PREOCUPACIÓN POR EL TPS
Llevan años protegidos por programa que podría terminar
Alrededor de 437.000 inmigrantes de nueve países que han podido permanecer en Estados Unidos gracias a un programa humanitario de protección temporal corren ahora el riesgo de ser forzados a regresar a su nación de origen bajo el gobierno de Donald Trump, que lo estará terminando de manera escalonada.
Irma Acosta lleva dos décadas cobijada por un programa temporal que le ha permitido trabajar, costear los estudios de sus tres hijos en Honduras y gozar de un seguro de salud que paga por su tratamiento contra el cáncer.
Ahora, esta empleada de limpieza de un hotel, de 51 años y residente de Los Ángeles, teme perder todo.
Acosta es una de alrededor de 437.000 inmigrantes de nueve países que han podido permanecer en Estados Unidos gracias a un programa humanitario renovable cada dos años que ahora corre peligro bajo el gobierno de Donald Trump.
Los beneficiarios, muchos de los cuales vinieron ilegalmente de Honduras y El Salvador, creen que el gobierno tratará de eliminar el programa en forma escalonada y los terminará enviando de regreso a países en los que no viven desde hace años.
“No sé qué haría en mi país”, declaró Acosta, quien ha vivido casi la mitad de su vida en Estados Unidos. “No tengo nada allí”.
El programa Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés, TPS (Temporary Protection Status), abarca a países azotados por desastres naturales o guerras. Es una solución temporal para inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso de residencia, algo similar al programa que cobijó a jóvenes con estatus inmigratorio irregular que fueron traídos al país cuando eran niños, y que el gobierno acaba de suspender.
Diez países son cobijados por el TPS, pero más del 70% de los beneficiarios son de El Salvador y Honduras, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. El programa fue creado mediante una ley, pero la Casa Blanca decide qué países participan y por cuánto tiempo.
Cuando el gobierno admite a un país en el programa, sus ciudadanos que están en Estados Unidos pueden permanecer y trabajar, sin importar cómo llegaron, aunque no pueden traer familiares.
El gobierno ofreció este estatus a hondureños y nicaragüenses luego de que sus países fuesen azotados por el huracán Mitch en 1998, y a los salvadoreños tras un terremoto en 2001. La idea era permitir que los inmigrantes trabajasen y enviasen dinero a sus países para ayudar a recuperarlos de los daños sufridos, sin ser una carga para naciones con muchos deportados.
Si bien el estatus es temporal, fue renovado siempre bajo los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama por considerar que esos países no estaban en condiciones de recibir a tanta gente si era enviada de vuelta. Es así que muchos de estos inmigrantes llevan en Estados Unidos unos veinte años cobijados por lo que se supone es un programa temporal. Sin tanta atención
Pero el programa no ha recibido tanta atención comparado con el DACA, la iniciativa que ampara a los jóvenes traídos al país cuando niños, muchos de los cuales tienen estudios universitarios, se criaron en Estados Unidos, gozan de conexiones políticas y saben manejar las redes sociales. En contraste, los beneficiarios del TPS generalmente son mucamas o trabajan en la construcción y no tienen el peso político de los cobijados por el DACA.
“Estos son trabajadores”, expresó Cecilia Menjívar, profesora de sociología de la Universidad de Kansas, que ha investigado a los beneficiarios del programa.
Acosta llegó ilegalmente en 1992 porque no podía subsistir en Honduras. Empezó a trabajar como sirvienta en distintas casas y cuando obtuvo su permiso de trabajo consiguió un empleo más formal, con beneficios y un ingreso seguro. Pudo ayudar a su madre y sus hijos a recuperarse del huracán. La familia fue evacuada antes de la tormenta, pero perdió casi todas sus pertenencias cuando su departamento de Tegucigalpa se inundó.
Su compatriota Erick Midence, de 58 años y de Oxnard, California, dijo que el programa lo ayudó a sacar adelante su empresa constructora sin tener que vivir pendiente de la llegada de agentes del servicio de inmigración. “Si bien algunos sufrieron percances, a otros de nosotros nos ayudó el huracán Mitch”, expresó Midence.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de la Inmigración, dijo que el programa debería ser reformulado para que vuelva a ser una solución temporal. Una alternativa, sostuvo, sería permitir que quienes llevan mucho tiempo amparados por el programa puedan permanecer y tomar medidas para vigilar el uso que se le dé al programa en crisis futuras.
