Urgen cumplir promesa de ayuda para inquilinos de bajos ingresos
Defensores y proveedores dicen que la emblemática ley de derecho a un abogado de la ciudad se ha visto socavada en los últimos meses, ya que los tribunales programan los casos de desalojo más rápido de lo que hay abogados disponibles para llevarlos
Annie Iezzi y Frank Festa/ City Limits
Lo último que la mayoría de los neoyorquinos quiere es pasar un viernes por la noche asistiendo a una audiencia pública vía Zoom. Pero recientemente, más de 150 inquilinos, defensores, abogados, propietarios y funcionarios electos sintonizaron la audiencia sobre “Acceso universal a un abogado” organizada por la Oficina de Justicia Civil (OCJ).
En enero, City Limits informó que la OCJ no celebró una audiencia pública en 2022, a pesar de que la legislación que estableció el programa, también conocido como Derecho a un abogado (RTC), exige que se celebre al menos una audiencia al año. El lapso fue especialmente atroz en un momento en que la cantidad de inquilinos que se dirigían a la corte de vivienda con la ayuda de un abogado se redujo drásticamente; el resultado, dicen los defensores, de un sistema judicial que programa los casos de desalojo más rápido de lo que hay abogados de vivienda disponibles para tomarlos.
La audiencia del viernes 24 de febrero por la noche se sintió como un desaire similar para algunos.
“A pesar de que la audiencia fue diseñada para desalentar la participación, RTC es demasiado importante”, escribió la Right to Counsel NYC Coalition en su aviso de prensa para el evento. La Coalición, que presionó para que el derecho a un abogado se convierta en ley, organizó una transmisión en persona de la audiencia en sus oficinas en SOHO, donde los miembros ofrecieron testimonio grupal a través de Zoom.
La ley de derecho a un abogado de la ciudad de Nueva York fue la primera del país en garantizar la representación en el tribunal de vivienda a los inquilinos con mayor riesgo de desalojo: aquellos dentro del 200% de la línea federal de pobreza. Antes de que la ley entrara en vigencia en 2017, solo el 1% de los inquilinos que enfrentaban el desalojo en la ciudad de Nueva York tenían un abogado, algo que, según los expertos, aumenta en gran medida las posibilidades de que alguien permanezca en su hogar, según estimaciones del Centro
Furman de la NYU.
Cifras más recientes citadas por NYC Eviction Crisis Monitor –una herramienta de seguimiento en línea creada por los grupos de defensa de la vivienda Association for Neighborhood Housing and Development (ANHD) y otros miembros de Housing Data Coalition–, muestran que la cantidad de inquilinos de la ciudad que enfrentaron desalojos en corte en enero de 2022 con representación de un abogado subió al 66%, independientemente de los ingresos.
Pero la cantidad de inquilinos representados ha disminuido desde que se levantó la moratoria estatal de desalojo por COVID a principios del año pasado, cayendo hasta un 27% para los inquilinos que fueron llevados a los tribunales en noviembre de 2022, muestra la herramienta Monitor. La tasa actual de representación para todos los casos presentados desde que finalizó la moratoria de desalojo del estado el 15 de enero de 2022 es del 47%, según Lucy Block, asociada principal de investigación y datos de ANHD. Ella estima que la mayoría de esos inquilinos, el 82%, calificarían para un abogado a través de Right to Counsel.
“Cuando la ley se aprobó por primera vez, funcionó”, testificó Ruth Riddick, una inquilina de Flatbush y miembro de la Coalición por el Derecho a los Abogados. “Sin embargo, ahora, el juez [Anthony] Cannataro no está ordenando a los tribunales que retrasen los casos. Muchos inquilinos ya se sienten intimidados solo por estar en la corte y, a menudo, no conocen sus derechos legales”.
En un comunicado, la Oficina de Administración de
Tribunales (OCA) dijo que ya se ha esforzado por ajustar sus horarios para acomodar los casos de RTC. “El Tribunal de Vivienda de la Ciudad de Nueva York ha ajustado durante mucho tiempo sus calendarios para brindarles a los inquilinos oportunidades de reunirse con proveedores de servicios legales y [suspendió] los casos para que los proveedores de servicios legales evalúen los casos”, escribió Lucian Chalfen, director de información pública del OCA.
En su Discurso sobre el estado de nuestro poder judicial de 2023, el juez principal interino Cannataro dijo que los tribunales de Nueva York “están esforzándose concienzudamente por maximizar la eficiencia y cambiar los recursos para… mantener nuestros expedientes en movimiento rápidamente”. Agregó que “muchos tribunales en todo el estado han tomado medidas para facilitar un mayor acceso a recursos de autoayuda y representación legal en disputas de vivienda”.
