Pecados de omisión
Comenzaron a divulgar listas de abusadores, pero son incongruentes e incompletas, u omiten detalles críticos
ABUSO: líderes católicos prometieron transparencia con el tema del abuso de menores, pero no han cumplido. Tras décadas de proteger las identidades de abusadores sexuales infantiles acusados, y con el fin de revelarlas al público, muchos han comenzado a divulgar listas con los nombres. Sin embargo, éstas son incongruentes e incompletas, u omiten detalles críticos.
Pasaron cuarenta años y tres episodios de cáncer para que Larry Giacalone denunciara el abuso sexual infantil que reclama haber sufrido a manos de un sacerdote de Boston llamado Richard Donahue.
Giacalone demandó a Donahue en 2017, alegando que el sacerdote abusó sexualmente de él en 1976, cuando Giacalone tenía doce años y Donahue servía en la Parroquia del Sagrado Corazón. La demanda nunca llegó a juicio, pero un programa de compensación establecido por la arquidiócesis concluyó que Giacalone “sufrió lesiones físicas y lesiones emocionales como resultado de un abuso físico”, dictando que la institución le indemnizara con 73.000 dólares.
No obstante, y aun después de llegar a un acuerdo sobre la reclamación y pagarle la compensación en febrero de 2019, la arquidiócesis no publicó el nombre de Donahue en su lista de sacerdotes acusados. Tampoco lo hizo tres meses después cuando Mitchell Garabedian, abogado de Giacalone, criticó a la iglesia públicamente por no añadir el nombre en dicha lista.
El mes pasado, dos dirigentes de la iglesia finalmente añadieron a Donahue a la lista, después de que ProPublica indagara los motivos por los cuales no lo habían incluido. Pero eso también sembró confusión. A pesar de que se determinó que Giacalone tenía derecho a recibir compensación, el nombre de Donahue fue añadido a la sección de la lista de sacerdotes acusados en casos considerados como “no corroborados”; casos en los que la arquidiócesis declaró no contar con evidencia suficiente para determinar si el clérigo había cometido el abuso supuesto.
“Otorgarle a la víctima una cantidad considerable de dinero y al mismo tiempo decir que el acusado no es pederasta, es un insulto a la inteligencia de la persona”, dijo Garabedian, quien ha tramitado cientos de casos de abuso durante los últimos 25 años. “Es un ejemplo clásico de cómo la arquidiócesis esquiva, retrasa y evita el asunto”.
En una entrevista con ProPublica, Donahue negó el alegato de Giacalone.
Durante el pasado año y medio, la mayoría de las diócesis de los Estados Unidos, junto con casi dos docenas de órdenes religiosas, emitieron listas de abusadores que estuvieron en sus filas, o que forman parte actual de éstas. Las revelaciones no fueron coincidencia: la información fue impulsada por un informe del Gran Jurado de Pensilvania, dictado en 2018, en el cual fueron nombrados cientos de sacerdotes como parte de una investigación a nivel estatal sobre abuso cometido por miembros del clero. Hasta la fecha y a nivel nacional, se han divulgado los nombres de más de 5.800 de esos sacerdotes; lo cual representa en la actualidad el paso más exhaustivo hacia la transparencia de parte de una Iglesia Católica obstinada por su larga historia de negar y enterrar el abuso de parte de sacerdotes.
Sin embargo, aunque los obispos dedicaran dichas listas a las víctimas del abuso y representaran las divulgaciones como reconocimiento público de su sufrimiento, ha quedado claro que fueron omitidos bastantes supuestos abusadores, y que no existe un estándar común para determinar lo que cada diócesis considera como personas con acusaciones creíbles.
Inicialmente, un vocero de la Arquidiócesis de Boston indicó que Donahue no era parte de su lista de sacerdotes acusados por encontrarse aún bajo investigación, pero comentó posteriormente que el retraso había sucedido “por error”.
Aun cuando las diócesis y las órdenes religiosas identifican a los clérigos acusados en forma creíble, la información que proporcionan acerca de ellos varía ampliamente. Ciertas jurisdicciones entregan datos mucho más específicos acerca de sacerdotes problemáticos, los cuales van desde los lugares donde trabajaron, hasta el total de sus víctimas y los detalles de sus ofensas.
La Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos (U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB) no ha dictado instrucciones acerca de la divulgación relacionada con sacerdotes acusados en forma creíble, dejando que cada una de las diócesis, y las órdenes, decida por su cuenta la cantidad de la información a publicar. La USCCB señala que no cuenta con autoridad para ordenar que las diócesis divulguen nombres ni resuelvan disputas acerca de las personas que deben ser incluidas en las listas; sin embargo, en 2002, tras un escándalo en Boston, la Conferencia en efecto estableció protocolos nuevos destinados a asegurar que los casos de supuesto abuso de parte del clero fueran denunciados y continuados.
“El reconocimiento de la autoridad del obispo local, y el hecho de que las leyes estatales y locales varían, la decisión de divulgar listas, la forma de hacerlo, y de cumplir con diversas leyes civiles en materia de denuncia, ha sido responsabilidad de cada diócesis”, indicó Chieko Nogughi, vocera representante de la USCCB.
Aunque la USCBB pueda proponer pautas para los dirigentes de la iglesia en Estados Unidos, los obispos en sí son nombrados por el Papa y se reportan directamente ante él.
ProPublica recopiló las 178 listas emitidas por diócesis y órdenes religiosas de Estados Unidos hasta el 20 de enero del presente año; también elaboró una base de datos con mecanismos de búsqueda, los cuales permiten que los usuarios busquen a miembros del clero por nombre, diócesis o parroquia. Este representa el primer panorama exhaustivo de la información divulgada públicamente por obispos de todo el país. Hay nombres que aparecen varias veces. En muchos casos, eso se relaciona con sacerdotes que fueron acusados en más de un lugar. En otras instancias, las diócesis han reconocido a sacerdotes que sirvieron en sus jurisdicciones pero que fueron acusados de abuso en otras partes.
Kathleen McChesney, exfuncionaria del FBI que ayudó a establecer un conjunto nuevo de protocolos para protección de menores dentro de la USCCB a principios de los años 2000, lleva casi dos décadas instando a obispos y a órdenes religiosas a crear una lista detallada de miembros del clero acusados. McChesney señaló que nuestra base de datos permitirá que el público pueda seguir la información divulgada de parte de las diócesis con mayor facilidad, en lugar de ver cada lista en forma aislada.
“La gente no sabe dónde buscar”, agregó. “Esta lista única aporta utilidad a muchas personas para que quizás puedan identificar a la persona que creen que abusó de ellas”.
De todos modos, sigue faltando mucha información. A pesar de la ola reciente de divulgaciones, cuarenta y una diócesis, y docenas adicionales de órdenes religiosas, aún no publican listas. Este conjunto incluye cinco de siete diócesis en Florida con una población de más de dos millones de católicos.
La base de datos tampoco incluye muchos de los miembros de clero acusados, pero aún no reconocidos por los obispos, aunque estos hayan emitido listas. La organización llamada Bishop Accountability (Contraloría de Obispos) lleva mucho tiempo manteniendo su propia base de datos de sacerdotes acusados públicamente, usando información obtenida de actuaciones judiciales, artículos noticiosos y documentos de la iglesia. La lista de esta organización incluye más de 450 nombres conectados con diócesis que todavía no han publicado información.
Durante décadas, la
Red de Sobrevivientes, Personas Abusadas por Sacerdotes (Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP), organización que aboga por las víctimas de abuso sexual de parte del clero, ha insistido que las diócesis identifiquen a los abusadores conocidos y entreguen sus expedientes. Este proceso por fin comenzó, pero también sigue perdurando la cultura obstinada de encubrimiento de la iglesia, señala David Clohessy, director de ese grupo por casi treinta años.
“Siguen siendo lo más herméticos posibles, divulgando fracciones de la menor información posible y únicamente bajo presión extrema”, añadió Clohessy. “Son maestros de las sutilezas, siempre lo han sido y lo siguen siendo”.
“¿Conocemos más nombres de sacerdotes predadores que antes? Sí, por supuesto. ¿Nos encontramos cerca de la transparencia total? No, para nada”, agregó.
Hasta hace poco, sólo unas cuantas docenas de obispos habían emitido listas de sacerdotes con denuncias creíbles en su contra. Muchos lo hicieron solo cuando fueron obligados jurídicamente como condición de un procedimiento de bancarrota.
Eso cambió a partir de agosto de 2018, cuando Josh Shapiro, procurador general de Pensilvania, publicó un informe de Gran Jurado, con 900 páginas, detallando, no sólo el abuso, sino el encubrimiento sistemático de los dirigentes de la iglesia en todo ese estado. Dicho informe se dio a conocer sólo semanas después de que fuera derribado por alegatos de abuso Theodore McCarric, entonces Cardenal, exobispo de Washington, D.C., y uno de los dirigentes católicos de mayor rango.
“En general, se sintió que sucedía nuevamente el año 2002”, dijo Kevin Eckery, administrador superior de la Diócesis de San Diego , refiriéndose al escudriño intenso que tuvo lugar después de la investigación ganadora del Premio Pulitzer del diario The Boston Globe relativa al abuso sexual de parte de sacerdotes. “Fue evidente que había necesidad de una respuesta que tuviera que ver con la acción, en lugar de una respuesta que tuviera que ver con las palabras”.
Muchas de las 178 diócesis que publicaron listas nuevas o actualizadas de miembros del clero acusados desde el año pasado, han citado el informe del Gran Jurado de Pensilvania como motivo de tal divulgación.
Sin embargo, a falta de consenso entre los dirigentes de la iglesia, en cuanto a lo que constituye una acusación creíble, los obispos han utilizado normas vastamente distintas para determinar a las personas que deben ser nombradas.
La Arquidiócesis de Seattle, la cual publicara su lista antes del informe del Gran Jurado, comenzó con dividir las acusaciones en tres categorías: casos en los cuales los sacerdotes admitieron los alegatos, o en los que los alegatos se “establecieron” por medio de informes de varias víctimas; casos que claramente no pudieron haber sucedido; y, casos que quedaban en una zona gris, como los que nunca se investigaron plenamente cuando fueron denunciados. La arquidiócesis decidió que nombraría a los sacerdotes cuyos casos quedaran dentro de la primera categoría y dejaría fuera al segundo grupo, pero buscó instrucciones adicionales en relación con la tercera agrupación.
“Tenemos el tema de quién determina la credibilidad”, dijo Mary Santi, canciller y directora en jefe de la Arquidiócesis de Seattle. “Decidimos que nosotros no podíamos tomar ese papel”.
La Arquidiócesis de Seattle pidió la participación de McChesney para que ayudara a determinar los nombres a divulgar. Docenas de diócesis han buscado asesores externos, contratando a exjueces, exagentes del orden público y firmas de abogados; otras dependen de juntas de evaluación internas integradas en su mayoría por personas ajenas al clero.
Al final de cuentas, las diócesis han fijado límites distintos en cuanto a lo que se publica. La Arquidiócesis de la ciudad de Kansas City, Kansas, reveló los nombres de los sacerdotes incluso de casos en los cuales las autoridades no pudieron substanciar los alegatos en sí. En Nuevo Hampshire, el obispo de la Diócesis de Manchester también optó por una mayor transparencia que la mayoría, revelando a los miembros del clero que se encontraban actualmente bajo investigación y a quienes fallecieron antes de completar las indagaciones.
Sin embargo, otras jurisdicciones han trazado líneas más estrechas, a veces basadas en criterios idiosincráticos. En Nebraska, la Arquidiócesis de Omaha deja aparte los nombres de seminaristas con alegatos “corroborados” de abuso en contra de menores. En Ohio, la Diócesis de Toledo no identificó a sacerdotes que fallecieron antes de que los denunciara una víctima debido a que no “posaban ninguna amenaza”, según la explicación en la página web de la diócesis.
Los dirigentes de
SNAP han instado a la diócesis a publicarlos sin éxito hasta la fecha. “Su falta de transparencia es algo devastador para quienes dejaron a su paso”, dijo Claudia Vercellotti, una de las líderes de SNAP en Toledo. “Es ilógico que, aunque haya fallecido el líder de la iglesia, lo protejan en lugar de ofrecer sanación y transparencia a las víctimas”.