“Es la única forma de evitar esta situación absurda en la que la gente lleva veinte años con un estatus temporal”, declaró. Precauciones
Algunos inmigrantes se han preparado para el cambio de política hacia el programa y tratan de beneficiarse de dos fallos favorables de los tribunales que podrían ayudarlos a conseguir la tarjeta verde de residente. Los fallos abarcan a personas casadas con ciudadanos estadounidenses o que tienen hijos adultos que son ciudadanos de este país.
Midence, por ejemplo, explora esa posibilidad en virtud de que sus hijos son veinteañeros y treintañeros y tienen la ciudadanía estadounidense.
Para muchos, no obstante, esa no es una opción. El inmigrante salvadoreño Edwin Murillo, cobijado por el TPS, tiene un negocio de construcción y dos hijas de diez y cuatro años en Dallas.
“No sabemos qué sucederá”, expresó Murillo, de 42 años y que lleva casi dos décadas en el país. “Pero estamos muy asustados”.
En Maryland, unos 20.000 salvadoreños que viven en ese estado posiblemente tengan que regresar a su patria después de que el gobierno anunció que eliminará en enero de 2019 el TPS que ampara a miles de inmigrantes de esa nación en todo el país.
El diario The Baltimore Sun publicó que los salvadoreños de esa comunidad están preocupados. La decisión ha alarmado a salvadoreños, haitianos y otras personas que están bajo protección similar. Maryland es hogar de la cuarta comunidad más grande de salvadoreños adscritos al TPS. Nicaragua y Honduras
El gobierno de Trump anunció también que eliminará en enero de 2019 el TPS que ampara a unos 5.000 nicaragüenses residentes en Estados Unidos desde hace casi dos décadas, y que postergará hasta julio una decisión definitiva sobre este beneficio para unos 86.000 hondureños.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, concluyó que el beneficio ya no es necesario en Nicaragua. La funcionaria concedió doce meses adicionales de vigencia al programa, hasta enero de 2019, para permitirle a los 5.000 nicaragüenses explorar alternativas para ajustar su estatus migratorio o planificar el regreso a casa, mientras que a Nicaragua le serviría para preparar la acogida de sus connacionales.
Duke postergó una decisión definitiva sobre Honduras para analizar información adicional, por lo que la vigencia del beneficio se extiende automáticamente seis meses, hasta julio de 2018.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) formuló el anuncio 60 días antes de que expirara el 5 de enero la protección para Honduras y Nicaragua, que obtuvieron el TPS en 1999 debido a los destrozos causados por el huracán Mitch un año antes.
La oficina investigadora del Congreso estadounidense dijo que las autoridades prevén que sólo 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses habrían gestionado la extensión del beneficio.
El TPS para unos 260.000 salvadoreños, el grupo más numeroso de todos los beneficiarios, vence en marzo.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el gobierno de Trump eliminó la protección para Sudán y concedió a 60.000 haitianos una extensión de apenas seis meses, y no los 18 habituales, desde el devastador terremoto de 2010.
Duke dijo que Nicaragua no solicitó una extensión, pero Honduras y El Salvador han cabildeado intensamente a favor de extenderlo, advirtiendo que un retorno repentino de grupos tan numerosos complicaría la meta de mejorar la calidad de vida en sus países, lo que a su vez podría incrementar el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos.
Partidarios de extender el TPS alegan que su eliminación afectará la vida de familias plenamente integradas a la sociedad estadounidense.
El presidente de la bancada demócrata en la cámara baja Joe Crowley criticó la decisión del DHS por considerarla “cruel y sin sentido” y la describió como “un intento del presidente Trump para continuar complaciendo a las voces más extremistas del Partido Republicano”.
Activistas a favor de la causa de los inmigrantes sin documentos están presionando a legisladores para que traten de preservar el programa, mientras sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes organizaron actos y vigilias en Washington, Los Ángeles y otros puntos del país.
Cuatro representantes del sur de Florida presentaron recientemente un proyecto de ley bipartidista que busca conceder la residencia permanente a los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y haitianos con TPS. Otro grupo de representantes demócratas, de Nueva York y California, presentó una propuesta similar, según la cual aquellos beneficiarios de TPS durante más de tres años podrían optar por la naturalización sin tener que salir del país.