Se retrasa decisión sobre expansión de planta de gas de Greenpoint
Ha sido criticada por ecologistas ya que es contraria a los objetivos climáticos de Nueva York
El Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York ha vuelto a retrasar el plazo de la solicitud de permiso de National Grid relacionada con el controvertido proyecto energético de Greenpoint, en el norte de Brooklyn.
El plazo de la solicitud, cuya decisión estaba prevista para el 7 de mayo, se ha suspendido “a reserva de que National Grid inicie y resuelva un procedimiento público ante la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York [PSC] para evaluar si el proyecto propuesto es necesario, de forma evidente, por motivos de fiabilidad”, dijo un portavoz del DEC a City Limits.
Es la sexta vez que la agencia aplaza la decisión sobre el permiso, que permitiría a la empresa de servicios públicos ampliar una instalación que convierte gas natural que se ha enfriado de estado líquido a convertirse nuevamente en vapor. Al enfriar el gas natural a unos -260 grados Fahrenheit, se reduce su volumen en 600 veces y permite transportar el gas fácilmente desde un gasoducto y almacenarlo, según el Departamento de Energía de EEUU. Los vaporizadores vuelven a convertir el producto en gas para su uso en calefacción y alimentación en los hogares.
Las i nstalaciones de Greenpoint cuentan actualmente con seis vaporizadores. La solicitud de National Grid les permitiría añadir dos más.
La empresa afirma que los dos nuevos vaporizadores son necesarios para satisfacer las necesidades energéticas de la ciudad. Se prevé que la revisión de PSC tardará entre tres y cuatro meses, según un portavoz de National Grid.
“Una decisión sobre este proyecto es fundamental para asegurar que podemos servir a nuestros clientes actuales en los días más fríos del invierno, cuando más nos necesitan para la calefacción”, dijo el portavoz a City Limits.
Reducir emisión de gases
Pero los críticos argumentan que añadir una nueva infraestructura para apoyar el fracking de gas natural no está en consonancia con la agresiva legislación climática del estado, la Ley de Liderazgo Climático y Protección de la Comunidad (CLCPA por sus siglas en inglés), que requiere que el estado reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto a los niveles de 1990 para 2030, y en un 85% para 2050.
La solicitud del permiso se presentó en 2019, el mismo año en que National Grid comenzó la construcción del proyecto del gasoducto del Norte de Brooklyn, un gasoducto de siete millas que se extiende desde Brownsville hasta Williamsburg. Las protestas relacionadas con el gasoducto, que contaron con el apoyo del entonces alcalde Bill de Blasio y el ex contralor de la ciudad Scott Stringer, llegaron a un acuerdo entre National Grid y PSC para detener el proyecto antes de la finalización de su última fase, una expansión hacia Greenpoint, a la espera de una revisión independiente.
Los ecologistas —incluida la coalición no North Brooklyn Pipeline, que se ha opuesto a la expansión de National Grid en el condado— han exigido que el Estado intervenga para rechazar también la construcción de los vaporizadores.
“El gasoducto debería ser removido, no ampliado”, dijo el grupo en un comunicado. “En lugar de ello, el DEC ha dejado esta decisión en manos de la Comisión de Servicios Públicos, una agencia con un historial de permitir que National Grid pisotee los derechos de las comunidades de justicia ambiental y desprecie la ciencia del clima”.
En agosto, la Comisión de Servicios Públicos votó unánime por la aprobación de un aumento de tarifas asociado con el gasoducto, una decisión protestada por los legisladores, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.
Afecta a comunidades
Poco después, los residentes de Brooklyn presentaron una demanda federal de derechos civiles contra National Grid, alegando que el proyecto del gasoducto afecta de forma desproporcionada y negativa a las comunidades de color, que presentan tasas de asma superiores a la media, lo que puede estar relacionado con las infraestructuras altamente contaminantes —como autopistas, centrales eléctricas e instalaciones de transferencia de residuos— concentradas en sus barrios.
El Departamento de Servicios Públicos también fue nombrado en la demanda, que fue presentada por la Civil Rights and Disability Justice Clinic de la facultad de Derecho de la Universidad Nueva York y el National Center for Law and Economic Justice, por no realizar una evaluación adecuada de cómo el proyecto afectaría a los residentes negros y latinos en sus alrededores.
Al considerar el permiso relacionado con los vaporizadores, la Comisión de Servicios Públicos dijo que revisará las necesidades de fiabilidad y la evaluación que National Grid debe presentar y dará una amplia oportunidad para la revisión y los comentarios del público antes de tomar una decisión.
Esa decisión se producirá mientras los funcionarios estatales consideran los comentarios públicos recogidos en las audiencias en curso relacionadas con un proyecto de plan de alcance para aplicar la CLCPA y reducir la dependencia del estado del gas natural, entre otros objetivos de la ley del clima.
Algunos residentes cercanos a las instalaciones de Brooklyn y a lo largo del recorrido del gasoducto dicen que el retraso en la decisión y la continua dependencia del gas natural es una señal de que el Estado no los protege de contaminantes nocivos.
“Mi comunidad no podrá curarse ni descansar hasta que sepamos que National Grid dejará de esparcir su veneno para siempre”, dijo Elisha Fye, quien es la vicepresidenta de Cooper Park Houses, un complejo de viviendas públicas situado justo enfrente de la instalación de GNL de National Grid, en una declaración relacionada con la decisión del DEC.