La ciudad ha cuestionado los números contados por la herramienta Crisis Monitor, diciendo que utiliza datos estatales de desalojo que no diferencian los casos que están inactivos, resueltos fuera de la corte o donde los inquilinos reciben un breve asesoramiento legal en lugar de una representación completa en la corte. En un comunicado, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de la ciudad, que supervisa la OCJ, también defendió la programación de la audiencia del viernes.
“Como es estándar con las audiencias públicas de esta naturaleza y/o la Junta Comunitaria y cualquier reunión comunitaria de este tipo en la ciudad de Nueva York que se programen después del horario comercial para tener en cuenta la disponibilidad de los miembros/defensores/ partes interesadas de la comunidad, la audiencia remo
ta se programó en un tiempo que alentaría la participación más amplia posible”, escribió un portavoz.
Calendario y contratos
“La coalición NYC Right to Counsel ha estado pidiendo a los tribunales que reduzcan el ritmo de los nuevos casos de desalojo para que los proveedores de servicios legales tengan tiempo de brindar una representación significativa”, testificó Addrana Montgomery, abogada del equipo de Derechos de Vivienda de TakeRoot Justice.
Según Montgomery, en el día de admisión más reciente que TakeRoot Justice atendió en Queens, se programaron más de 100 casos nuevos para los ocho abogados de vivienda de esa organización. A menudo, los abogados pueden pasar solo unos minutos con cada nuevo cliente. “La calidad de la representación que cada uno de mis clientes merece no es compatible con la demanda de velocidad de la corte”, dijo la abogada.
TakeRoot tiene un contrato con la ciudad para brindar apoyo legal a grupos de inquilinos que luchan contra el acoso y no presentó una oferta en un contrato de derecho a un abogado, pero de todos modos está brindando servicios de RTC. Según Keriann Pauls, codirectora del equipo de administración de recursos de TakeRoot, la ciudad cambió los términos de su contrato de servicios legales más reciente con respecto a años anteriores. En lugar de una opción para aceptar casos referidos de derecho a un abogado, dice que TakeRoot ahora está obligado a hacerlo, o corre el riesgo de perder más de $ 1.5 millones en fondos.
Eso significa menos recursos para que la organización sin fines de lucro realice otros tipos de trabajo de defensa de los inquilinos, dijo Pauls.
“¿Pero qué hacemos?” ella preguntó. “Abandonar el contrato de la Ciudad cuando actualmente no hay nadie más que cubra estos fondos significa que organizaciones como la nuestra no pueden servir a nuestras comunidades de una manera que se ajuste a nuestra misión y modelo. Así que te sientes estancado”.
«El Tribunal de Vivienda de la Ciudad de Nueva York ha ajustado durante mucho tiempo sus calendarios para brindarles a los inquilinos oportunidades de reunirse con proveedores de servicios legales y [suspendió] los casos para que los proveedores de servicios legales evalúen los casos». Lucian Chalfen, director de información pública de la Office of Court Administration (OCA)
La Oficina de Justicia Civil, en respuesta a un FOIL (solicitud basada en la Ley de Libertad de Información) presentada por City Limits, proporcionó 30 de sus contratos actuales de Derecho a Asesoramiento, incluido un desglose del dinero pagado a cada organización, con la mayor parte de los fondos asignados a servicios de personal, incluido el pago de abogados, asistentes legales y trabajadores sociales.
Los contratos están estructurados para pagar a los proveedores de servicios legales por “unidades de servicio”. La representación legal en la corte cuenta como una unidad, y el “asesoramiento legal breve” se cuenta como un tercio de una unidad. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos para Asuntos Interculturales en El Bronx tiene un contrato de $13 millones que requiere que proporcione 5,362 unidades de servicio este año fiscal, mientras que una organización más pequeña, CAMBA Staten Island Extension, está obligada a proporcionar 406 unidades como parte de su Contrato de $982,229.
En una respuesta por correo electrónico a City Limits, un portavoz del Departamento de Servicios Sociales (DSS) dijo que la ciudad ha “aumentado significativamente las inversiones en servicios legales para inquilinos” de $166 millones en el año fiscal 2021 a más de $200 millones en el año fiscal 2022.
La OCA había citado anteriormente, “la incapacidad de los proveedores de Derecho a Asesoramiento para implementar calendarios de admisión” como “la verdadera razón” por la que los inquilinos elegibles no están recibiendo representación. Pero todos los proveedores de Right to Counsel recibieron una calificación de “bueno” o “excelente” en cada revisión de desempeño anual de OCJ de 2017 a 2021, con una excepción en 2017. City Limits está esperando una respuesta para las revisiones de desempeño de 2022.
