El Diario

Piden mano dura contra hurtos y ataques en supermerca­dos

Una nueva alianza llamada ‘Acción colectiva para proteger nuestras tiendas’ (CAPS) exige además que “rateros en serie” sean realmente castigados

- Fernando Martínez fernando.martinez@eldiariony.com

Cinco mil dueños de supermerca­dos independie­ntes y otros comerciant­es minoristas, como los bodegueros de la ciudad de Nueva York, conformaro­n una alianza para empujar tres legislacio­nes estatales que abrirían rendijas contra la ola ascendente ola de robos.

Esta tendencia ha empeorado en 2023, con saldo de millones en pérdidas, pero también insultos y ataques violentos a su fuerza laboral.

Estos comerciant­es coinciden en que tienen como “telón de fondo” y “cortina de hierro” la reforma de Ley de Fianzas de 2019 a la cual atribuyen “sin dudas” y con estadístic­as en la mano, el alza de los hurtos y asaltos: 45% crecieron las denuncias formales el último año, aunque aseguran que en la mayoría de la incidencia­s, ni siquiera se molestan en llamar a la policía.

Ayer, portavoces de la nueva alianza Acción Colectiva para Proteger Nuestras Tiendas (CAPS) se unieron a asambleíst­as estatales, en la sede del capitolio en Albany, para exigir que en el sistema penal de Nueva York, se convierta en un delito grave clase “D” atacar o insultar a los trabajador­es de tiendas minoristas.

El anteproyec­to de ley, presentado por la senadora estatal de Staten Island, Jessica Scarcella-Spanton y el asambleíst­a Manny De Los Santos de Inwood, colocaría a los trabajador­es minoristas en la misma “categoría protegida” que los policías, bomberos, paramédico­s y otros trabajador­es de primera línea.

Todos los trabajador­es de la Autoridad Metropolit­ana de Transporte (MTA), incluidos los limpiadore­s y los asistentes de cabina, se agregaron el año pasado a esta categoría.

“Nuestros trabajador­es sufren de un gran estrés. Más que ir a un sitio a ganarse la vida, viven al borde de ataques, insultos y el riesgo de ser acuchillad­os o baleados. Necesitamo­s proteccion­es”, advirtiero­n potavoces de CAPS.

Esta misma propuesta, también permitiría a los jueces fijar una fianza para los perpetrado­res de hechos violentos o insultos en estas tiendas, lo cual es interpreta­do como un “atajo” para proteger a esta fuerza laboral. Actualment­e la agresión en segundo grado se encuentra entre los delitos que no cubre la controvert­ida ley de reforma de fianzas.

Sin embargo, Scarcella-Spanton aclara que el proyecto de ley no está destinado a servir como un “retroceso” de la reforma de la fianza.

Contra los ladrones “en serie”

La nueva alianza CAPS, está integrada por la Asociación Nacional de Supermerca­dos, la Asociación de Bodegas y Pequeñas Empresas de NYC y la Asociación de Supermerca­dos Metro.

“La mayoría de nuestras denuncias de robos en bodegas y supermerca­dos que en su mayoría son negocios familiares, no terminan en nada, porque los ladrones saben que sus actos no tienen consecuenc­ia. Y por eso regresan descaradam­ente a robar. Nuestros empleados son agredidos y los productos que nos quitan terminan siendo vendidos en las calles.

No siempre estas personas roban por hambre”, dijeron portavoces de CAPS.

Esta agrupación de comerciant­es tiene la esperanza que en el presupuest­o fiscal 2024, también se incluya un proyecto de ley que elevaría el delito de hurto menor a un delito grave, si el perpetrado­r lo comete dentro de los dos años posteriore­s a una condena anterior. Dicha propuesta fue presentada por el sena

dor estatal Kevin Thomas de Long Island y el asambleíst­a Jeffrey Dinowitz de El Bronx.

“Se trata de perseguir a los ladrones habituales, los profesiona­les si se quiere, las personas que hacen esto con frecuencia. Entonces, si lo condenan por segunda vez dentro de dos años, enfrentará una sanción más significat­iva que un simple hurto menor”, explicó Dinowitz. .

El legislador explica que esta norma convertirí­a una segunda condena automática­mente en un hurto mayor de cuarto grado, que es un delito grave, para los “habituales” no sientan que pueden seguir reincidien­do sin castigo.

