Se moviliza en la frontera sur
Implementa el nuevo plan con la Guardia Nacional
INMIGRACIÓN: ante la presión de Donald Trump, se comprometió a reforzar la seguridad ante el paso de los inmigrantes.
México formó un equipo para la puesta en marcha del plan migratorio acordado con Estados Unidos y anunció el inicio del despliegue de la Guardia Nacional en su frontera sur, aunque su presencia aún no era notable.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard presentaron el martes en conferencia de prensa al equipo de cinco funcionarios --entre otros, un general y el jefe de las prisiones-- que acudirán a ambas fronteras. El grupo también está integrado por representantes de las secretarías de Exteriores, Bienestar y Trabajo.
Según Ebrard, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la zona militar de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, tenía previsto iniciar un recorrido por el sur “para acelerar el despliegue en la zona” de la Guardia Nacional. Irá acompañado de Francisco Garduño, responsable de los centros penitenciarios.
Su tarea inmediata es “integrar las coordinaciones de la Guardia Nacional” y “respaldar a las instituciones de migración”.
El miércoles (al cierre de esta edición) no había mayor presencia de las fuerzas de seguridad en Tapachula y sus alrededores, donde efectivos del ejército, la policía militar, la marina y la policía federal ya hacían labores de apoyo a los agentes de migración.
En el río Suchiate, fronterizo con Guatemala, continuaba el goteo habitual de migrantes que cruzan irregularmente en rudimentarias balsas hasta territorio mexicano.
El objetivo principal del plan migratorio en el sur es registrar a todos los migrantes, ofrecerles distintas opciones de regularización y devolver a su país al que no quiera registrarse, explicó el canciller.
Ebrard no habló de arrestos pero sí de la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias del sur que están rebasadas y que son centros de detención de migrantes de facto.
“Sobre todo necesitamos tener una presencia en la línea fronteriza que es de registro de quienes ingresan en nuestro territorio”, indicó.
Otra parte del equipo sería trasladado a la frontera norte para atender a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y que esperan la resolución de su proceso en territorio mexicano.
Ebrard no quiso pronunciarse sobre el número de centroamericanos que llegarían a territorio mexicano y anuncio que habrá reuniones a lo largo de la semana con autoridades estadounidenses para tratar este tema.
Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aclaró que la Guardia Nacional no será como la Patrulla Fronteriza estadounidense, ya que colaborará a regular el flujo migratorio pero no a frenarlo. No obstante dijo que la entrada de los migrantes irregulares es un asunto de “seguridad nacional”.
La guardia nacional es el nuevo cuerpo recién creado por el gobierno de México con el objetivo de pacificar al país. Hasta que cuente con elementos nuevos y recién reclutados, la integrarán electivos del ejército, la marina y la policia federal.
Según los datos del Instituto Nacional de Migración ya son más de 11.000 los migrantes retornados con este fin, una cifra que ha crecido sustancialmente en los últimos dos meses dado que a principios de abril apenas superaba los 1.300.
México acordó con Washington reforzar el control de su frontera sur con el despliegue de
6.000 efectivos de la Guardia Nacional y aceptar a los solicitantes de refugio en la frontera norte como parte de un pacto para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones. También se ha comprometido a mostrar los resultados de sus medidas en un plazo de 45 días.
Según Ebrard, la puesta en marcha de todas estas medidas se realizará con presupuesto mexicano y sin ayuda financiera de Estados Unidos.
Violencia, la causa principal
Mientras tanto, un estudio del Observatorio del Sistema de Monitoreo de Desplazamiento del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) reveló que la violencia generalizada de las pandillas, el crimen organizado y la falta de protección para las víctimas son las principales causas del desplazamiento forzado en Honduras, Guatemala y El Salvador.
“Los tres países tienen una de las tasas más altas de violencia globalmente acercándose a los niveles de violencia vistos en zonas de guerra, sin embargo, los Estados de la región se muestran incapaces de crear mecanismos institucionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y seguridad básica de la población”, afirma el informe presentado el martes en El Salvador.
El documento resalta que hay grupos de personas que han estado en un constante abandono, por lo que vulnerabilidad es mayor. Entre ellos destacan las poblaciones indígenas en Guatemala y Honduras.
“Viven en los territorios donde hay una gran cantidad de bienes naturales que son apetecidos por las empresas, y lo segundo es que persiste lo imaginario de que las comunidades indígenas no son sujetos de derechos”.
También señala que las familias pobres son las más afectadas y que las mujeres podrían ser más vulnerables que otros miembros familiares porque enfrentan más responsabilidades.
De acuerdo con los datos recolectados por el Sistema Regional de Monitoreo, en 2018 en El Salvador y Honduras se registraron 1.946 casos de personas que se desplazaron internamente por la violencia generalizada.
“Prevalecen las pandillas, estructuras del crimen organizado como las instancias detonadoras causantes del desplazamiento forzado por violencia generalizada”, afirmó Celia Medrano de Cristosal, una organización regional de derechos humanos que trabaja en favor de los desplazados y que forma parte del Observatorio del Sistema de Monitoreo.
La proporción de mujeres es levemente superior (53,4%) que la de sus pares masculinos (46,6%).
El 43,5% de las personas con necesidad de desplazarse se encontraban entre los 18 y los 50 años, sin embargo, 38,8% fueron niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 años.
El informe, según explicaron a los medios, no presenta cifras del desplazamiento forzado en Guatemala porque el trabajo es reciente.
Aunque estiman que hay 678.000 desplazados en la región, el Sistema de Monitoreo señala que es un fenómeno que sólo Honduras ha reconocido oficialmente. Hasta ahora sólo organizaciones de la sociedad civil en los tres países han intentado brindar protección y cubrir el vacío dejado por los Estados.
El vicepresidente salvadoreño, Felix Ulloa, que asistió a la presentación del informe, prometió que lo abordaran como un tema de nación
“Este ha suido un problema estructural y abordaremos desde la raíz esta situación junto al presidente (Nayib) Bukele”.
En julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador amparó a las víctimas de desplazamiento forzado y ordenó a las autoridades que recobren el control territorial de las zonas dominadas por las maras o pandillas.
La Corte dio un plazo de seis meses a la Asamblea Legislativa y al gobierno salvadoreño para reconocer a las víctimas como sujetos de derechos y categorizarlos normativamente, para lo cual se deberá de revisar y emitir la legislación especial orientada a la protección de víctimas y testigos.
Además ordenó al entonces presidente Salvador Sánchez Cerén la implementación de acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas.