UN CAMBIO PASO A PASO
La semana pasada, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva “para promover una acción policial eficaz y responsable y fortalecer la seguridad pública”. Entrará en vigencia el 19 de julio.
La orden ejecutiva fue promulgada en el segundo aniversario del asesinato de George Floyd por un agente, al que le siguió la serie de manifestaciones más grande en la historia del país.
No es la reforma policial general, idea que tenía como base ejercer control civil sobre la potencial violación de derechos civiles de la población, y que fue parte de las promesas electorales de Biden.
Pero la “Ley George Floyd de Justicia Policial” que este propuso fracasó en el Congreso. Y cuando los legisladores no pueden llegar a un acuerdo el presidente tiene pocas vías para avanzar en sus metas, excepto la orden ejecutiva.
El mismo proceso de elaboración del documento fue problemático. Hace unas semanas se filtró el texto de un borrador, el que despertó la ira de las organizaciones policiales.
La Casa Blanca reinició el proceso, con la participación de estas organizaciones.
El resultado es un documento que intenta lograr un equilibrio entre la policía y los grupos de derechos civiles.
Constituye una acción significativa principalmente por las circunstancias, la coalición que se forjó en su apoyo y su importancia como inicio de cambios muchas veces postergados.
Contiene elementos iniciales que avanzan en la protección de la población.
Como la autoridad presidencial sobre los 18,000 departamentos de policía del país es limitada, la orden se centra más en las agencias federales, aunque se prevé que las locales implementen los cambios gradualmente.
Podría ser el inicio de un cambio de actitud en nuestros gobiernos respecto al uso de la violencia excesiva o letal. En ese sentido, la orden limita su uso y describe cuándo debe descartarse.
Contiene restricciones en estrangulamientos y anima a otros agentes a tomar medidas si ven que otro lo hace; estimula la investigación y acción judicial independientes para violaciones a los derechos civiles; enfatiza la priorización de técnicas de desescalada; establece el uso generalizado de cámaras corporales por los policías; crea una base de datos de todas las acciones disciplinarias de un agente, para cuando busque empleo en otra agencia policial, algo ya iniciado por la administración Trump.
Además, la orden busca restringir el flujo de equipos militares excedentes, aptos para un campo de batalla y no nuestras calles, a policías locales.
Se agrega a la restricción del uso de órdenes de arresto sin aviso por parte de agentes federales, anunciada en septiembre pasado.
Consideramos que dadas las circunstancias, la orden ejecutiva es un paso importante y positivo. Se necesitarán esfuerzos adicionales locales para que la policía mejore las relaciones con las personas a las que debe proteger y servir, especialmente con las comunidades afroamericana y latina.
Apoyamos este progreso gradual; la alternativa es la inacción, que no se puede aceptar en momentos en que nuestra sociedad se vuelve más y más violenta.