Acuerdo para centro privado de detención de inmigrantes
Para madres y niños en la localidad de Dilley
gobierno de Estados Unidos llegó discretamente a un nuevo acuerdo para mantener abierto un centro de detenciones de 2.400 camas usado para detener a madres y niños inmigrantes, en un arreglo rentable para una compañía privada de prisiones y el diminuto pueblo en Texas donde está ubicado.
El mes pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) firmó un contrato con la municipalidad de Dilley, donde fue abierto el South Texas Family Residential Center en 2014.
Dilley firmó un contrato al mismo tiempo con CoreCivic, un operador de prisiones privadas que administra el centro de detenciones, la mayor instalación de su tipo en Estados Unidos. La municipalidad proveyó los dos contratos recientemente a la prensa en respuesta a un pedido de documentos públicos.
ICE dijo que remplazaba un arreglo que databa de la era de la presidencia de Barack Obama y que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional criticó este año, diciendo que violaba las directrices del presuCivic, puesto y desperdiciaba dinero. Pero el nuevo arreglo tiene algunas de las características criticadas por el inspector general.
Cuando abrió la instalación en 2014, el país estaba registrando un aumento del número de mujeres y niños inmigrantes procedentes de Centroamérica. ICE argumentó que el gobierno federal tenía una necesidad urgente de camas para familias y tuvo que ignorar los estándares del gobierno para contratos, que requieren un proceso de ofertas públicas y amplias revisiones.
ICE modificó un acuerdo de detenciones existente con la municipalidad de Eloy, Arizona, para incluir la instalación de Dilley, a 1.450 kilómetros (900 millas) de distancia. Técnicamente, Eloy administraba la instalación, pero le envió los pagos de ICE a CoreEl llamada entonces Corrections Corporation of America.
En febrero, la oficina del inspector general dijo en una auditoría que ICE modificó inapropiadamente el contrato con Eloy y que la agencia debía haber evitado crear un intermediario y en lugar de ello debió llegar a un acuerdo directo con la compañía que operaba la instalación. La auditoría dio además que la ausencia de un proceso de ofertas pudiera haber causado que ICE pagase excesivamente por los servicios en el centro de detenciones.
La vocera de ICE Nina Pruneda dijo el martes que la agencia creó el acuerdo con Dilley en respuesta a las críticas del inspector general sobre Eloy y que el resto de los términos del contrato siguen siendo los mismos.
ICE le pagará a Dilley unos 13 millones de dólares mensuales por el costo de mantener a los inmigrantes detenidos en el centro. Dilley enviará entonces casi todo el dinero a CoreCivic, menos honorarios administrativos de aproximadamente 438.000 dólares al año.