INMIGRANTES CAEN EN NUEVAS REDADAS DE ICE
Según las autoridades, la gran mayoría de los 95 detenidos tenía antecedentes por delitos graves
Agentes de inmigración arrestaron la semana pasada a 95 inmigrantes indocumentados en el área de Houston y sus alrededores, el 86 por ciento de ellos con condenas penales anteriores, en la primera operación amplia que realizan en el sur de Texas bajo el gobierno de Donald Trump.
La redada fue la más reciente de varias llevadas a cabo en todo el país en las que, según el gobierno, se están enfocando en criminales peligrosos y no en separar a familias, e incluyó en la misma a inmigrantes condenados por asesinato y agresión agravada.
“Lo más importante es lograr que nuestras comunidades sean seguras”, dijo Bret Bradford, director interino de la oficina de Houston del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). “Hay apoyo bipartidista para sacar a estas personas de las calles”.
Pocos detalles fueron proporcionados sobre los operativos en el área de Houston, que se llevaron a cabo durante un período de cinco días a partir del 17 de abril, pero agentes federales dijeron que estaban en línea con esfuerzos similares realizados en el pasado y que tienen lugar en forma trimestral.
Los inmigrantes fueron arrestados en los condados de Brazoria, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Matagorda, Montgomery y Wharton.
De los 95 inmigrantes arrestados la semana pasada, 82 tenían antecedentes penales, incluyendo condenas por robo, abuso de niños, posesión de cocaína y de armas, y de reingresar al país después de ser deportados previamente, lo cual es considerado como un delito grave.
La agencia no detalló los antecedentes de los inmigrantes detenidos, incluyendo sólo breves resúmenes de cinco arrestos. Ellos iban desde un hombre salvadoreño de 55 años que había sido condenado por homicidio y previamente había sido deportado hace 30 años a un mexicano de 25 años con una condena por indecencia con un niño, por exposición.
En una serie de redadas previas a gran escala en Texas, que fueron parte de un operativo a nivel nacional efectuado en febrero, fueron detenidas más de 680 personas en todo el país, aunque en esa oportunidad ninguna fue detenida en Houston. Ese operativo incluyó a 51 personas en el área de Austin, que también abarca a San Antonio y Laredo. Más de la mitad de esos 51 no habían cometido otros crímenes más allá de estar en el país de manera ilegal.
Las estadísticas del gobierno federal de mediados de enero a mediados de marzo muestran que los agentes de inmigración arrestaron a 21.362 inmigrantes, aproximadamente un tercio más que en el mismo período del año pasado bajo la administración del ex presidente Barack Obama. Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales se duplicaron con creces hasta llegar a 5.441 en ese lapso de tiempo.
Los abogados han criticado a la administración Trump por ir detrás de inmigrantes que han estado en el país por años y que no han cometido delitos. Ellos han señalado una serie de incidentes muy publicitados, incluyendo la deportación de José Escobar, un padre de familia que estaba radicado en Houston, que llevaba aquí casi dos décadas y tenía un permiso de trabajo provisional del gobierno federal hasta que las autoridades repentinamente se lo revocaron.
“Están diciendo que van detrás de hombres malos y es cada vez más claro que no lo son”, dice Frank Sharry, director ejecutivo del America’s Voice Education Fund, un grupo de cabildeo con sede en Washington, DC. “Lo vemos cada vez más como una estrategia de relaciones públicas diseñada para cubrir una estrategia muy dura en la que prácticamente van por cualquier persona que es elegible para deportación”. Por debajo de los niveles de 2014
Pero las estadísticas federales, obtenidas por primera vez por el diario The Washington Post, muestran que el número de detenciones totales, incluyendo cuántos inmigrantes no criminales han sido detenidos, son en realidad más de un cuarto menos que en el mismo período de 2014. En ese período, 29.238 inmigrantes fueron arrestados, de los cuales 7.483 no tenían antecedentes penales previos.
El gobierno de Obama más tarde ese año promulgó nuevas prioridades para centrarse en la deportación de los inmigrantes que habían sido condenados por crímenes violentos o los que habían cruzado recientemente la frontera, reduciendo el número de deportaciones en general.
En total, Obama deportó a más de 5,2 millones de inmigrantes durante su presidencia, según un análisis de las estadísticas federales del Migration Policy Institute, entidad con sede en Washington, DC.
