ICE emplea un doble discurso
Persigue a inmigrantes sin papeles, no a empleadores
Las imágenes de niños llorando luego de que sus padres son detenidos en redadas del servicio de inmigración en Mississippi revivieron viejas quejas: los trabajadores sin permiso de residencia son arrestados o deportados, mientras que los gerentes y los propietarios de las empresas que los contratan generalmente no son procesados.
Bajo el presidente Donald Trump, la cantidad de gerentes y propietarios que han sido juzgados por emplear trabajadores sin papeles se ha mantenido estable, mientras que en todos los otros sectores vinculados con la inmigración ilegal se ha intensificado la aplicación de las leyes.
Las redadas del verano en siete plantas procesadoras de pollos fueron la operación en un sitio de trabajo más grande montada bajo el gobierno de Trump. Generó la detención de 680 personas que estaban en el país sin autorización y se esperaba que a algunas se les radicaran cargos penales. Pero ningún propietario o gerente ha sido encausado por ahora, siguiendo un patrón que viene de otras redadas similares en el pasado.
Abogados y expertos coinciden en que investigar a los gerentes toma más tiempo y es mucho más complejo que detener a los trabajadores. Un obstáculo que viene de antes del gobierno de Trump es que las leyes federales estipulan que la contratación de trabajadores sin permiso de residencia es un delito sólo si se hace “a sabiendas” del estatus irregular del empleado.
“Ese término, ‘a sabiendas’, ofrece una gran defensa a los empleadores”, dijo Muzaffar Chishti, del Instituto de Políticas Inmigratorias. “El empleador dice, ‘lo lamento, no sabía que no estaban autorizados’” a estar en el país.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Matthew Albence, dijo que toda persona que haya violado la ley en Mississippi debía responder por sus actos, incluidos “los empleadores que se benefician de sus delitos”. Las órdenes de arresto de Mississippi afirman que los gerentes de dos de las plantas participaron en el fraude.
Después de que Trump asumió la presidencia, el director interino de entonces, Thomas Homan, dijo que ICE trataría de aumentar en un 400% las acciones en los sitios de trabajo. Y lo hizo. Según estadísticas difundidas por esa agencia en diciembre, se cuadruplicó la cantidad de investigaciones que abrió y de auditorías de los documentos presentados por los empleados al ser contratados. E hizo 2.304 arrestos en los sitios de trabajo, siete veces los del año previo.
La gran excepción fueron los gerentes. En el año fiscal de 2018 fueron detenidos 72 gerentes, comparado con los 71 del año previo. Y 49 fueron condenados, comparado con los 55 de 2017.
El Congreso declaró ilegal la contratación de personas sin permiso de residencia en 1986. Según investigadores de la Universidad de Syracuse, rara vez se llevó a juicio a más de 15 gerentes por año desde entonces. Entre abril de 2018 y marzo de este año fueron enjuiciados 11 gerentes, en siete casos.
Los empleadores pueden ser acusados de otros delitos. El ex propietario de una planta procesadora de carne allanada en Tennessee el año pasado fue condenado en julio a 18 meses de cárcel tras declararse culpable de evasión impositiva, fraude en las transferencias de dinero y de contratar a trabajadores sin permiso de residencia. Hay varias otras investigaciones en curso que siguen a redadas.
Las empresas y sus propietarios, por otro lado, están mejor equipadas para resistir las acusaciones que los trabajadores, que ganan poco y corren peligro de ser arrestados y deportados.
Los trabajadores a veces pueden corroborar que sus patrones los contrataron a sabiendas de que estaban en el país ilegalmente, pero temen dar la cara.
Y si bien tanto gobiernos republicanos como demócratas dicen que la detención de trabajadores sin autorización es una forma de proteger a los trabajadores que son ciudadanos estadounidenses, a muchas empresas les cuesta encontrar personal debido a las bajas tasas de desempleo. Por ello dependen de trabajadores no autorizados para mantenerse productivos y sus procesamientos no son populares, según Chishti.
El propio Trump fue acusado de emplear trabajadores no autorizados en sus hoteles, campos de golf y otras empresas.
“En los papeles, se aplican firmemente las leyes, pero en la realidad, constantemente se las burla”, dijo Chishti.
Thomas Sáenz, presidente del Fondo Legal Mexicano-Estadounidense de Defensa y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), considera que aumentar los castigos por la contratación de personal sin permiso de residencia es contraproducente. Estados Unidos, dice, debería asegurarse de que se cumplen las normas de seguridad en los sitios de trabajo y de que se combate el robo de salarios, reduciendo así los incentivos para que empresas inescrupulosas contraten trabajadores no autorizados.
“Cuando haces que los trabajadores inmigrantes le tengan miedo al gobierno federal, proteges a los empleadores que los explotan”, aseveró Sáenz.
Es común que en estos casos se llegue a un acuerdo en el que la empresa infractora paga una multa y se compromete a tomar medidas como usar el programa E-Verify para corroborar los antecedentes de cualquier potencial empleado.
En agosto de 2018 el ICE allanó una compañía fabricante de remolques en Summer, Texas, y detuvo a 160 personas en la firma Load Trail LLC.
Load Trail había llegado a un acuerdo con ICE cuatro años atrás. Se inició una nueva investigación y abogados de la empresa dicen que están cerca de otro acuerdo. La compañía dijo que había contratado a otra empresa para que corroborara los antecedentes del nuevo personal y se asegurase de que estaban en el país legalmente. En abril hubo una redada en CVE Technology Group, que repara teléfonos celulares, y hubo 284 arrestos. Esa investigación también continúa.
Ambas compañías dicen que sus operaciones se han visto afectadas y que tiene problemas para conseguir personal. Rick Gump, abogado de CVE, dijo que la firma perdió varios contratos después de la redada, causando una merma del 75% en sus negocios.
“Lo más probable es que muchas empresas que operaban en Estados Unidos se hayan ido afuera”, afirmó Gump.