Miles se beneficiarían con licencia de conducir en Massachusetts
Aunque el gobernador republicano de Massachusetts, Charlie Baker, se negó a firmar una ley que otorgará licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, legisladores destrabaron la medida y eso beneficiará a más de 250,000 personas.
Tras la negativa de Baker, dos tercios de los miembros de ambas cámaras estatales aprobaron desestimar la firma del gobernador y avalar la ley para que entre en vigor el 1 de julio del 2023.
Activistas, representantes y senadores de Massachusetts realizaron la firma simbólica de la Ley de Movilidad Laboral y Familiar.
La historia de esta ley suma más de 20 años, pero en 2019 unas 270 organizaciones comunitarias se unieron en una coalición liderada por el sindicato 32BJ de Empleados de Servicio y el Centro de Trabajadores de Brasil.
Ahora Massachusetts se une a otros 16 estados, Washington DC y Puerto Rico, que ya cuentan con legislaciones para el mismo fin.
El avance fue posible a los demócratas del Senado y la Cámara de Representantes del estado, quienes la semana pasada lograron sacar adelante la ley, tras anular el veto del gobernador Baker.
En la firma simbólica de ayer participaron el presidente de la Cámara, Ron Mariano; la presidenta del Senado, Karen Spilka; los representantes Christine Barber y Tricia
Farley-Bouvier; los senadores Brendan Crighton y Adam Gómez; y la vicepresidenta del sindicato 32BJ SEIU, Roxana Rivera, y la directora ejecutiva del Centro Brasileño de Trabajadores, Lenita Reason.
Una vez entre la ley en vigor, inmigrantes sin estatus legal podrán solicitar las licencias presentando dos documentos que acrediten su identidad.
La activista Laura Rótolo, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), asistente a la firma simbólica, explicó que a partir de julio de 2023 los inmigrantes podrán solicitar su licencia presentando dos documentos: Un pasaporte extranjero o matrícula consular vigente, y un certificado de nacimiento traducido, una licencia conducir vigente de otro estado de EEUU o de otro país, o un certificado de matrimonio o de divorcio expedido en Estados Unidos.
Solo faltan por definir los reglamentos en cuanto al entrenamiento de los funcionarios que van a gestionar las licencias y sobre la privacidad de esos documentos.
Con información de EFE