PERIODISTAS, VÍCTIMAS EN TERRITORIO NARCO
MÉXICO, Al menos 25 han sido asesinados desde diciembre de 2012
La redacción del semanario Ríodoce se reúne los miércoles para decidir su cobertura de la violencia en Sinaloa, un estado del noroeste de México marcado por el crimen organizado, la corrupción de las autoridades y las guerras intestinas del narcotráfico. Esta mañana, sin embargo, y bajo la sombra de su propio dolor, hablarán sobre seguridad.
Primero llegan consejos: cambiar las rutinas, ser cuidadoso con las redes sociales, evitar quedarse solos en la oficina. Dos reporteras comentan dónde sienten que sus hijos están más seguros: una cree que en la oficina, aunque a la entrada del edificio lanzaron una granada en 2009; la otra, que en su casa.
En una pizarra hay tres columnas: adversarios, neutros, aliados. La experta en seguridad pide a los reporteros que enlisten nombres debajo de cada una. Nadie se enterará de lo que escriban y tampoco necesitan pruebas; las percepciones y corazonadas son más que suficientes. El objetivo sólo es hacer un mapa de los riesgos, trazar estrategias.
Los aliados son cruciales. En una emergencia hay que tener claro a quién poder marcar: un amigo, un abogado, un activista.
La lista más larga, por mucho, es la de los adversarios. La primera palabra que ponen es “narco”, así, sin ningún nombre; luego mencionan a políticos, empresarios, periodistas presuntamente pagados por el gobierno o por el crimen organizado. Todo un catálogo de villanos que transforma su trabajo en una actividad de alto riesgo.
La violencia no da tregua en México y junto a los cadáveres que se apilan por todo el país hay cada vez más periodistas. Al menos 25 han sido asesinados desde que el presidente
Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Unos 589 se han acogido al programa de protección federal; y en lo que va de año, han matado al menos a siete en igual número de estados.
Uno de los últimos era su inspirador y uno de los fundadores de Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas.
“El gran error, vivir en México y ser periodista”, escribió en una ocasión.
Su ausencia es omnipresente en Sinaloa. Una foto suya cuelga de la fachada del edificio del semanario -gesto burlón, el dedo medio de la mano extendido hacia arriba y la palabra “Justicia”. Su emblemático sombrero no falta en los dibujos que estampan las camisetas de los reporteros Aarón Ibarra y Miriam Ramírez. Su nombre está todavía en el directorio. Y ahí sigue su columna Malayerba, aunque ahora en blanco.
El taller de seguridad tiene lugar a menos de dos meses de su asesinato. Los periodistas constatan que comparten pesadillas, insomnios y paranoias.
México es hoy el país más letal para la prensa. Este año mataron a más periodistas aquí que en Siria o Irak. Aunque en 2010 se creó una fiscalía especial para atender este tipo de crímenes, sólo ha habido dos sentencias, según datos del CPJ. Como ocurre con el resto de los miles de homicidios que hay en el país, los asesinos de periodistas rara vez son llevados ante la justicia.
Pese a todo, Ríodoce no deja de cubrir el crimen organizado y la violencia, aunque todavía duela el asesinato de Valdez, aunque el coraje les embargue, aunque tengan que moverse en terreno mucho más resbaladizo y traicionero.
Sin pistas de los asesinos, sin justicia, ante tanta incertidumbre, algunos como Ibarra piensan que hablar de medidas de seguridad no tiene sentido. “Es muy inocente gastar mi tiempo en este taller”, asegura. “Mientras no sepamos por qué lo mataron, desconfías de todos”.
Al mediodía del 15 de mayo, Valdez salió de Ríodoce, en el centro de Culiacán, la capital de Sinaloa. Apenas se había alejado dos calles en su Toyota Corolla cuando lo interceptaron en un coche, lo bajaron del vehículo y le dispararon doce veces. Frente a un restaurante y un jardín de infantes. Su cuerpo estuvo 40 minutos en la calle, ante extraños, amigos y familiares.
