Advierten de más muertes
VIRUS: en los centros de detención de inmigrantes, tras el primer deceso por COVID-19 de un detenido por ICE.
personas morirán a causa del coronavirus en los centros de detención de inmigrantes a menos que el gobierno del presidente Donald Trump mejore rápidamente las condiciones de las instalaciones y libere a más detenidos, advirtieron abogados y defensores de migrantes luego de que se confirmara la semana pasada el primer deceso por COVID-19 de un detenido.
Una querella enviada al Departamento de Seguridad Nacional incluye las experiencias de 17 personas que afirman que se les negó su liberación a pesar de que en algunos casos sufren de padecimientos que aumentan el riesgo en caso de contagio. Entre ellas se encuentran un hombre en remisión tras padecer cierto tipo de cáncer conocido como linfoma folicular y una mujer con prediabetes.
Carlos Ernesto Escobar, un salvadoreño de 57 años, falleció el miércoles tras contraer el virus en el Centro de Detención Otay Mesa en San Diego, California, donde se encuentran 132 de los 705 migrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que han dado positivo a COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. El ICE indicó que ha realizado pruebas de diagnóstico a 1.460 detenidos y mantiene a poco menos de 30.000 personas en detención.
De acuerdo con un representante de su familia, Escobar era diabético y fue conectado a un respirador después de contraer el virus durante su detención. Estuvo hospitalizado desde finales de abril, informó Craig Sturak, portavoz de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del condado de San Diego.
El ICE señaló que ha liberado a más de 900 personas consideradas de alto riesgo. En un comunicado, la agencia detalló que ha escalonado los periodos para comer y de recreación a fin de respetar las normas de distanciamiento social y aislar tanto a quienes tuvieron contacto con alguien con la enfermedad como a los detenidos que apenas llegaron a las instalaciones.
Una coalición de grupos que incluye a la organización American Immigration Council y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración presentó la querella el jueves, en la que se subrayan las persistentes acusaciones de que a los detenidos no se les ha proporcionado equipo de protección, suministros de limpieza ni se les da el espacio adecuado para mantener un distanciamiento soMás cial.
Katie Shepherd, una abogada de American Immigration Council, dijo que la muerte de Escobar era evitable y culpó al ICE por “una pérdida sin sentido de la vida humana”.
Shepherd exhortó al ICE a acelerar la liberación de personas en sus centros y ofrecer más equipo de protección personal a los detenidos.
“Sabíamos que esto iba a ocurrir. Sólo era cuestión de cuándo”, afirmó Shepherd. “Pero temo sobre cuántas muertes más habrá”.
Personas detenidas en Otay Mesa han reportado que se les han negado cubrebocas a menos que firmen una exención que evita que responsabilicen a CoreCivic, la compañía que opera el centro de detención privado, en caso de que contraigan el virus dentro de las instalaciones. Una vocera de CoreCivic negó que se estén reteniendo los cubrebocas, pero sostuvo que el formato original para requerir la firma ha sido retirado.
Un hombre detenido en otras instalaciones de CoreCivic, el centro de detención de Houston, describió en la querella que se le entregó un documento similar de exención, el cual firmó “para evitar problemas con los agentes”.
El hombre también alegó que los custodios no les brindan jabón suficiente para ducharse, ni les han entregado guantes de uso diario cuando los detenidos limpian sus celdas. Dos detenidos en las instalaciones de Houston han confirmado que en el lugar hay casos de personas con COVID-19.
La versión del hombre no pudo ser verificada de manera independiente. La portavoz de CoreCivic, Amanda Gilchrist, rechazó que a los detenidos no se les esté brindando jabón, y agregó que los custodios repartieron una botella de 60 ml. (dos onzas) a cada persona y dieron botellas adicionales de forma gratuita.
En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.
Otay Mesa ha sido foco de infección de COVID-19, y casi uno de cada cinco inmigrantes ha sido diagnosticado con la enfermedad a nivel nacional. Además, 10 de los 39 empleados de detención que han dado positivo trabajan en Otay Mesa.
Dos custodios de un centro de detención migratoria de Monroe, Luisiana, fallecieron a finales del mes pasado por coronavirus: Carl Lenard, de 62 años, y Stanton Johnson, de 51.
Samuel Bettwy, abogado del Departamento de Justicia, dijo el lunes en una audiencia que el detenido de San Diego fue intubado en un hospital con pronóstico poco favorable. Aunque su deceso no fue sorpresivo, grupos activistas que han presionado al ICE para que libere bajo fianza a los detenidos no tardaron en arremeter contra la agencia.
“Esta trágica noticia es una nueva evidencia de que el no tomar medidas resultará en una muerte cruel e innecesaria”, comentó Monika Langarica, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles de los condados de San Diego e Imperial, que ganaron una demanda para forzar la liberación de decenas de personas de edad avanzada y médicamente vulnerables que se encontraban detenidas en Otay Mesa.
La frecuencia en la realización de pruebas de diagnóstico podría estar relacionada con la elevada tasa de infecciones en Otay Mesa. Durante la audiencia del lunes, las autoridades señalaron que 119 de 171 (70%) de los detenidos que fueron analizados en Otay Mesa arrojaron positivo. El ICE se limitó a decir que ha realizado pruebas a 705 detenidos en todo el país, sin desglosar el número de análisis por centro de detención.
El primer positivo en Otay Mesa fue un guardia, cuyo diagnóstico se dio a conocer el 31 de marzo. La instalación está diseñada para alojar a 1.970 detenidos del ICE y del Servicio Federal de Alguaciles, pero la cifra se ha reducido en semanas recientes.