Muchas diócesis han elegido no incluir a miembros de órdenes religiosas acusados de abuso, como los jesuitas. Los miembros de órdenes religiosas, quienes representan hasta un 30 por ciento de los sacerdotes en Estados Unidos, son instruidos y ordenados dentro de las mismas, pero pasan gran parte de su tiempo trabajando en parroquias y colegios de diócesis locales.
La Arquidiócesis de Milwaukee, bajo las directrices de su comité de bancarrota asignado judicialmente, revela información extensa acerca de cada uno de los sacerdotes que nombra, además de un cronograma de sus carreras y documentación de cuándo y dónde abusaron de sus víctimas.
No obstante, no incluye sacerdotes de órdenes religiosas y sacerdotes que fallecieron antes de que las víctimas denunciaran el abuso. Los nombres de los difuntos se añaden únicamente si suficientes víctimas se presentan a “mostrar una tendencia”, aunque la arquidiócesis no define la cantidad de acusaciones que se requerirían en ese sentido.
Jerry Topczewski, secretario general del Arzobispo de Milwaukee, Jerome Listecki, señaló que existe espacio para debatir acerca de los miembros del clero que deberían ser nombrados, pero que cada diócesis debe poner límites en algún momento.
“En cierto punto es necesario tomar una decisión”, dijo Topczewski. “Siempre habrá alguien que dirá que la lista no es suficientemente buena, o personas que dirán que la lista está incompleta. Bueno, yo únicamente controlo la lista que puedo controlar, y se trata de sacerdotes diocesanos”.
En cuanto a las diócesis, es imposible saber cuántos miembros del clero acusados han optado por no incluir en sus listas.
En comparación con los dirigentes de la iglesia, la organización Bishop Accountability aplica normas distintas para integración en su lista, al monitorear acusaciones públicas en contra de monjas y demás miembros del clero que a menudo quedan fuera de las listas oficiales.
Por ende, a veces existen brechas importantes entre los cálculos de este grupo y los de las diócesis.
La Arquidiócesis de Boston lista actualmente 171 nombres. Bishop Accountability nombra a 279, los cuales incluyen docenas de sacerdotes de órdenes religiosas omitidos de la lista oficial, así como varios sacerdotes que fallecieron antes de que las víctimas los denunciaran.
“Cada vez que alguien queda fuera de una lista, los obispos deben estar conscientes de que vuelven a traumatizar a los sobrevivientes y duplican el insulto y el dolor”, dijo Terence McKiernan, fundador de Bishop Accountability.
Perdido en los archivos
Durante su carrera de cuarenta años, Alfredo Pardo fue acusado de abusar niños repetidamente en casi todos los rincones de Texas, donde su orden, los Misioneros Oblatos de María Inmaculada lo asignara.
Su nombre aparece actualmente en las listas de sacerdotes con acusaciones creíbles de seis diócesis diferentes. No obstante, cada jurisdicción proporciona información distinta sobre el sacerdote, lo cual hace difícil compaginar el arco de su carrera, la totalidad de sus agravios, o qué sucedió con él.
Una de las listas muestra su ordenación en 1958, mientras que dos otras indican el año de 1957. La Diócesis de San Angelo y la Diócecis de Victoria lo nombran como “Alfred” en lugar de “Alfredo”. San Antonio es la única diócesis que revela el total de los menores que le acusa haber abusado dentro de esa jurisdicción: cinco.
Su estatus también aparece en formas distintas en cada diócesis. En la Diócesis de Corpus Christi se le nombra como suspendido, en la Arquidiócesis de San Antonio se indica que fue despedido de su orden religiosa y del estado clerical; y, en la Diócesis de San Angelo, que fue reducido a estado laico. La Diócesis de Amarillo añade que huyó a Costa Rica, pero no indica cuándo (según los reportajes noticiosos, eso fue a principios de la década de 2000). La Diócesis de San Angelo dice que Prado falleció, pero no indica el año. Únicamente la Diócesis de Victoria proporciona un perfil completo, indicando cada ocasión en la que cambió su estatus, aunque la lista no confirma si ha muerto.