En una entrevista el domingo pasado con el programa ABC News, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo que la prioridad del gobierno es deportar a los criminales.
“No tenemos la capacidad de atrapar a todos (los inmigrantes indocumentados), y no hay planes para hacer eso”, dijo. “(Pero) creo que todos los que entran ilegalmente al país están sujetos a ser deportados”.
La idea de que los inmigrantes que están ilegalmente en el país ponen en peligro la seguridad pública ha sido un pilar de la campaña de Trump durante las elecciones y de su presidencia hasta ahora.
Comenzó su campaña criticando a los inmigrantes mexicanos por traer delincuencia después de que una mujer fuera asesinada a tiros en un muelle de San Francisco por un inmigrante que había sido deportado cinco veces y que tenía varias condenas por delitos graves. A lo largo de su carrera, Trump se rodeó con las familias de víctimas que han sido asesinadas por inmigrantes, invitándolos a subir a los escenarios y haciendo frecuentes referencias a su difícil situación.
Una orden ejecutiva que Trump firmó en enero dijo que las personas que ingresan ilegalmente al país representan una “amenaza significativa” y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional publicar una lista semanal de crímenes cometidos por inmigrantes que fueron liberados de las cárceles locales bajo la política de las llamadas ‘ciudades santuario’, en las cuales la policía local no colabora en tareas de inmigración con el gobierno federal. Ese informe fue suspendido temporalmente este mes después de incluir numerosos errores.
El martes, un juez federal de San Francisco bloqueó la orden del gobierno federal que recortaría financiamiento a las comunidades que limiten su cooperación con las autoridades de inmigración.
El juez William Orrick emitió el fallo temporal a raíz de una demanda sobre el decreto de Trump contra las llamadas ‘ciudades santuario’. La decisión será vigente mientras la demanda es dirimida en la corte. Un grupo con llegada a Trump
El presidente también creó una oficina especial en el Departamento de Seguridad Nacional llamada Víctimas de Delitos de Inmigrantes, que se encargará de registrar los crímenes cometidos por los inmigrantes que están en el país ilegalmente y de apoyar a las víctimas de sus delitos.
La idea fue empujada por un grupo de Houston conocido como The Remembrance Project, que se ha trasladado a Washington DC y tiene llegada cercana a la administración Trump.
Su fundadora, María Espinoza, dijo que se interesó por los crímenes de inmigrantes después de la muerte del agente de policía de Houston Rodney Johnson en 2006. El caso desencadenó una furia nacional, ya que su asesino, un inmigrante que llegó desde México con un frondoso prontuario y que había sido deportado previamente, parecía un caso pionero de las grietas en el sistema de inmigración. Le disparó a Johnson varias veces en la cabeza mientras estaba sentado esposado en la parte trasera del patrullero después de ser detenido en una calle de Houston.
Los partidarios de ese grupo han elogiado a Trump por llevar el tema a la vanguardia después de años de silencio por parte de otros políticos.
Pero los críticos de la política actual dicen que ha desvirtuado groseramente la frecuencia con que los inmigrantes cometen crímenes.
Un análisis de los datos del censo en marzo realizado por el Cato Institute, con sede en Washington, D.C., encontró que los inmigrantes que están en el país ilegalmente tienen 44 por ciento menos probabilidades de ser encarcelados que los estadounidenses nacidos en Estados Unidos.
Aproximadamente 1,6 por ciento de los hombres inmigrantes entre 18 y 39 años están bajo custodia, en comparación con el 3,3 por ciento de los nacidos en Estados Unidos, según un análisis similar de los datos del censo de 2015 efectuado por el American Immigration Council, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes que también está basado en Washington DC.
The Migration Policy Institute, mientras tanto, ha estimado que hay 820.000 personas con condenas penales que se encuentran en el país ilegalmente, incluyendo 300.000 con condenas por delitos graves.
El gobierno federal tiene actualmente los recursos para deportar a unos 400.000 inmigrantes al año.
Tres de esos condados apuntados en las últimas incursiones - Montgomery, Brazoria y Galveston - están entre 19 de todo Texas que han aplicado para asociarse con agentes de inmigración en un programa polémico para el sistema de cárceles llamado 287 (g). La oficina del sheriff del condado de Harris abandonó su asociación con ese programa a principios de este año debido a los altos costos del mismo.