Investigan muerte de un niño
Había sido liberado del centro de detención de Dilley
INMIGRANTE: falleció poco después de haber sido liberado de un centro de detención en Dilley.
Las autoridades de bienestar infantil de Texas abrieron la semana pasada una investigación por maltrato y descuido con relación a reportes que surgieron la semana pasada sobre un niño migrante que murió tras ser liberado de un centro de retención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El anuncio se produjo horas después de que funcionarios estatales parecían estar frustrados durante una audiencia pública con legisladores, al asegurar que los abogados de inmigración que hicieron las acusaciones aún no han proporcionado el nombre del menor.
Horas después, el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas indicó que habían recibido la identidad necesaria para iniciar una pesquisa.
Se trata de la 52da investigación por maltrato infantil y negligencia en un centro de Texas que alberga niños migrantes desde diciembre. Ninguna de las 40 investigaciones concluidas hasta la fecha ha sido corroborada por investigadores estatales para la protección de menores, mientras que las otras pesquisas siguen en curso.
El reporte de la muerte de un niño que dejó el centro de retención familiar de ICE en Dilley, Texas, se propagó en las redes sociales e incrementó el debate sobre la inmigración y la campaña del gobierno del presidente Donald Trump en la frontera con México. Pero los detalles han sido pocos, y tanto funcionarios de Texas como de ICE habían dicho que necesitaban el nombre del niño y detalles a fin de revisar a fondo los informes.
El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas señaló que finalmente recibió un nombre después que el comisionado de la agencia, Hank Whitman, realizó una petición pública el jueves por la mañana a abogados de la familia durante una reunión del comité de la Cámara de Representantes de Texas.
"Si él afirma que un niño ha sido lastimado o murió por lesiones en ese lugar, yo voy a asignar a mis agentes de inmediato”, declaró Whitman, "Necesito saber el nombre de ese menor para poder investigar eso a fondo".
La familia del niño está siendo representada por el despacho Arnold & Porter, con sede en Washington, el cual informó que está cooperando con las autoridades de Texas. Demanda de ACLU
Mientras tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles demandó al gobierno de Estados Unidos por tratar de evitar que inmigrantes soliciten asilo con argumentos de violencia pandilleril y doméstica en sus países de origen.
La querella de la organización conocida por sus siglas en inglés como ACLU pide que la corte invalide la medida que el secretario de Justicia Jeff Sessions tomó el 11 de junio para restringir los criterios para otorgar asilo.
La demanda fue presentada a nombre de 12 padres y niños a quienes, según la organización de derechos civiles, erróneamente se les negó el asilo por considerar que no tenían razones creíbles para tener miedo de regresar a casa.
Si la orden de Sessions prevalece, argumenta la demanda, la gente que “busca seguridad desesperadamente será deportada ilegalmente a lugares donde temen ser víctimas de violaciones, secuestros, palizas y asesinatos”.
El asilo puede ser otorgado a personas que han sufrido persecución en sus países de origen o podrían sufrir este flagelo si es que son forzados a regresar a sus casas.
Miles de personas solicitan asilo cada mes en puestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a lo largo de la frontera con México. La mayoría son de países centroamericanos azotados por la violencia, pandillas y corrupción.
Altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dicen que algunos inmigrantes se están aprovechando del proceso de asilo porque cuentan con pasar la entrevista preliminar de miedo creíble y que los dejen libres en Estados Unidos.
La nueva querella, entablada en Washington, amplía la confrontación legal que ya había entre la ACLU y el gobierno federal por políticas de inmigración. Un juez federal en San Diego ordenó la reunificación de miles de familias separadas por la aplicación de la política de cero tolerancia del gobierno de Trump, después de que la ACLU presentó una demanda allí hace unas semanas.
La orden de Sessions anuló la decisión de la Junta de Apelaciones Migratorias de 2014 que concedió asilo a una guatemalteca que huyó de su esposo tras aguantar, según la junta, un “repugnante abuso”. La junta halló que la mujer cubría los requisitos para asilo porque era miembro de un grupo social especial, en este caso: mujeres casadas en Guatemala que no podían desvincularse de su relación.
Los tribunales y los jueces de inmigración son parte del Departamento de Justicia, y Sessions puede sobreseer a la junta. En este caso, Sessions dijo que la junta se había equivocado.
Un juez federal previamente que el gobierno del presidente Trump es el único responsable de reunificar a cientos de menores migrantes que continúan lejos de sus familias tras haber sido separados en la frontera con México, con lo que desinfló un plan del gobierno que intentaba delegarle esa tarea a la ACLU.
“La realidad es que por cada padre que no es localizado, habrá un niño permanentemente huérfano y eso es 100% responsabilidad del gobierno”, afirmó el juez federal de distrito Dana Sabraw.