“Yo lo entendí como un mensaje”, dice Francisco Cuamea, subdirector del diario Noroeste, también de Sinaloa. Cualquiera puede ser el próximo.
Valdez, de 50 años, dejó mujer y dos hijos. Sus asesinos siguen libres. La prensa mexicana está indignada, pero no sorprendida.
A diferencia de otros casos, donde los rumores corren como la pólvora, sobre el asesinato de Valdez sólo hay silencio. “Nadie quiere cargar con el muerto”, dice Juan Carlos Ayala, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que lleva 40 años estudiando la violencia en el estado. Las autoridades no informan si hay o no avances. “O son cómplices o son idiotas”, agrega el investigador.
Sinaloa es la cuna del narcotráfico en México y del cártel que lleva su nombre. Hasta hace poco, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán lo dirigía, pero desde su arresto el año pasado y, sobre todo, desde su extradición a Estados Unidos en enero, se ha convertido en un terreno minado de luchas internas lideradas por jóvenes -mucho más violentos que los antiguos capos- que quieren asumir el control de la organización y de grupos de fuera que disputan el territorio.
En este estado del noroeste de México, a nadie extraña que a diario aparezcan cadáveres. Es normal que los capos muertos tengan más lujos en sus mausoleos que la gran mayoría de los vivos en sus casas. También se ha vuelto común asumir que la palabra “calma” sea sinónimo de que un solo grupo controla este territorio clave en el cultivo y en el trasiego de droga hacia el norte.
Y aunque Valdez era consciente de los riesgos que implicaba su trabajo, Ismael Bojórquez -también fundador de Ríodoce y actual director del semanariono puede evitar cierto sentimiento de culpa por la muerte de su amigo.
A su juicio, dos errores pudieron costarle la vida. El primero, algo que nunca habían hecho: publicar una entrevista en febrero con un capo -Dámaso López, ‘El Licenciado’- que aparentemente molestó a sus ahora enemigos -los hijos de ‘El Chapo’- y provocó que hombres armados requisaran los ejemplares de esa edición tan pronto llegaban a los puntos de venta.
El segundo error, no forzar a Valdez a salir del país para intentar protegerlo después del decomiso de otro semanario que publicó la misma historia.
El crimen marcó un punto de inflexión en la violencia contra la prensa en México debido al gran reconocimiento de Valdez dentro y fuera del país.
Todos conocían su honestidad y compromiso, pero su nombre alcanzó prestigio internacional desde que dejó Noroeste en 2003 para lanzarse con Bojórquez y otros cuatro reporteros a un proyecto romántico y poco rentable: fundar Ríodoce, cuyas acciones se vendían a mil pesos (unos 50 dólares).
El crimen organizado estuvo presente desde el principio. “Era imposible hacer periodismo sin tocar el tema del narco”, dice Bojórquez, de 60 años. Al principio, regalaban ejemplares en las esquinas, porque nadie los compraba. Un día publicaron una portada sobre un capo y ese fue el primer número que se agotó.
Con el tiempo crecieron las ventas y la publicidad. Ríodoce ganó prestigio por sus coberturas. Sus periodistas lo veían como un lugar para investigar con libertad y el público como un periódico donde se podía leer lo que otros no se atrevían a contar.
Ocho años después de su nacimiento recibió uno de los galardones más prestigiosos para la prensa de América Latina, el María Moors Cabot. El mismo año Valdez recogía el Premio Internacional a la Libertad de Expresión del CPJ. Valdez nunca ocultó su miedo. Sin embargo, su postura ante la vida era clara “Morir -dijo entonces-sería dejar de escribir”.
