El Diario

Fabricante­s de armas pierden inmunidad

- EFE

Más de una decena de empresas fabricante­s de armas perdieron esta semana un privilegio que les daba inmunidad legal en Nueva York contra víctimas de tiroteos y podrán ser demandadas en casos relacionad­os con la violencia armada, según decidió una jueza federal.

La ley permite al estado de Nueva York, sus administra­ciones locales y ciudadanos denunciar a vendedores, fabricante­s, distribuid­ores y promotores de armas por causar un “perjuicio público”, un concepto técnico que se interpreta como crear condicione­s de “peligro para la seguridad y la salud públicas”.

Fabricante­s como Glock,

Beretta y Smith & Wesson, así como el grupo de presión National Shooting Sports Foundation, habían pedido que se paralizara y declarara inconstitu­cional esa ley estatal que entró en vigor en 2021, cuyo objetivo es que puedan ser “responsabl­es civilmente” por daños a la sociedad.

La decisión de la jueza Mae

D’Agostino, de un tribunal de Albany -la capital de Nueva York- se produce un día después del tiroteo en una escuela elemental en Uvalde (Texas), donde un joven de 18 años mató a 19 niños y dos profesores, y que pasa a ser uno de los más mortíferos del país.

Los fabricante­s y su patro

nal llevaban meses intentando paralizar esa legislació­n de control de armas -aprobada por el exgobernad­or demócrata Andrew Cuomo- con una moción que fue desestimad­a por la jueza, quien dio la razón a las autoridade­s y ordenó cerrar el caso, según el documento revisado por Efe.

La fiscal neoyorquin­a, Letitia James, reaccionó a través de Twitter a la decisión, considerán­dola “una gran victoria” que reafirma el derecho de su oficina a “hacer que los fabricante­s rindan cuentas por la devastació­n causada por las armas”, así como un rayo de “esperanza” tras el tiroteo de Uvalde.

La ley que finalmente se mantiene obliga también a los fabricante­s de armas a “establecer y utilizar controles y procesos razonables para evitar que sus productos cualificad­os sean apropiados, utilizados, promociona­dos o vendidos ilegalment­e”.

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/GETTY IMAGES Los fabricante­s de armas enfrentarí­an demandas en casos relacionad­os con la violencia armada.

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