Una disposició­n similar ya se aplica a la conducción en estado de ebriedad, y los infractore­s por segunda vez enfrentan cargos por delitos graves, si los atrapan borrachos al volante dentro de los 10 años posteriore­s a su primera condena.

“Tenemos que pasar estas leyes lo antes posible, para proteger a nuestros comerciant­es, los trabajador­es y los compradore­s. Todos los días recibimos noticias de agresiones y robos. ¿Qué son nuestros vecindario­s sin estas tiendas?”, se preguntó el Dinowitz.

¡Controlen la venta de productos robados!

La nueva coalición también está solicitand­o que se castigue con todo el peso de la ley fomentar la venta de bienes robados, y se tipifique como

un hurto mayor y un delito grave, a través del anteproyec­to legislativ­o codificado como S-1644 propuesto por el legislador Brad Hoylmann.

“Es insólito que mercancía robada que ha sido saqueada de nuestras tiendas, las vendan incluso en mesas puestas en las calles.Todo esto forma parte de las consecuenc­ias de las nuevas leyes que convirtier­on el hecho de robar en un delito sin importanci­a”, dijo Manuel Cabrizzo, un comerciant­e de Brooklyn quien relata que los “jovencitos entran, roban en su cara y lo retan a que llamen a la policía”.

En un comunicado CAPS puso sobre la mesa algunos números, derivados de estadístic­as policiales: En 2022, 327 delincuent­es representa­ron el 30% de los 22,000 arrestos por robo en tiendas minoristas de la ciudad de Nueva York. Los reincident­es fueron arrestados casi 6,600 veces, con un promedio de 20 veces cada uno.

Como resultado de esta dinámica, los hurtos en las tiendas no se denuncian en gran medida y los comerciant­es se ponen en peligro para resolver los altercados.

Además, han tenido que reducir horarios, invertir miles de dólares en vigilancia y asumir las pérdidas de robos que “ya son normales”. En este escenario también se destaca que refrigerad­ores de cervezas y helados, al igual que detergente­s y shampoo, han tenido que ser protegidos con candados y acrílicos ante la “alta demanda” que tienen entre los rateros.

Más vigilancia, más ataques

En un supermerca­do de una conocida cadena en el centro de Manhattan, una empleada comentó a El Diario que durante este invierno tuvieron que poner más vigilancia en las neveras de carne y pollo porque como “nunca antes”, las cámaras estaban detectando a personas que se metían libras de carne y pollo en sus abrigos.

“Cuando reclamas te quieren matar. Gritan como si tuvieran todo el derecho a robar”, comentó la joven que trabaja empacando.

Apenas la semana pasada en un supermerca­do de la cadena Foodtown de la Avenida Allerton de El Bronx un hombre atacó salvajemen­te a un empleado que aparenteme­nte trataba de evitar que robaran mercancía.

De acuerdo con el reporte de NYPD, el trabajador recibió múltiples puñetazos en la cara. Los investigad­ores dicen que el sospechoso, que llevaba una máscara, huyó corriendo.

Este ataque se produjo unas horas posteriore­s en que los propietari­os de bodegas realizaron una manifestac­ión en El Bronx, para pedir a los legislador­es estatales, que tomaran medidas para abordar los delitos violentos.

Por su parte, en una entre

Los comerciant­es agrupados en esta nueva alianza, en paralelo, han enviado cartas a las autoridade­s de la Ciudad de Nueva York para que organicen unidades dedicadas para el robo minorista en el Departamen­to de la Policía de la Ciudad Nueva York (NYPD).

En este sentido, piden a los fiscales que utilicen “daño sobre daño” para solicitar la fianza para los reincident­es de robo y a los jueces que utilicen esta herramient­a para fijar el monto.

Asimismo, exigen una campaña oficial de anuncios de servicio público contra el hurto en tiendas y responsabi­lizar a todos los niveles del sistema de justicia penal, para que hagan su parte para abordar este problema.

Ley de fianzas en un “punto de honor”

La semana pasada 18 asambleíst­as demócratas en una conferenci­a virtual dejaron

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/EL DIARIO En el último año el reporte de robo de mercancía en tiendas minoristas aumentó en un 45%. También las agresiones a sus empleados.
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/CORTESÍA CAPS Miembros de CAPS tomaron ayer la sede del capitolio estatal para exigir la aprobación de un paquete de tres leyes dirigidas a su seguridad.

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