CRITICAN LEY ESTATAL
En contra de la SB-4 sobre las llamadas ‘ciudades santuario’
El gobierno mexicano, la policía de San Antonio y otros sectores fustigaron la nueva ley de Texas contra las ‘ciudades santuario’, y dijeron que obligar a los agentes del orden a aplicar la ley federal de inmigración puede propiciar discriminación y hará que la numerosa población hispana desconfíe de la policía.
La ley, que entra en vigor en septiembre y que los detractores describen como la más antiinmigrante desde la de Arizona en 2010, permitirá a los agentes preguntar sobre su condición migratoria a las personas detenidas, incluso a conductores de vehículos en revisiones rutinarias de tránsito.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, firmó la ley y transmitió el acto en su página de Facebook sin avisar que lo haría. Algunas decenas de personas protestaron al día siguiente afuera de su mansión en Austin.
La ley generó críticas de México, que es el socio comercial más grande de Texas y comparte estrechos lazos con el estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo en un boletín de prensa que la ley podría pisotear los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y prometió seguir de cerca la situación luego que la ley entre en vigor.
Por su parte, el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, censuró a los republicanos que impulsaron la ley a pesar de las objeciones manifestadas por todos los jefes de la policía de las grandes ciudades del estado.
Según cálculos del Instituto de Política de Inmigración, 1,4 millones de personas viven sin permiso en Texas, incluidas 71.000 en la zona metropolitana de San Antonio.
McManus y otros jefes policiales, entre ellos los de Dallas y Houston, afirman que la ley causará que los inmigrantes no denuncien delitos ni se presenten como testigos por temor a que hablar con la policía pueda costarles la deportación.
Los detractores de la medida temen que resulte en la discriminación de los hispanos y ponga a los agentes en una posición insostenible.
“Será el color de la piel o el idioma. ¿En qué más puede uno basarse?”, se preguntó McManus en referencia a las razones que tendrá un agente para preguntar la condición migratoria a una persona.
“Eso lleva a caracterización. La caracterización redunda en demandas. En mi opinión, no hay nada positivo que esta medida aporte a la comunidad o a la acción policial”, agregó.
Sin embargo, McManus dijo que su departamento abandonará la política que prohíbe a los agentes preguntar la condición migratoria a las personas.
“Vamos a tener que eliminar esa prohibición de los libros”, dijo McManus, quien agregó que posiblemente será necesario capacitar durante un año a los 2.400 agentes bajo su mando sobre la nueva ley de inmigración.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que “este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales”.
Texas adoptó la medida inusual de solicitar a una corte federal en Austin que declare constitucional la ley, de manera preventiva, en anticipación a las demandas que presenten ciudades y grupos defensores de los derechos de las minorías.
Entre los primeros en impugnar la normativa se encuentra la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés), que lo hizo a nombre de una pequeña comunidad fronteriza próxima a México llamada El Cenizo.
La ciudad cuenta con un decreto local de “refugio seguro” desde 1999 que prohíbe a los empleados de la ciudad preguntar a las personas sobre su condición migratoria, según la demanda presentada ante un tribunal federal, dijo el abogado de la LULAC, Luis Vera.
Abbott dijo en declaraciones al programa de televisión ‘Fox and Friends’: “¿No es casi de locura que tengamos que aprobar una normativa que obligue a la policía a cumplir la ley”.
La ley obliga a jefes policiales y sheriffs —bajo la amenaza de prisión o destitución— a que atiendan las solicitudes federales de que retengan a delincuentes en la cárcel para su posible deportación.
Los republicanos tienen una fuerte mayoría en la Legislatura e hicieron a un lado las objeciones demócratas, aun cuando los esfuerzos del presidente Donald Trump para retener los recursos federales a las ciudades santuario han enfrentado obstáculos en las cortes federales.