‘Ley Carlos’ impone multas millonarias a constructores que violen protocolos de seguridad
La histórica legislación que solo espera por ser firmada por la gobernadora Hochul, fue creada en honor a un inmigrante ecuatoriano que murió en 2015, en un accidente de construcción en Manhattan
Los propietarios de consorcios de construcción de Nueva York ahora deberán pensarlo varias veces para saltarse algún protocolo de seguridad para su masa laboral.
Ya en la agonía de las sesiones legislativas de este año, la Asamblea Estatal aprobó la denominada ‘Ley Carlos’ en honor a un trabajador ecuatoriano, de apenas 21 años, que en abril de 2015 perdió la vida de manera trágica, sepultado en un área de construcción que previamente había sido señalada como “de riesgo” en el Bajo Manhattan.
La legislación que ya pasó la prueba en ambas cámaras, solo espera por la firma de la gobernadora Kathy Hochul, e impone grandes multas y afina las sanciones penales a las corporaciones, que por violaciones a la seguridad, conduzcan la muerte o pongan en riesgo la vida de los trabajadores en proyectos de construcción en Nueva York.
Este proyecto legislativo, luego de siete años estancado en la legislatura, define que las acciones de negligencia de seguridad operacional, son considerados delitos graves de tercer, segundo y primer grado.
Precisamente, el lamentable y emblemático caso de Carlos Moncayo conmovió a la Gran Manzana, pues este inmigrante murió “enterrado” cuando las paredes de un pozo de excavación se derrumbó sobre él en un proyecto en Meatpacking District.
La empresa Harco Construction, fue declarada culpable de homicidio involuntario, en lo que se consideró un caso histórico de seguridad en la construcción. Pero la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional sólo multó a la empresa con $10,000, el máximo según la ley estatal.
Ahora con el avance de esta nueva legislación, las multas pesarán con mucho más fuerza contra los contratistas, pues se elevarán entre $500,000 e incluso podrían llegar a $1 millón, con base a la gravedad de las violaciones.
“Ahora la negligencia letal de los empleadores de la construcción será castigada. Solo esperamos la firma de la gobernadora Hochul para que se convierta finalmente en ley”, compartió en un comunicado en la red social twitter, la organización de defensa laboral New Inmigrants Community Empowerment (NICE), de la cual formaba parte Moncayo.
“Unos míseros $10,000”
Por su parte, la senadora colombo-estadounidense Jessica Ramos, representante del Distrito 14 de Queens, destacó que “hasta hoy” el valor de la vida de un obrero fallecido en su sitio de trabajo eran “unos míseros $10,000”.
“Me emocionó al saber que pudimos impulsar esta ley en honor a Carlos y de los trabajadores que hemos perdido, esperando que se cristalizara este anteproyecto”, subrayó la legisladora.
La norma pone la mano dura para que las corporaciones difícilmente puedan ignorar los protocolos de seguridad, pues una muerte o una lesión ya no podrá ser interpretada como un “costo mínimo”. No atender ciertas disposiciones costará mucho dinero y podría significar, de acuerdo al análisis de cada caso, sanciones penales a los responsables.
Ramos describió que la columna vertebral de la ‘Ley
de Carlos’ es rechazar la desigualdad: “Queremos que se respeten estas vidas y asegurarnos de que nadie sea tratado en el trabajo como si fuera desechable”.
Precisamente Queens, ha sido puesto en el mapa como el condado que es el hogar del mayor número de jornaleros de la ciudad, es decir trabajadores de la construcción no sindicalizados.
“Hemos sido muy afectados por contratistas, sin escrúpulos, que buscan reducir la seguridad para poder ahorrarse unos centavos en los últimos años. Incluso durante la pandemia. Ponen la codicia por encima de la seguridad de los seres humanos”, remató la senadora estatal.
El efecto Carlos
Pero la muerte de Carlos Moncayo ya tiene otro significados, para una industria con pocos casos de contratistas
penalmente castigados por negligencia en obras de construcción y una fuerza laboral conformada en su gran mayoría por indocumentados, no sindicalizados y latinos.
El joven de 22 años fue uno de 18 muertos por accidentes de construcción en el 2015. Diez de los fallecidos eran hispanos. Sólo uno pertenecía a un sindicato.
Como explica la publicación digital Documented, la situación en la cual este joven ecuatoriano perdió la vida, produjo “el primer caso en la historia moderna de Nueva York en la que un contratista fue declarado culpable penalmente por la muerte de uno de sus trabajadores”.
En efecto, Wilmer Cueva, capataz de Sky Materials Corporation, la subcontratista que contrató a Moncayo, fue condenado en diciembre de 2016 a un máximo de tres años de prisión por ignorar las advertencias de seguridad antes del fatal derrumbe de la excavación.
También Alfonso Prestia, un supervisor de Harco, fue sentenciado a servicio comunitario y libertad condicional.
La evidencia presentada en este proceso penal, por la
« Esto no traerá de vuelta a Carlos, ni a ninguno de los otros 263 trabajadores que han muerto en sitios de construcción, desde que presenté esta legislación por primera vez. Pero espero que las empresas lo piensen dos veces, al anteponer sus beneficios financieros, antes que a la vida». Francisco Moya, concejal
fiscal Diana Florence, mostró que Cueva no atendió las advertencias de un inspector del Departamento de Edificios (DOB) sobre el peligro de llevar adelante esa excavación. A pesar que era un área de más de 5 pies de profundidad, no estaba reforzada como lo indican los requisitos en el código de edificación de la ciudad de Nueva York.
Teniendo este antecedente, la nueva ley no solo aplica sanciones más elevadas a los contratistas, sino que hace modificaciones muy específicas a la Ley Penal vigente en Nueva York, en relación con los delitos que implican la muerte o las lesiones de un trabajador en sus sitios de trabajo.
La propuesta inicial de esta legislación la presentó el concejal Francisco Moya, cuando ocupaba una curul en la Asamblea Estatal en Albany.
“Aunque ahora estoy en el Concejo, estoy conmovido de ver que esta legislación finalmente ha sido aprobada. Esto no traerá de vuelta a Carlos, ni a ninguno de los otros 263 trabajadores que han muerto en sitios de construcción, desde que presenté esta legislación por primera vez. Pero espero que las empresas lo piensen dos veces, al anteponer sus beneficios financieros, antes que a la vida”, indicó Moya.
“Es un victoria...pero hay más que pelear”
La tragedia de Carlos inspiró además la creación de la Fuerza de Tareas contra el Fraude en la Construcción en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan.
Sin embargo, además de este caso, solo se ha logrado otra condena penal por la muerte de un trabajador de la construcción en Manhattan, desde la creación de este grupo de trabajo en 2015.
La naturaleza de la fuerza