ProPublica contactó su orden, la cual no ha emitido su propia lista. Uno de sus administradores indicó que se desconocía si Prado falleció o aún vive.
El caso de Prado es un ejemplo notable de las incongruencias de los datos que divulgan los obispos acerca de miembros del clero acusados. Lo más llamativo quizás sea que esto sucedió en Texas, donde los dirigentes de la iglesia han hecho esfuerzos en conjunto para coordinar la publicación de sus listas. En el ámbito nacional, las disparidades en las divulgaciones son mucho más marcadas.
En un extremo está la Diócesis de Sacramento en California, la cual emite un comunicado acerca de cada miembro del clero acusado, detallando información de carácter personal que ayuda a distinguir a cada sacerdote, tal como fecha de ordenación, seminarios, fechas de nacimiento y cada lugar en el que ha servido dentro de la diócesis. Los directores también revelan cada acusación presentada en contra del miembro del clero, junto con el año de la denuncia, el carácter del abuso y la edad y sexo de la víctima.
En el otro extremo del espectro se encuentra la Diócesis de Ogdensburg, en la región norte de Nueva York. Su lista proporciona nombres y apellidos de sacerdotes acusados, sin mucha información adicional.
La mayoría de las divulgaciones quedan entre esos dos puntos. Por ejemplo, la Diócesis de San Bernardino, en California, detalla el estatus actual de cada miembro del clero dentro de la iglesia; los puestos que han tenido dentro de la diócesis; las fechas del abuso; y, las fechas en que la diócesis denunció el incidente a las autoridades del orden público.
Las diócesis sistemáticamente etiquetan a clérigos difuntos con la palabra “fallecido". Estos sacerdotes representan casi la mitad de los nombres en la base de datos creada por ProPublica. Las jurisdicciones son menos constantes en cuanto a dar información sobre la ubicación y la posición de miembros de la iglesia aún vivos. Más de setecientos miembros llevan el estatus de “se desconoce” o la información no se incluye.
Son escasos los detalles acerca del abuso de los sacerdotes con acusaciones creíbles. De acuerdo con un análisis de datos realizado por ProPublica, los dirigentes de la iglesia han revelado la cantidad de alegatos presentados en contra de aproximadamente un diez por ciento de los miembros del clero que han nombrado.
A principios de la década de 2000, diócesis en todo el país llenaron encuestas detalladas recopiladas por investigadores del Colegio de Justicia Penal John Jay, dentro del primer estudio nacional sobre el abuso sexual de parte del clero. La USCCB ordenó que este estudio se llevara a cabo dentro de una iniciativa de seguridad nueva delineada en la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes de 2002. Las diócesis siguieron presentando alegatos nuevos cada año ante el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown.
Dos de los investigadores de John Jay que ayudaron a los empleados diocesanos a llenar las encuestas iniciales, dijeron que, en ocasiones, la falta de detalles acerca del abuso de parte de sacerdotes proviene de registros escasos o de las diversas formas en las que se define el abuso, sobre todo en el caso de alegatos más antiguos.
“Se pensaba al respecto en forma diferente, por lo que se registraba de manera distinta de cómo se haría en la actualidad”, indicó Karen Terry, una de las investigadoras.
No obstante, las diócesis tienen información adicional que a menudo no divulgan y que incluye colegios o parroquias a las cuales los clérigos fueron asignados cuando sirvieron en una diócesis.
McChesney, cuya consultora Kinsale Management Consulting ha trabajado con varias docenas de diócesis y órdenes religiosas en el tema de las divulgaciones por más de una década, señala que las diócesis típicamente mantienen archivos con nombres y fechas de las personas que sirven en éstas.
“Si se quiere encontrar el bautizo de una persona en 1889 en la Crosse, Wisconsin, es posible localizarlo", agregó.
Divulgar esos detalles puede ayudar a que los sobrevivientes, sobre todo los que eran muy jóvenes cuando sucedió el abuso, distingan entre diferentes clérigos con nombres comunes o similares, dijo McChesney.
