Los crímenes contra la prensa desenmascaran la impunidad
La prensa está de luto tras el asesinato de Javier Valdez
Una periodista es acribillada mientras lleva a su hijo a la escuela. Hombres armados disparan a otro tumbado en una hamaca mientras le lavan el coche. Un premiado reportero es sacado de su vehículo al mediodía y recibe doce balazos a unas calles de su oficina.
Javier Valdez se convirtió el lunes en el sexto periodista asesinado desde los primeros días de marzo, algo inusual incluso en un país que se sitúa sólo detrás de Siria y Afganistán en crímenes contra la prensa. Nada vincula directamente esos seis homicidios pero en conjunto son la constatación de que la impunidad que existe en México amenaza la vida y el trabajo de la prensa.
“Nos pegaron en el corazón”, tituló Ríodoce, el semanario que el reconocido periodista contribuyó a fundar hace 14 años. “Es un golpe demoledor”, añadió en su editorial.
“México se ha vuelto más peligroso”, indica el analista Alejandro Hope. Por un lado, los asesinatos en general aumentaron en 2016 y en el primer trimestre de 2017 volvieron a hacerlo: un 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. Crece la tensión político-electoral, los escándalos de corrupción se multiplican y la guerra contra el narco, de más de una década, está lejos de ganarse.
“Hay mucha tensión y la gente que cubre todo esto se arriesga mucho más”, añade Hope.
Valdez, 50 años recién cumplidos, era uno de ellos. En su columna Mala Yerba narraba literariamente, y sin nombres propios, historias que él conocía o le contaban. La última fue titulada ‘El Licenciado’, quizás por alusión, quizás no, al capo del cártel de Sinaloa, Dámaso López, que se apodaba de igual forma y fue objeto de varias de sus recientes informaciones en las que también abordó sucesos, excesos de las fuerzas de seguridad o temas de corrupción.
“Ríodoce y Valdez han investigado vínculos entre política, sociedad y grupos criminales, y eso encierra una enorme impunidad y un enorme riesgo”, explica Edgardo Buscaglia, un experto al que el fallecido entrevistó en varias ocasiones.
El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, dijo el martes no tener noticias de que Valdez hubiera sido amenazado. Sin embargo, el diario La Jornada, para quien trabajaba como corresponsal, asegura que sí.
“En semanas recientes recibió amenazas de un calibre diferente al acostumbrado; él y su esposa Griselda realmente se preocuparon”, indicó el periódico en un artículo del martes. Valdez viajó a Ciudad de México para pedir consejo. Le recomendaron salir del país. No lo hizo.
“Lo mataron con saña”, escribió su semanario. “Los asesinos simularon el robo de su vehículo, pero le dispararon en 12 ocasiones con dos armas distintas. No tenemos ninguna duda: quien ordenó el crimen pidió a los sicarios que se aseguraran del objetivo”.
Al día siguiente de su muerte, mientras sus más cercanos le daban el último adiós en Culiacán frente a un féretro adornado con su característico sombrero, periodistas de Sinaloa y del resto del país participaron en distintos actos de protesta.
“En México nos están matando”, escribieron a los pies del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México junto a la frase “No al silencio”, hecha con las fotos de los periodistas asesinados.
Sin embargo, es pronto para valorar si la prensa local e independiente podrá sobrevivir al reto de informar ante los riesgos crecientes que representa el oficio. El Norte de Chihuahua, el periódico donde trabajaba Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo, optó por cerrar.
Los seis de este año -el 2 de marzo en Guerrero; el 19 en Veracruz; cuatro días después en Chihuahua, el 14 de abril en Baja California Sur, el 2 de mayo en Morelos y el 15 en Sinaloa- aparentemente no estuvieron conectados, pero tuvieron lugar en estados donde la presencia del crimen organizado se une a una corrupción endémica -una combinación explosiva- y donde han crecido sustancialmente los homicidios.
Los analistas coinciden en que el escenario se complica con los cambios de administración estatal porque tienen que reajustarse alianzas ilícitas de autoridades y criminales (en 2016 hubo cambio de gobierno en Sinaloa, Veracruz y Chihuahua) y se enturbia aún más con la fragmentación de los cárteles y la lucha entre ellos.
Raúl Benítez, experto en temas de seguridad, recuerda que en Sinaloa hay un desmantelamiento del cártel que lideraba Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, por las detenciones y las luchas internas, “y los grupos sicariales no tienen mando y se están vengando de quien quieren”.
Algo similar ocurre en Chihuahua, donde el cártel de Sinaloa también está perdiendo estructuras de poder, añadió Benítez.
En algunos estados de México, como Tamaulipas -donde recientemente también asesinaron a una defensora de derechos humanos-, la prensa crítica es casi inexistente. La autocensura, como solía decir Valdez, también es una forma de supervivencia. Otras veces la prensa simplemente se pliega -lo que se conoce como ‘plata o plomo’- a los deseos del más fuerte, sea político o narco.
El presidente Enrique Peña Nieto y autoridades locales condenaron el asesinato de Valdez y se comprometieron a esclarecer el caso.
“Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado” para “cerrar las puertas a la impunidad”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.
Sin embargo muchos, en el gremio y fuera de él, creen que el gobierno no hace lo suficiente.
“El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos”, escribió en La Jornada Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.