Piden fondos para el muro, pero aún pagan por cerca
Autoridades federales podrían llegar a expropiar tierras
GOBIERNO: celebró la semana pasada dos acuerdos en la disputa con terratenientes que entablaron demandas en torno a una valla aprobada hace más de una década.
Antes del muro había una cerca y Estados Unidos todavía la está pagando. Mientras el presidente Donald Trump trata de convencer a un Congreso escéptico que le dé miles de millones de dólares para erigir su muro en la frontera con México, los abogados del gobierno siguen disputando con los terratenientes texanos que entablaron demandas en torno a una valla aprobada hace más de una década. La semana pasada celebraron dos acuerdos.
Las batallas legales en torno a una cerca en apenas un tramo de la frontera han durado más que dos presidencias. Si el gobierno de Trump insiste en sus planes de construir el muro colosal prometido por él, tal vez deba podría verse obligado a demandar a cientos de terratenientes, quizás algunos de los mismos.
La llamada Secure Fence Act (Ley de Cerca Segura), sancionada en 2006 por el presidente George W. Bush con el apoyo de muchos legisladores demócratas, asignó fondos para la construcción de aproximadamente un tercio de los 3.200 kilómetros (2.000 millas) de frontera entre Estados Unidos y México.
Al final se instalaron cercas por un total de 1.043 kilómetros (650 millas), 160 (100) de ellos en Texas, el estado que tiene la frontera más larga con el vecino del sur. El cauce irregular del río Bravo, el terreno accidentado y la propiedad privada crearon una multitud de obstáculos mecánicos y legales y se requirieron cientos de tratos con propietarios para quitarles parte de sus tierras.
En el valle del Rio Grande (como se llama en Estados Unidos al río Bravo), en el extremo austral de Texas, donde son detenidos la mayoría de los inmigrantes, tramos de la cerca de seis metros (18 pies) de altura empiezan y terminan en barrios y tierras de labranza.
El gobierno federal puede recurrir al poder de dominio eminente para expropiar propiedad privada con fines de utilidad pública a cambio de lo que la Constitución llama una “compensación justa”, pero el proceso puede demorar años si el propietario decide apelar. El departamento de Justicia inició unas 400 demandas bajo la ley de la cerca fronteriza, aunque no se la instaló en todas las tierras reclamadas.
Algunos terratenientes que resistieron con éxito durante una década recibieron nuevas ofertas en los últimos meses, lo que suscita el interrogante de si las demandas por la cerca allanarán el camino al muro. El departamento dice que no ha iniciado casos relacionados con el muro y que se compromete a resolver mediante acuerdos los 90 casos pendientes. Estos casos han sufrido complicaciones y demoras y muchos terratenientes se preguntan qué les espera.
En un acuerdo resuelto la semana pasada se pagó 137.500 dólares al propietario de 6.000 metros cuadrados junto al río Bravo al oeste de Brownsville, cerca de un campo de golf. El gobierno no instaló la cerca en el campo, pero sí en las tierras vecinas. Después de una década de discusiones se llegó a un acuerdo sobre la compensación.
“Es sumamente frustrante para el terrateniente tener que esperar nueve años para resolver un caso y que el gobierno se apodere de su tierra mucho antes de pagarle un solo dólar”, dijo Ken McKay, un abogado representante de la sociedad familiar propietaria del terreno.
Rudy Cavazos recibió 7.000 dólares el mes pasado por un terreno de unos 2.000 metros cuadrados en su propiedad en San Benito, Texas. El gobierno había levantado una cerca a lo largo de un terraplén del río Bravo con permiso de la autoridad hídrica local, creyendo que la tierra era de su propiedad, para descubrir luego que pertenecía a una veintena de propietarios, Cavazos entre ellos.
Tras varios años de impasse, a fines de 2016 Cavazos decidió aceptar un acuerdo porque estaba harto de hablar con abogados del gobierno e ir al tribunal.
“Me pagaron mis migajas”, dijo. “Es la burocracia multiplicada por diez. Tienen un tipo que suele venir a hablar conmigo y diablos, le pagan por eso”.
Tres especialistas en derecho dijeron que la ley de la cerca autoriza al gobierno de Trump a construir algo nuevo y más grande en tierras adquiridas para la cerca. Se podría argumentar que una barrera similar a la clase de muro prometido por Trump durante la campaña sería una versión actualizada de la cerca existente.
En última instancia, si el gobierno quiere construir algo más grande o que ocupe más frontera, probablemente tendrá que comprar más tierra y tal vez iniciar cientos de demandas.
Si bien no está claro cuál será su forma definitiva, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo el mes pasado que difícilmente irá “de costa a costa”.
Como empresario inmobiliario, Trump recurrió al dominio eminente en varios casos. En la década de 1990, sus casinos en Atlantic City trataron de desalojar al dueño de una vivienda para dejar el lugar a un estacionamiento.
Sin embargo, el director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Inmigración, Mark Krikorian, partidario de mayores controles sobre la inmigración, dijo que un muro presenta mayores retos que un hotel o un casino.
Con cientos de terratenientes y abogados dispuestos a disputarlo, “tomará más tiempo y será más difícil de lo que pensaba el presidente”, aseguró.