DEMORADO POR HARVEY
MURO: Scott Nicol, opositor al proyecto, cree que el paso del huracán debería impedir que traten de construirlo.
El gobierno federal trazó cuidadosamente un camino de baja resistencia a la construcción de un muro fronterizo en Texas, al elegir un refugio y otros lugares que posee o controla para iniciar rápidamente las obras. Sólo necesitaba que el Congreso aprobara los fondos. Y entonces llegó Harvey. El gobierno del presidente Donald Trump debe vérselas con las secuelas de una tormenta que arrasó la costa texana del Golfo de México, donde hay zonas que siguen bajo el agua y decenas de miles de personas que abandonaron sus hogares. La reconstrucción requerirá decenas de miles de millones de dólares solo para empezar, y posiblemente a expensas de la prioridad política más conocida de Trump.
La Casa Blanca había pedido 1.600 millones de dólares para construir 120 kilómetros (74 millas) iniciales de muro, el tramo más largo en el Valle del Río Grande.
Por cierto que es una pequeña fracción del costo de la reconstrucción, pero los senadores demócratas han montado una fuerte oposición a los fondos para el muro. Tres días antes del arribo de Harvey, Trump amenazó con paralizar el gobierno si el Congreso no le daba los fondos. Esa amenaza parece haber quedado descartada, como cualquier posible maniobra que vincule el muro a las medidas de mitigación del desastre.
“Si Trump dice, ‘escuchen, solo tendrán los fondos de rescate si me dan el muro’, es una calamidad política total”, dijo el consultor republicano texano Matt Mackowiak. “Es directamente insostenible”.
Antes de la tormenta, el gobierno había dedicado meses a los preparativos discretos para iniciar la construcción. Esta empezaría en el Refugio de Vida Silvestre Santa Ana, un bosque floreciente lleno de mariposas y especies raras de aves junto al río Bravo, que no fue afectado por Harvey.
Los preparativos continúan. El viernes se vieron cuadrillas en Santa Ana que cavaban pozos para ensayos del terreno en el dique construido para contener las aguas del río Grande o Bravo. La directora del Centro Nacional de Mariposas, junto a la frontera, sorprendió a trabajadores que talaban árboles y segaban la vegetación en su propiedad sin su permiso. Y se ha visto a contratistas en el tribunal de un condado vecino estudiando los archivos de propiedad de la tierra.
El gobierno quiere construir en los cinco kilómetros (tres millas) de dique que atraviesa el borde norte del refugio, lo que
separaría el centro de visitantes del resto del parque. El muro tendría una puerta para dejar pasar las visitas. Se eliminaría la vegetación para construir un camino de acceso y dar a los agentes mayor visibilidad.
Según los planes actuales, se construirán otros 40 kilómetros (25 millas) en partes del dique, en tierras que teóricamente son controladas por el gobierno y donde ya se han erigido vallas en el pasado. El resto de las obras abarcará pueblos sobre el río más al oeste.
Scott Nicol, copresidente de la campaña Borderlands del Sierra Club y quien se opone al proyecto, dijo que la tormenta “debería impedir que traten de construir un muro”.
“Si tuviésemos un gobierno que se maneja responsablemente, en defensa de los intereses de Estados Unidos, dirían ‘tenemos cosas más importantes que hacer en estos momentos’”, sostuvo Nicol.
Las autoridades policiales a lo largo del valle del río Grande dicen que el muro es parte de su estrategia para contener el ingreso ilegal de drogas y de personas y que quieren evitar las complicaciones surgidas cuando se aprobó el Secure Fence Act, una ley que contemplaba la construcción de cercas en la frontera y que dio lugar a cientos de demandas y conflictos legales que tomó años resolver. Se construyeron solo 160 kilómetros (100 millas) de cercos en Texas.
Es por eso que quieren empezar en Santa Ana.
“Son propiedades del gobierno”, dijo Manuel Padilla, jefe de la sección de la Patrulla de Fronteras del Valle del Río Grande. “De modo que no tenemos que lidiar con los propietarios de las tierras, algo que toma tiempo”.
El valle es el sector más transitado por los inmigrantes sin papeles y la mayor parte de sus 1.290 kilómetros (800 millas) fronterizo con México no tienen cercos.
“Los contrabandistas explotan el refugio porque las autoridades tienen acceso limitado”, dijo Padilla.
Los opositores al proyecto dicen que Padilla exagera los peligros. La Patrulla de Fronteras afirma que sus agentes registraron solo ocho casos de contrabando de personas en Santa Ana desde octubre, comparado con los más de 2.000 casos que hubo en todo el valle en el mismo período.
Los defensores del medio ambiente, por su parte, aseguran que las obras en Santa Ana producirán daños irreparables en esa zona boscosa y harán peligrar los animales en caso de inundaciones. En el refugio viven varios gatos silvestres en peligro y más de 400 especies de aves.
El Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, puede hacer a un lado ciertas medidas de protección del medio ambiente para acelerar las obras, como ya ha hecho en San Diego. E incluso si el Congreso no aprueba los fondos, el departamento podría estar en condiciones de construir en el refugio reasignando fondos de su presupuesto.