¿Procederá el Gobierno contra políticos acusados de delitos?
Expertos analizan si la Fiscalía procesará a los diputados que votaron contra la Reforma Eléctrica
Pasadas las elecciones de 2022 y tras las demandas judiciales y acusaciones de un partido al otro, desde el gobierno y las instituciones, analistas políticos concluyen que en México no hay afán de justicia a la hora de ir contra un funcionario abusador, sino ganar poder, puestos públicos y territorio.
¿Procesará la Fiscalía General de la República a 223 diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica después de los comicios del pasado 6 de junio?
Nicolás Loza, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, considera improbable y más bien observa que se trata de una estrategia típica en los países con “sistemas judiciales débiles”, donde se puede dar un uso político a las instituciones de justicia.
“Se trata de una acción estrafalaria y sin sentido”, precisa.
Seis días antes de los comicios, el diputado Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, presentó una denuncia penal por el delito de “traición a la patria” en contra de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Fue un voto que los ha exhibido por completo como traidores a la patria. Es una traición, es pura hipocresía ahora hacerse las víctimas. Quieren anonimato e impunidad”, dijo el morenista al hacer pública la demanda que, según él, fue respaldada por un 1,700 ciudadanos que firmaron a favor de denunciar a los políticos de oposición ante la Fiscalía General de la República.
Un mes atrás, diputados de los partidos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en bloque en contra de la reforma eléctrica del presidente.
Loza advierte sobre el uso de la frase “traidores a la Patria” porque toca el botón sensible del nacionalismo en México. “Hay botones que López Obrador sabe tocar muy bien: los discursos a favor del ‘pueblo’ o en contra de los privilegiados o incluso el que está en contra de las instituciones aunque él sea parte de ellas”.
En ese sentido, los políticos quieren congraciarse con ese discurso. Los observadores creen que detrás de la demanda que encabezó Dante Delgado pudo estar un funcionario presidenciable cercano a éste: Marcelo Ebrard. El canciller, quien es uno de los presidenciables, pudo buscar una imagen de “radical” de la izquierda porque ahora se le ubica como moderado.
“Esa imagen no le ayudaría en estos tiempos de la sucesión”, dice Loza.
Todos los partidos
El uso político de las instituciones en México no es un asunto nuevo ni del partido de gobierno en turno. En 2006, el actual presidente fue blanco de persecuciones de la procuración de justicia al mando del entonces presidente Vicente Fox, quien lo acusó de construir un segundo piso en la Ciudad de México fuera de la ley.
En 2018, la Procuraduría General de la República, subordinada al mandatario Enrique Peña, acusó al candidato presidencial Ricardo
Anaya, de enriquecimiento ilícito.
En los estados del país, destacan también las persecuciones en contra de los gobernadores cuando hay alternancia. Rara vez ocurre que un funcionario del mismo partido investigue a su sucesor si son del mismo partido.
En los últimos meses, el PAN pidió un “basta” por la “persecución política” efectuada en Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, un estado que se encontraba en disputa electoral.
El PAN reprochó en un comunicado de prensa que el Gobierno de México, “en lugar de dar resultados a los mexicanos, manipula información para dedicarse a la persecución política contra quienes piensen diferente”.
Cabeza de Vaca, del PAN, empezó a ser investigado por el exfiscal Santiago Nieto, quien encontró que, tanto el mandatario como su familia, adquirieron 12 propiedades en México y en Estados Unidos, las cuales, presuntamente se compraron bajo triangulación de recursos con empresas fantasmas.
El PAN dijo que la revelación hecha por Nieto tiene mucho significado, pues es un llamado para que los mexicanos “defiendan la democracia” de las malas intenciones del gobierno de México.
Otra manera de hacer persecución política son las grabaciones clandestinas. A finales de mayo se dieron a conocer audios del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”. En una de ellas, reveló una conversación entre éste y Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Velasco, ahora parte de las alianzas de Morena, supuestamente comentó a su antiguo aliado que tuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, en la cual éste le pidió pasarle el recado a Alito de que si no “jalaba” (apoyaba la reforma eléctrica) lo iban a atacar con todo desde el Estado mexicano.
Previamente, Moreno fue protagonista de varios audios filtrados por su rival política y actual gobernadora de Campeche por Morena, Layda Sansores, en la cual el líder del PRI presuntamente dijo que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.
Cierto o no, en los hechos la mayoría de las acusaciones e investigaciones en contra de los políticos no proceden.
Loza observa que en el caso de los 223 legisladores demandados, la fiscalía tendría que pedir los juicios de procedencia contra el desafuero y es poco probable que acepte la denuncia porque no “tipifica” en el delito de traición a la Patria o sería muy complicado demostrarlo porque no fue un asunto de votación contra otro país.
El investigador el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Alberto Aziz, coincide en que el golpeteo “político ilegal” llegó a niveles altos y exhibió con mayor contundencia la creciente podredumbre de la clase política. “Son luchas por el poder que se saltan las reglas legales y de civilidad, como si todo estuviera permitido”.
Destacó que no hay propuestas inteligentes ni novedosas y los proyectos de los partidos políticos a se resumen a un “chapulineo de candidatos” que se acomodan como mejor les conviene.
“Hay dos características importantes: uno es la enorme volatilidad electoral que en seis años pueden generar un nuevo partido dominante y, el otro, el alto porcentaje de abstención en todos los comicios”, sostiene Aziz.
“Morena se ha llenado de políticos oportunistas de otros partidos que prefieren estar con el ganador. Este proceso de recomposición del sistema de partidos ha consolidado a un nuevo partido dominante, con rasgos de hegemonía y también de un hiperpresidencialismo”.
Como un nuevo PRI, remata.