo la prensa local.
En Guerrero, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel detalló que desde las elecciones de junio pasado que los grupos criminales que históricamente habían controlado la droga volvieron a tomar el control de los recursos naturales como la minería o la madera, las rutas para la distribución de cerveza y refrescos.
El poblador de Teloloapan que documentó la falta de leña para el pan dice que están obligando a todos los que producen o venderles y comprarles a los criminales. ¿vendes tortillas? “Sólo ellos pueden proveer el maíz”. ¿Sembraste maíz? “Sólo a ellos se los puedes vender...”