Un programa permite a ‘dreamers’ cursar los estudios terciarios
EDUCACIÓN Universidades en Delaware y Connecticut los admiten con un sistema de becas privadas
Ivonne Bárcenas pasó su infancia en la ciudad donde se encuentra la Universidad de Georgia y soñaba con estudiar allí, hasta que descubrió que los inmigrantes sin residencia legal permanente no pueden asistir a las principales universidades públicas del estado.
Pero Bárcenas, cuya familia vino a Estados Unidos desde México cuando ella tenía tres años, podrá cursar estudios en una universidad pública de Connecticut, un estado con políticas educativas mucho más tolerantes hacia los inmigrantes sin permiso de residencia. Asistirá a la Eastern Connecticut State University gracias a un programa de becas pensado para gente como ella, de los 16 estados donde no pueden ir a las mejores universidades estatales o no pueden pagar matrículas de residente, que son más bajas.
Bárcenas, de 18 años, se graduó con honores el mes pasado en una ceremonia llevada a cabo en la Universidad de Georgia. Fue admitida en una universidad privada, pero dice que no tiene dinero para ir allí.
“Perdí muchas oportunidades por mi estatus” inmigratorio, declaró entre lágrimas durante una entrevista a fines de junio. “Tomé mayormente clases AP en la secundaria, porque pensé que eran lo más cerca que podía estar de una experiencia universitaria”, agregó, aludiendo a un programa llamado Advanced Placement, que ofrece cursos de nivel universitario a estudiantes de secundaria.
Hace poco se enteró de que era una de 46 estudiantes que recibieron una beca privada para asistir a Eastern Connecticut, que junto con Delaware State University admiten estudiantes de un programa auspiciado por TheDream. Us, un fondo nacional de becas estudiantiles.
Delaware State admitió a 39 estudiantes.
Son becas de cuatro años, que representan hasta 20.000 dólares por año, disponibles para los ‘dreamers’, como se conoce a jóvenes amparados por una política federal de 2012 llamada Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Esa política permite que ciertos individuos que entraron al país antes de 2007, sin haber cumplido los 16 años, reciban permisos de trabajo renovables de dos años y un número del Seguro Social, que los habilita para trabajar.
La ley y el programa de becas han sido criticados por quienes piden leyes de inmigración más estrictas.
Elise Marciano, presidenta de la organización Citizens for Immigration Law Enforcement, con sede en Danbury, dijo que a los estudiantes que están en el país ilegalmente “no les corresponde” asistir a escuelas financiadas con dinero de los contribuyentes.
“Un estudiante en esta situación toma el lugar de un estudiante estadounidense”, sostuvo. “Nosotros, los contribuyentes, no queremos educar a gente de otros países. No deben estar aquí y no tenemos por qué costear su educación”.
Mark E. Ojakian, presidente de Connecticut State Colleges and Universities, dijo que ningún estudiante fue desplazado de Eastern por becarios y que en la educación de estos últimos no se emplea el dinero de los contribuyentes.
“Esto no priva de nada a los estudiantes o a los residentes de Connecticut”, aseguró. “Es una organización independiente que decidió que Connecticut ofrecía un buen ambiente para este programa piloto”.
Indicó que la universidad le ofrecerá a estos estudiantes algunos servicios especiales, como enlaces para ayudarlos a manejar el programa. Agregó que se asegurarán de que los estudiantes, la mayoría de los cuales son gente de familias humildes del sur del país, tengan suficiente abrigo para hacer frente al frío invierno de Connecticut.
Bárcenas tiene tres hermanas. Su padre opera un montacargas y su madre está enferma y no puede trabajar, según dijo la muchacha. Su objetivo es volver a su ciudad y ejercer de enfermera.
“Solo quiero ayudar a mi familia”, manifestó. “Con un título universitario podré hacerlo”.