LA INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO
El allanamiento de la vivienda del expresidente Donald Trump por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) es un acto sin precedentes en la historia del país. La secretaría de Defensa debe haber estado convencida de que el magnate cometió crímenes graves, al igual que el juez federal que autorizó la acción.
Hasta este momento no se sabe fehacientemente en qué contexto se efectuó el “raid”, aunque trascendió que el expresidente se llevó consigo de la Casa Blanca documentos ultrasecretos y no los ha devuelto.
Pero son varias las investigaciones que se están llevando a cabo simultáneamente contra Trump. La del Comité que estudia el ataque al Congreso en enero de 2021; la del departamento de Justicia por lo mismo; otra en Georgia por su intento de subvertir el deseo de los votantes; una en Nueva York por presunto engaño al fisco y esta, que llevó al allanamiento.
Como se recordará, durante la campaña presidencial de 2016, Donald Trump y sus acólitos humillaron a la candidata demócrata Hillary
Clinton por haber utilizado su computadora personal en casa mientras trabajaba con documentos clasificados.
Los ataques derivaron en cánticos de “Lock her up!” por los seguidores del hoy expresidente.
Pero ahora vemos que la falta cometida por Clinton fue una nimiedad comparada con lo que Trump ha estado supuestamente haciendo desde que dejó el poder, al retener documentos secretos tan clasificados que ni siquiera se pueden describir en lugar de entregarlos como dispone la ley a los Archivos de la Nación.
Confiamos entonces en que las sospechas contra Trump fueron lo suficientemente graves para tomar la decisión. De lo contrario, y si la investigación no prospera, le estarían dando más munición a Trump para volver a la Casa Blanca en 2024.
Nadie está por encima de la ley, un dicho clásico que hasta ahora exceptuaba a Donald Trump.
Críticos y aliados del expresidente deberían dejar que la investigación siga su curso hasta sus últimas consecuencias y que sus conclusiones lo exoneren o no.
En lugar de ello, la reacción republicana ha sido explosiva y agresiva, y está solo en sus comienzos. Incluye una amenaza dudosamente legal del líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, al secretario de Justicia Merrick Garland. Los republicanos compiten por quien es más extremista en su protesta. En plena ofensiva, claman ser víctimas de una persecución.
En plena coordinación con Trump, exigen explicaciones cuando saben, o deberían saber, que si no se han publicado es porque hacerlo podría comprometer la investigación, que es lo que precisamente quieren.
Todo eso sin que sepan en realidad de qué se trata, y con un ojo apuntando a las elecciones de noviembre.
Esta actitud solo llevará a más polarización y más confrontaciones.
Al mismo tiempo, el FBI y el Fiscal General Merrick Garland deberán a la brevedad ser lo más transparentes posible sobre lo que justificó la búsqueda y lo que posteriormente descubrió el allanamiento.•