RECETA PARA EL DESASTRE
Nuestro país permanece estremecido por la masacre de alumnos y maestras en la escuela primaria de Uvalde, Texas. Los 21 muertos a manos de un adolescente con armamento de guerra vendido legalmente probó ser demasiado para que una fuerza policial y un estado pueda proteger a los niños.
La presencia del presidente Joe Biden y su esposa ayer en Uvalde es una pieza importante en el dolor colectivo. Es necesario para el espíritu nacional un líder con la empatía y la humanidad suficiente para estos momentos. Un mandatario capaz de compartir una oración con los padres de las víctimas y exigir más control con las armas de fuego.
Es un contraste con actitudes como la del senador Ted Cruz que después del lamento dice que la solución para evitar una repetición de la masacre es cerrar bien la puerta por la que entró el asesino. Está acorde a las decenas de excusas repetidas por políticos republicanos para eludir lo más básico: la facilidad de un joven de 18 años para comprar dos fusiles de asalto, más de 300 municiones y protección contra balas.
Texas reforzó las escuelas en 2018 después de otra matanza escolar. Se dieron 100 millones de dólares cada dos años para ese fin. Uvalde recibió 69,000 dólares en 2020. Más de dos tercios de los distritos usaron los fondos para cámaras, el 20% para entrenamiento policial ante un agresor armado y en casi 40% de los distritos para levantar barreras físicas.
Las propuestas son convertir la escuela en un fuerte donde hay una sola puerta de ingreso donde pasan los niños bajo la atenta vigilancia de guardias armados. No es suficiente que los menores estén obligados a practicar tácticas defensivas en caso de un ataque.
La cruel realidad de Uvalde es que la fuerza policial de esa ciudad no estaba preparada para lo ocurrido a pesar de los entrenamientos policiales. La reacción fue muy lenta. Se dice que hubo una confusión, pero cada vez es mayor la precaución de los uniformados para enfrentar sospechosos que están mejor armados y protegidos que ellos.
La policía de Uvalde y todas las medidas estatales fueron insuficientes ante un adolescente cliente de la armería local.
Las organizaciones policiales respaldaron la prohibición para vender armas de asalto en 1994, reconociendo el poder destructivo que pone seriamente en peligro a los oficiales. Esa ley que el Congreso dejó caducar en 2004, volvió al Senado el año pasado otra vez traída por la senadora Dianne Feinstein.
Urge quitar de circulación estas armas de guerra como se hizo una vez. Ahí comienza la protección para los niños en una escuela como la Uvalde y tantas otras ciudades pequeñas que en realidad están indefensas a pesar de los planes ridículos de fortificaciones como si no fueran vulnerables al error humano.