Pasan más tiempo detenidos
Inmigrantes en prisión bajo una política más dura
Olusegun Olusegun Olatunji pagó una multa de 40.700 dólares, estuvo tres meses en un hogar de transición y pasó un año en libertad vigilada por vender sombreros falsos en un centro comercial de Indianápolis.
Este nigeriano que lleva 30 años en el país sin permiso de residencia porque se quedó al vencer su visa fue finalmente apresado y lleva más de tres años peleando para no ser deportado.
Su batalla continúa. Ha pasado por seis centros de detención de inmigrantes, incluido uno de Alabama al que van a parar los casos más complicados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 100.000 inmigrantes en el año fiscal de 2017 y los retuvo un promedio de 34 días antes de liberarlos o deportarlos, según archivos del gobierno. La duración promedio de las detenciones subió respecto a 2016, en que fue de 22 días.
Algunos extranjeros, no obstante, permanecen meses o años presos a la espera de que se resuelvan sus apelaciones o agotando las medidas para no ser deportados.
Y ese tiempo podría aumentar debido a las políticas de línea dura del presidente Donald Trump hacia la inmigración ilegal y un reciente fallo de la Corte Suprema.
Muchos de los casos de inmigrantes que permanecen presos largos períodos involucran a gente como Olatunji, que han sido condenados por delitos comunes, no relacionados con la inmigración, y apelan su orden de deportación.
El nigeriano, que como tantos otros inmigrantes no tiene abogado, dice que quiere quedarse en Estados Unidos para ayudar a su hijo de 15 años, nacido en este país, a que vaya a la universidad.
“Lucharé por él hasta el último momento. Le dije que no me importa el tiempo que tome. Voy a agotar todas mis opciones”, manifestó Olatunji el mes pasado en una entrevista telefónica desde el Centro de Detención del condado de Etowah en Gadsden, una instalación donde los presos soportan malas condiciones, según activistas.
Defensores de la causa de los inmigrantes dicen que los presos tienen los mismos derechos que cualquier sospechoso de haber cometido un delito que espera ser juzgado, pero los tribunales estadounidenses generalmente rechazan esa postura.
A diferencia de los reos que cumplen una sentencia específica, “esta gente no sabe cuánto tiempo permanecerá detenida”, manifestó Donald Anthonyson, director de la organización Familias por la Libertad y quien alguna vez estuvo preso.
En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo de un tribunal inferior que concedía a los inmigrantes arrestados el derecho a pedir la libertad bajo fianza después de haber estado seis meses presos. La mayoría de los sospechosos de haber cometido delitos acuden a una audiencia de ese tipo en cuestión de días.
Un fallo previo permite a los presos con órdenes de deportación solicitar la libertad bajo fianza después de tres meses si su deportación se demora. Ese juzgado dijo que las leyes “no permiten la detención indefinida”.
El ICE declinó pedidos de una entrevista telefónica, pero envió un correo electrónico a la Associated Press en el que dice que el gobierno puede ignorar el límite de tres meses para la deportación si el detenido no gestiona los documentos de viaje o “conspira y trata de impedir” su deportación.
Etowah tiene generalmente unos 300 inmigrantes presos, la mayoría de ellos gente que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos sobre la que pesa una orden de deportación.
Los inmigrantes allí alojados permanecen presos un promedio de 101 días, la segunda estadía más larga registrada en la nación, según cifras de 2017.
Consultas telefónicas hechas por la organización Libertad para los Inmigrantes indican que uno de cada seis detenidos pasa al menos seis meses preso. Un individuo dijo que lleva casi cinco años y medio en prisión.
Olatunji, quien estuvo preso en Etowah en dos oportunidades, dice que ese centro es a menudo la última escala antes de la deportación.
“Cuando te traen aquí, es porque realmente quieren deportarte. Otros centros son más bien sitios transitorios”, expresó.
Hay casi 700.000 casos pendientes de resolución en los tribunales de inmigración, herencia en parte del gobierno de Barack Obama, que se enfocaba más que nada en los inmigrantes sin papeles que habían cometido delitos. Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que intensifique los arrestos y construya más centros de detención.
Olatunji afirma que no recibió un juicio justo y que el gobierno alteró las acusaciones, lo que prolongó su detención. Un juez de inmigración sostuvo que no puede ser liberado porque su deportación sigue pendiente debido a sus apelaciones.