Polos opuestos ante medida bipartidista para plebiscito sobre el estatus
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El pasado 19 de mayo, líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dejaron de lado sus diferencias ideológicas para presentar públicamente el borrador o anteproyecto de ley que dispone para la realización de un plebiscito en Puerto Rico avalado por el Congreso con las opciones no territoriales de independencia, estadidad y libre asociación.
El anuncio de la presentación de la “Ley de Estatus de Puerto Rico”, que revive el debate de décadas sobre una posible solución al problema colonial de Puerto Rico, territorio de EEUU por más de un siglo, fue celebrada como una muestra de compromiso con el pueblo puertorriqueño que trasciende el protagonismo político.
Tan es así que el 28 de abril, antes del anuncio oficial de la medida bipartidista, la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, compartió por Twitter un comunicado en unión con la comisionada residente, Jennifer González –republicana– en la que anticiparon que habían llegado a un acuerdo sobre la pieza de ley a pesar de sus abiertas diferencias político partidistas.
“Ambas reconocemos que el asunto del estatus es crucial para el futuro de Puerto Rico. Si bien hemos mantenido nuestras posturas separadas por muchos años, no hay duda de que este es un tema cercano a nuestros corazones. Por eso hemos decidido sentarnos a la mesa y negociar un camino hacia la descolonización de la isla. Después de múltiples reuniones productivas, hoy creemos que estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo”, destacaron las legisladoras.
En la conferencia de prensa para anunciar el llamado proyecto de consenso, Steny Hoyer, el segundo demócrata con mayor poder en la Cámara Baja, confirmó lo que anticiparon las congresistas, que ya es tiempo de anteponer voluntades para resolver el problema colonial más allá de líneas partidistas.
“La gente de Puerto Rico no quiere ser una colonia, y los Estados Unidos de América no quiere ser un poder colonial. Esta legislación busca atender este problema”, planteó Hoyer, al tiempo que catalogó la discusión como una cuestión de principios.
Borrador de consenso
El borrador de ley creado por el equipo de Hoyer, quien apoya la estadidad para Puerto Rico, concilia los dos proyectos que competían para ser aprobados tanto en Cámara como en Senado con el fin de atender el tema del estatus.
Uno era el H.R. 2070 o “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico”, presentado por Velázquez y la demócrata Alexandria-Ocasio-Cortez, también boricua de Nueva York; y el H.R. 1522 o “Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión”, de la autoría de González y el representante demócrata de Florida, Darren Soto.
El “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico” buscaba abordar la discusión por medio de una Asamblea Constitucional de Estatus, cuyos delegados serían elegidos por los votantes en la isla. Mientras que el otro proyecto apostaba a iniciar un proceso para admitir de inmediato a la isla del Caribe como estado 51 de la Unión.
Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1952, bajo la fórmula de Estado Libre
Asociado o ELA con el que se identifica el Partido Popular Demócrata (PPD), de mayoría junto al Partido Nuevo Progresista (PNP), que impulsa la estadidad.
Fue a través de la Ley 600 aprobada en el Congreso de EEUU que se le autorizó a Puerto Rico desarrollar su propia Constitución. No obstante, desde la referida fecha, la isla se mantiene bajo los poderes plenarios del Congreso federal en cuanto a la aplicación de leyes, etc.
Aunque sus habitantes son ciudadanos estadounidenses y pueden votar en las primarias de los partidos políticos en la isla, no pueden ejercer ese derecho en las elecciones generales para votar por el presidente, por ejemplo, a menos que estén residiendo en EEUU.
La isla tampoco recibe la misma cantidad de fondos federales en comparación con otros estados. Un ejemplo claro de lo anterior es la reciente decisión del Tribunal Supremo que le negó a unos 300,000 puertorriqueños el Seguro de Seguridad Suplementario (SSI), un programa de fondos para discapacitados que distribuye la Administración del Seguro Social (SSA).
El debate el año pasado sobre las dos legislaciones rivales no pasó de audiencias con simpatizantes de ambos proyectos ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, liderado por el demócrata de Arizona, Raúl Grijalva. Pero generó mayor atención en Washington D.C. sobre el tema.
Aunque el borrador ya existe, se requiere toda una cadena de procedimientos adicionales para que finalmente sea aprobado en el Congreso y, posteriormente, firmado por el presidente Joe Biden para que se convierta en ley.
Ya se anticipa que la legislación sea frenada en el Senado, de mayoría republicana. Pero antes de llegar a ese cuerpo, la medida debe ser redactada en su totalidad en la Cámara, debatida en comité antes de pasar al pleno para votación. También se vislumbra la realización de una audiencia pública en Washington D.C.
A esto se suma el comprimido calendario legislativo debido a las elecciones legislativas a mitad de mandato, lo que podría retrasar más la evaluación.
A pesar de lo anterior, Grijalva –quien estuvo tres días en Puerto Rico la semana pasada para reunirse con líderes políticos y encabezar un foro público para recoger el insumo de la ciudadanía sobre el proyecto– confió en que el mismo será aprobado en la Cámara este mes.
“Fue un proceso difícil, y ahora estamos de vuelta con la intención de escuchar, tomar recomendaciones, ver qué puede ser perfeccionado, clarificar y hacerlo mejor en una legislación, y luego mo
fórmula de libre asociación. “La propuesta final debe incluir lenguaje que aclare que Estados Unidos está dispuesto a reconocer el derecho a reclamar la ciudadanía norteamericana para los nacidos en Puerto Rico de ciudadanos norteamericanos”, planteó. En el encuentro, hubo un momento de tensión cuando el excandidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina, interrumpió las labores con un grupo de simpatizantes para reclamarle a Grijalva la supuesta inacción de su comité en cuanto al tema de las playas y otros recursos naturales en jaque por proyectos de desarrollo en las costas. “Me es insólito que Puerto Rico está viviendo una destrucción sin precedente, que nos roban nuestras playas, nuestros bosques y llegó el momento que si ellos representan los recursos naturales no se preocupan por eso, pues el pueblo lo va a hacer”, declaró Molina.