Alcanzan acuerdo por el tema de votantes hispanos
Paga gastos legales de MALDEF y retira apelaciones
PASADENA: pagará 1,1 millones de dólares como parte de un acuerdo extrajudicial por una demanda que alega que un plan diluyó el poder electoral de los latinos en las urnas.
Líderes de Pasadena aprobaron por unanimidad pagar 1,1 millones de dólares, como parte de un acuerdo extrajudicial por una demanda que alega que un plan aprobado en el 2013 diluyó el poder electoral de los latinos en las urnas.
El concejo municipal de Pasadena aprobó el martes el acuerdo recomendado por el alcalde Jeff Wagner, reportó el Houston Chronicle. Según el acuerdo, Pasadena pagará los gastos legales del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés) que representa a algunos de los demandantes latinos, y retirará sus apelaciones.
Wagner fue electo en junio, después de que el juez federal Lee Rosenthal falló en enero que Pasadena violó intencionalmente los derechos electorales de su creciente población latina al momento de redibujar las jurisdicciones electorales. El entonces alcalde Johnny Isbell respaldó un plan aprobado por votantes que reemplazó ocho distritos concejales permanentes con seis distritos permanentes y dos alternos. Rosenthal ordenó que Pasadena volviera a tener ocho concejales permanentes y que estuviera bajo supervisión federal hasta junio del 2023.
“Estamos muy satisfechos de haber llegado a una resolución en el caso que permitirá que Pasadena siga adelante con un sistema electoral justo”, dijo la abogada Nina Perales, de MALDEF. “Y apreciamos el esfuerzo del alcalde Wagner para llegar a este acuerdo”.
El concejal Cody Ray Wheeler dijo que tras años de litigio y 3,5 millones de dólares en gastos legales, está contento con el resultado. La demanda dejó a Pasadena con “un ojo negro ante todo el país. Nos costó progreso y tiempo”, dijo Wheeler.
Isbell, quien no puede lanzarse para otro período debido a leyes que limitan los períodos legislativos, se opuso a terminar las apelaciones.
“Creo que es un error llegar a un acuerdo porque pienso que teníamos buenas oportunidades de ganar el caso en apelación y no hubiéramos tenido que pagar los 1,1 millones por el acuerdo”, dijo Isbell. “Y ciertamente estoy en desacuerdo con el juez que dijo que nosotros estábamos tratando de restringir los derechos electorales de la población hispana. Eso es absoluta y categóricamente falso”.