No hay suficientes abogados
Además de la velocidad de los casos judiciales, las partes interesadas dicen que tampoco hay suficientes abogados que hagan el trabajo de RTC pro bono para satisfacer la demanda.
“Los proveedores quieren ayudar a todas las personas con las que hemos hablado”, dijo Austen Refuerzo, abogado supervisor del Servicio de Defensores del Vecindario de Harlem. “Los números simplemente no funcionan sin más abogados”.
La tasa de deserción de abogados de vivienda en el año fiscal 2022 fue del 37% entre los proveedores de servicios legales que participan en Right to Counsel, según Kristie Ortiz-Lam, directora del Programa de Preservación de Vivienda Asequible en Brooklyn Legal Services Corp A, que perdió a 10 abogados del personal en 2022.
“Actualmente hay 65 vacantes entre proveedores y la cantidad de vacantes aumenta cada día”, testificó Ortiz-Lam. Los datos recopilados de 14 de los principales pro
veedores de servicios legales de Right to Counsel muestran que solo hay 489 abogados de vivienda disponibles para representar a los inquilinos que son elegibles, agregó.
“Nos enfrentamos al desalojo y no hay ningún abogado a la vista para ayudar”, testificó un inquilino en la audiencia pública. “Nadie en la sala del tribunal explica que tenemos derecho a servicios legales gratuitos, ni nos indica dónde podemos obtener esos servicios. Estamos solos, sin abogado, sin asistencia, y la discusión en la sala del mediador generalmente favorece al propietario”.
Los funcionarios confirmaron que la ciudad está trabajando para sumar nuevos proveedores a su lista de contratados.
“Estamos en el proceso de emitir una nueva solicitud de propuestas (RFP) en los próximos meses, invitando a los proveedores de servicios legales existentes y nuevos a asociarse con nosotros en la implementación continua y efectiva de RTC en toda la ciudad”, escribió un portavoz del DSS en respuesta a City Limits.
La ciudad también emitió una Solicitud de Expresión de Interés “para identificar proveedores de servicios legales adicionales para complementar la capacidad del programa existente”, agregó el vocero. “Como parte de este esfuerzo, ya estamos en el proceso de adquirir un proveedor de servicios legales adicional”.
La creciente carga sobre los abogados del derecho a la asesoría refleja problemas más amplios en el panorama de los servicios legales. Recientemente, más de 150 abogados del proveedor de RTC NYLAG se declararon en huelga, citando problemas en toda la organización con el número de casos, la atención médica y los salarios.
“La gente se está yendo y luego [como resultado] el conocimiento institucional se está yendo de la organización”, dijo Simone Meyer, abogada sénior de NYLAG y copresidenta de comunicaciones externas del sindicato que lidera la huelga, ABN. “Debido a que no hay suficientes fondos, entonces no se puede contratar a más personas o
se obtienen nuevos abogados jóvenes. En muchos sentidos, eso significa que tienes que empezar desde cero”.
En un comunicado, un portavoz de NYLAG dijo que la organización reconoce las preocupaciones de sus trabajadores, pero que tiene una capacidad limitada para abordarlas.
“Al igual que muchas organizaciones de servicios legales sin fines de lucro en la ciudad de Nueva York, la gran mayoría de los fondos de NYLAG provienen de contratos gubernamentales. Como tal, NYLAG está limitado en el grado en que podemos aumentar la compensación de los empleados con contratos que no cubren los costos crecientes, al tiempo que garantizan la salud fiscal a largo plazo de nuestra organización”, dijo un representante del proveedor.
“NYLAG se compromete a impulsar el cambio para abordar las causas fundamentales sistémicas de nuestras limitaciones de financiamiento al abogar por contratos que nos permitan aumentar los salarios, los beneficios y el apoyo para el personal”.
37% Fue la tasa de deserción de abogados de vivienda en el año fiscal 2022, entre los proveedores de servicios legales que participan en Right to Counsel
Asistencia a los pequeños propietarios
Los pequeños propietarios también sienten que el derecho a un abogado no cuenta con fondos suficientes, argumentando que la ley privilegia tanto a los grandes propietarios como a los inquilinos sobre las familias que poseen propiedades en la ciudad de Nueva York. Esos pequeños propietarios también deberían tener derecho a representación gratuita en los tribunales de vivienda, dijo Ann Korchak, presidenta de la junta de Small Property Owners of New York.
“Diría que el derecho a la asesoría debería aplicarse tanto para el inquilino como para el propietario del edificio”, indicó, agregando que los propietarios de pequeñas propiedades a menudo carecen de los fondos y los recursos para navegar los casos judiciales por su cuenta en comparación con los propietarios corporativos más grandes.
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