Aproximadamente, sólo un 58 por ciento de los miembros del clero nombrados lleva información acerca de las parroquias o los colegios que sirvieron. A menudo, los historiales de asignaciones proporcionados por las diócesis indican sólo la asignación de un sacerdote dentro de esa diócesis, no los lugares en los que trabajaron ni los puestos que tuvieron el resto de sus carreras.
“Es tan sencillo”, indicó McChesney. “Sólo se requiere un buen vistazo de investigación, y, francamente, si en ocasiones observamos las páginas web de las diócesis y universidades de la zona, podemos configurar las cosas”.
Mary Gautier, investigadora superior asociada del Centro de Georgetown, dijo que las diócesis más pequeñas con límites presupuestarios no siempre cuentan con fondos ni personal para excavar en sus archivos.
“La iglesia es muy buena para llevar archivos, pero se requiere mucho tiempo y personal para revisar realmente años y años de expedientes de personal con el fin de desglosar todo esto”, dijo Gautier. “Y me refiero a ver documentos a mano. Claro está que nada de esto obra en computadoras”.
Décadas de rabia
Después de sus años en Boston, Donahue sirvió gran parte de sus veinte años de carrera en Honduras, donde estableció y dirigió colegios fundados por su organización, la Fundación de Ayuda Olancho. Regresó a Estados Unidos para atenderse con médicos en 2015 cuando se le informó acerca del primero de dos alegatos de abuso en su contra. La segunda acusación, de Giacalone, se dio en 2017.
En la entrevista con ProPublica, Donahue negó los alegatos de ambos hombres y dijo que suponía que sus acusadores lo confundieron con alguien más, o que buscaban compensación de parte de la iglesia. Uno de los acusadores dice que fue abusado durante varios años, hasta 1981; aunque Donahue indicó que había cambiado de puesto a otro lugar de Massachusetts en 1980.
“Jamás conocí a ninguno de los dos”, dijo Donahue en una entrevista en su casa en Cape Cod. “Desde una perspectiva de fe, trato de pensar que hay una razón por la cual he llevado esta cruz estos tres años, por los alegatos falsos. ¿Por qué yo? No lo sé”.
Después del primer alegato de abuso, en 2015, la arquidiócesis prohibió que Donahue participara en el ministerio público o que entrara a propiedades parroquiales o escolares, además de la prohibición de regresar a su labor en Honduras.
El acusador que presentó su denuncia en
2015, asimismo representado por Garabedian, también presentó una reclamación a través del programa de compensación de la arquidiócesis y espera actualmente que la iglesia decida si esta es creíble, mencionó dicho representante.
Giacalone, quien ahora tiene 55 años, dice que el abuso de Donahue le ocasionó décadas de rabia, alcoholismo y abuso de drogas. Dijo que comenzó a beber el día que lo tocó Donahue. “¿A quién iba a recurrir?”, le comentó a ProPublica. “Pensé que sentiría alivio. Las primeras dos veces, sí, me ayudó a olvidar. Pero emborracharse realmente no hace nada por uno”.
Giacalone dijo que había reprobado años en la escuela y que en algún momento dejó de estudiar, además de tener problemas para mantener un empleo y enfrentarse con la policía desde muy joven. En diciembre de 2010 se le impusieron cargos cuando su esposa informó a la policía que la había amenazado y empujado. Los cargos quedaron suspendidos cuando ella decidió no seguir con el caso.
Él no atribuye la disputa con su esposa, ni otros altibajos de su vida, directamente al abuso sexual, aunque menciona que sí matizó todo lo que siguió. “Todo surge, de manera principal, de ese incidente”, agregó.
Cuando un reportero le dijo a Giacalone que la Arquidiócesis de Boston había determinado que su acusación contra Donahue era “infundada”, aun después de la decisión de que Giacalone debía recibir compensación, sacudió la cabeza.
“Me siento mal por los parroquianos”, dijo.
“Ellos también viven una mentira”.
Este reportaje fue publicado en conjunto con el Houston Chronicle.
Katie Zavadski, de ProPublica, y Nicole Hensley, del Houston Chronicle, colaboraron con este reportaje.
Traducción al español de Mati Vargas-Gibson. Corrección en español,
Deya Jordá Nolan.