La batalla legal por DACA: próximo paso el 6 de julio
En julio de 2021 el juez federal Andrew Hanen atendió una solicitud de un grupo de estados republicanos liderados por Texas que demandaron el fin del programa al considerar que la Administración Obama violó la ley de procedimientos al establecer el programa. Este fallo ordenó al Gobierno que dejara de aprobar nuevas solicitudes, aunque sí permitió renovar los amparos existentes, al considerar que “DACA es ilegal porque la Administración Obama se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012”. La Administración de Joe Biden pidió en septiembre pasado al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), que se permitiera continuar aprobando nuevas solicitudes del amparo, mientras continúa la batalla legal. Esta posibilidad fue denegada. Desde que el juez falló en contra del programa, la Casa Blanca ha trabajado para arreglar las fallas expuestas. En septiembre pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una nueva propuesta para preservar DACA, en respuesta a las objeciones hechas por Hanen a la forma en que el programa fue establecido. Y esta será una de las armas en la apelación. El Gobierno Biden y el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que representa en este caso en defensa de los “soñadores”, se enfrentarán al fiscal general de Texas, Ken Paxton, que junto a sus homólogos de los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental presentaron la demanda en 2018.
Aunque la Corte Suprema ha tomado alguna decisión sobre DACA, el futuro de este programa sigue dependiendo de tribunales menores, como ocurre tras una demanda del estado de Texas.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito escucharán el próximo 6 de julio los argumentos de ambas partes, tanto de la Fiscalía texana, como del Departamento de Justicia, que defiende el programa que protege a los ‘soñadores’.
El expresidente Donald Trump rescindió en septiembre de 2017 el amparo que protegía a unos 690,000 inmigrantes, pero tuvo que ponerlo en marcha nuevamente tras una decisión de la Corte Suprema que consideró que fue ilegal la forma en que puso fin al alivio migratorio.
«Mientras hay 11 millones de puestos de trabajo esenciales para la recuperación del país, que no hay quien los ocupe, tenemos a miles de estudiantes con gran potencial que están en nuestras escuelas y no pueden acceder a ellos».
Guillermo Chacón, presidente de la Red de Salud Hispana de NY