En la oficina de Ríodoce -un apartamento con media docena de ordenadores que más parece una casa que una redacciónse echan de menos sus bromas, consejos y cariño. Era un hombre rutinario, siempre los mismos saludos, siempre el mismo sombrero, siempre la misma cantina -El Guayabo, frente a la oficina- y ahí siempre la misma mesa. ¿Fueron las rutinas su perdición?, se preguntan sus compañeros. Su muerte también les ha obligado a cuestionar sus propias Ernesto ‘El Pepis’ Martínez, del diario digital Línea Directa, informa con su teléfono celular dede el lugar donde hallaron tres cadáveres baleados, en Navolato. certezas sobre el mejor modo de hacer su trabajo -informar sobre el narco- y vivir para contarlo.
Antes seguían ciertas reglas no escritas. Se podía escribir sobre corrupción siempre que se hiciera con cuidado y no se revelaran ciertos datos; de los cárteles, pero sin tomar partido por ninguno. Había que colocar estratégicamente cada historia, no aceptar dinero de nadie y tener claras las líneas rojas.
“A los narcos les molesta que se metan con sus mujeres, sus hijos, sus negocios limpios, sus pistas clandestinas”, enumera Bojórquez. “Esas cosas no debíamos tocarlas”.
Al final, se requería mucho olfato para saber qué publicar, cuándo esperar, y un alto grado de autocensura. El problema, dice el jefe de información Andrés Villarreal, es que “el olfato es un sentido ‘engañable’”.
Las reglas que antes seguían los periodistas de Sinaloa ya no sirven. Tal y como ocurrió en Tamaulipas, Veracruz o Guerrero, en Sinaloa la combinación de rutas estratégicas, instituciones débiles y autoridades corruptas provocaron que los riesgos para ejercer el periodismo se incrementaran.
Con el último gran cártel fracturado tras la captura de Guzmán, hay muchos grupos disputándose territorios, alianzas polí tic asy criminal es cam bi antesyl aim pu n ida den que permanecen los ataques a periodistas, ya no se sabe en quién confiar y en quién no; no se sabe qué se puede decir y qué no.
En la sala de reuniones donde se desarrolla el taller no permiten teléfonos móviles. Los celulares generan sospechas: días antes se reveló que un software espía que sólo se vende a los gobiernos se había usado para vigilar a activistas y periodistas en México.
Frente al edificio del semanario, dos policías asignados para vigilar, se refugian bajo la sombra de un árbol del sol y los 40 grados del verano de Culiacan. El gobierno los puso el día del asesinato de Valdez, pero no todos creen que sirvan para algo. Algunos se preguntan si no serán de la mitad de los policías que el propio gobernador dice que no eran confiables.
Lo que continúa inalterable es la publicación del semanario. Para este número hay tres temas centrales: el asesinato del hermano del ex boxeador Julio César Chávez; una historia de gastos públicos concentrados en la ciudad del gobernador y el secuestro de varias personas en uno de los restaurantes más caros de Culiacán, a una cuadra de la fiscalía.
Como el fiscal del estado no aclara nada, ni qué pasó, ni cómo, ni a cuántos se llevaron, se impone la cautela a la hora de escribir lo que todo el mundo sabe: que el lugar es frecuentado por autoridades y narcos. El reportero que sigue el caso revisa documentos públicos y confirma que el restaurante está registrado a nombre de un político del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que dominó el espectro político de todo el país durante casi todo el siglo pasado. Recientemente, algunos gobernadores del PRI han sido acusados y detenidos bajo cargos de corrupción.
Villarreal, de 46 años y a quien apodan ‘El Flaco’, pide al reportero que incluya otros incidentes ocurridos en el mismo restaurante, incluido cuando el hijo de ‘El Chapo’ logró escapar del ejército.
Hace unos meses, los lectores hubieran buscado en ‘Malayerba’ la información sobre lo ocurrido en el restaurante.
“Antes ya hubiéramos sabido qué había pasado”, asegura Villarreal. “Ahora los canales de comunicación con nuestras fuentes se han roto”.