Comisionado de prisiones defiende progreso en cárcel de Rikers Island
La prisión de Rikers Island, complejo carcelario señalado por años de todo tipo de abusos y atropellos contra reclusos y ser foco de violencia extrema, parece estar yendo por un mejor camino este 2022, a pesar de que todavía dista mucho de resolver problemáticas que se han empeorado por la falta de acciones de gobiernos municipales anteriores.
Así lo defiende el actual comisionado del DOC (Departamento de Correccionales de la Ciudad de Nueva York), Louis Molina, luego de que el martes una jueza federal respaldara el plan de la Administración del Alcalde Adams para poner fin a la crisis del penal, evitando que autoridades federales tomen el control del penal.
El funcionario, quien lleva en el cargo apenas seis meses, desde que Eric Adams asumió la Alcaldía de la Gran Manzana, manifestó en diálogo con El Diario NY que la decisión de la corte federal no solo es un reconocimiento a que el plan de acción municipal va por buen camino, sino además da un compás de espera para que se pueda avanzar más y poder mostrar nuevos resultados en noviembre próximo, cuando habrá una nueva cita ante el tribunal.
“Creo que la decisión de la corte federal habla de que hemos podido trabajar en nuestro plan con el equipo del monitor federal, orientado en acciones sobre puntos específicos para llevarnos no solo por el camino de la estabilización (de Rikers) sino además empezar a ver las bases para una reforma sostenible”, dijo el Comisionado del DOC.
Molina agregó que en los menos de 180 días que tiene la nueva Administración, han logrado presentar resultados que respaldan las acciones que se están implementando al interior de Rikers Island. La reducción de ataques con arma blanca y apuñalamientos en 40%, según datos de mayo pasado comparados con el mismo período en el 2021, 30% menos en agresiones al personal y una mejora del 40% en la asistencia de los guardias carcelarios a sus labores, fueron enseñados como puntos positivos.
“El plan indica que hemos podido hacer mucho en los últimos seis meses, y eso se le mostró a la Corte y al monitor federal”, dijo Molina, advirtiendo que en poco tiempo han logrado cambios considerables que no fueron ignorados por el tribunal. “Yo como comisionado, al igual que el Alcalde, ambos somos nuevos, y queríamos una oportunidad para mostrar que estamos comprometidos en usar todo el poder de nuestras oficinas para promover reformas sostenibles para el Departamento de Correccionales”.
Entiende las críticas
A pesar de la defensa de los progresos logrados en Rikers bajo su mandato en el Departamento de Correccionales, Molina reconoció que entiende las críticas que siguen proviniendo de diferentes sectores, quienes incluso llaman al penal “la isla del horror”, debido a la violación de derechos humanos y actos de violencia que han marcado la historia de la penitenciaría.
“Entiendo la perspectiva de la gente, porque por seis años al menos, o diez años, el Departamento de Correccionales no ha hecho buen manejo sobre asuntos que han surgido”, dijo el funcionario, quien advirtió que los cambios que se están promoviendo actualmente se debieron haber implementado hace varios años. “Ahora es nuestra oportunidad de hacerlo, y se lo hemos mostrado a la corte… nos estamos moviendo en la dirección correcta estabilizando al Departamento (…) evolucionando para asegurarnos de que se cierre en el 2027 sin exportar las prácticas de malos manejos que por años se usaron”.
Molina insistió una vez más que en octubre, cuando deberán elaborar un reporte del avance de su plan, de cara a la cita que tendrán en la corte en noviembre, avanzarán en más áreas.
“Tenemos que seguir trabajando duro, implementando el plan de acción y así poder mostrar en la corte con el apoyo de métricas y mediciones cuáles han sido nuestras mejoras, cuál ha sido nuestra reforma sostenible y las mejoras en operaciones”, dijo el
Una jueza federal respaldó el plan de la Administración Adams para resolver los problemas de esa cárcel y no quitó a la Ciudad el control del penal, reconociendo las mejoras que el funcionario sostiene