Turner y otros alcaldes piden por ayuda federal
Houston, Chicago, Denver, Nueva York y Los Ángeles solicitaron una reunión con el presidente Joe Biden
Los alcaldes de Houston, Chicago, Denver, Los Ángeles y Nueva York han pedido una reunión con el presidente Joe Biden a fin de obtener ayuda federal para manejar la oleada de migrantes que, dicen, llegan a sus ciudades con poca o ninguna coordinación, apoyo o recursos del gobierno.
En una carta a la que tuvo acceso The Associated Press el miércoles, los cinco mandatarios demócratas dicen que si bien reconocen los esfuerzos realizados por Biden, es necesario hacer mucho más para aliviar el problema que agobia a sus ciudades.
Migrantes duermen en salas de recepción de comisarías en Chicago. En Nueva York, un buque crucero sirve de refugio. En Denver, el número de migrantes se ha decuplicado y el espacio disponible para alojarlos ha desaparecido. A falta de autorizaciones de trabajo, estos migrantes no pueden conseguir empleos que les permitan conseguir viviendas.
El alcalde de Denver, Mike Johnston, que encabeza la coalición, dice que casi todas las conversaciones que ha mantenido con migrantes comienzan con la misma pregunta: ¿puede ayudarme a conseguir empleo?
“La crisis es que tenemos gente desesperada por conseguir empleo. Y tenemos empleadores desesperados por contratarlos. Y tenemos un gobierno federal que impide a los empleadores contratar empleados que quieren trabajar”, dijo Johnston.
También firmaron la carta los alcaldes de las cuatro ciudades más grandes del país, Eric Adams de Nueva York, Karen Bass de Los Ángeles, Brandon Johnson de Chicago y Sylvester Turner de Houston.
La situación en la frontera con México fastidia al presidente demócrata, que aspira a la reelección en 2024. Recibe críticas de miembros de su propio partido que deben ocuparse de la oleada de migrantes en sus ciudades. Los republicanos lo acusan de descuidar la seguridad de la frontera y permitir el ingreso de demasiadas personas.
Ha respondido endureciendo las normas destinadas a impedir el ingreso ilegal al país y con ofertas de autorización de empleos y otros incentivos a quienes entran legalmente, con visa y en avión.
Son muchos los motivos de las grandes oleadas de migrantes en estas ciudades, entre los cuales se destacan las penurias económicas y climáticas en sus países de origen. Familias en número creciente arriban para solicitar asilo.
Algunos estados con gobernadores de derecha han enviado migrantes a las llamadas ciudades santuario como Nueva York o Chicago, más acogedoras para los extranjeros. Pero eso por sí solo no explica por qué esas ciudades reciben semejantes oleadas.
En años anteriores, los recién venidos quedaban en libertad y los recogían organizaciones sin fines de lucro antes de ir a vivir con familiares que ya se encontraban en el país. Pero las nacionalidades han cambiado, y muchos no tienen adónde ir.
La obtención de asilo es un proceso largo y difícil a través de un sistema de cortes inmigratorias totalmente sobrepasado en su capacidad. En algunos casos, el migrante debe esperar hasta una década para su audiencia. Se les permite esperar dentro de Estados Unidos. Algunos están en condiciones de buscar empleo, pero las autorizaciones llegan con gran demora. También hay temores de que se facilita el empleo, muchos intentarán llegar a pie. Por eso, miles están en el limbo, sin poder trabajar, durmiendo en refugios o en instalaciones del gobierno.
Disputa en Texas
Una jueza federal ordenó el lunes a agentes de la Patrulla Fronteriza que no interfieran con el alambre de púas que instaló Texas en un cruce de gran actividad migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, y dijo que sólo se puede cortar la barrera para brindar asistencia durante emergencias médicas.
La orden temporal de restricción que firmó la jueza federal de distrito Alia Moses permite que los agentes federales corten el alambre de púas a fin de “brindar ayuda médica de emergencia” a migrantes, algunos de los cuales sufrieron cortes o quedaron enredados en el alambre después de cruzar el río Grande, en su intento por ingresar a Texas. Pero fuera de eso, Moses determinó que las barreras deben permanecer intactas por el momento, mientras el caso se dirime en las cortes.
Texas demandó al gobierno federal la semana anterior por la destrucción del alambre de púas en Eagle Pass, por donde miles de migrantes cruzaron a finales de septiembre y sobrepasaron los recursos federales de procesamiento y la ayuda humanitaria.
“Otra victoria para Texas y nuestra histórica misión fronteriza”, publicó el gobernador Greg Abbott en X, la plataforma conocida anteriormente como Twitter.
Portavoces de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) dijeron que no hacen comentarios sobre litigios pendientes, pero que se apegarán a la orden.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen una responsabilidad dictada por la ley federal de poner bajo custodia a las personas que han ingresado a territorio estadounidense sin autorización con el fin de que sean procesadas, y también de actuar cuando existen condiciones que ponen en riesgo a nuestra fuerza de trabajo o a migrantes”, señaló la agencia en un comunicado.
La orden de Moses únicamente menciona en específico el alambre de púas que se instaló en Eagle Pass. Miembros de la Guardia Nacional de Texas también lo han instalado en otros tramos de la frontera en los que hay una elevada cantidad de cruces, incluidos Brownsville y El Paso.
El alambre de púas forma parte de la misión de seguridad fronteriza de Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria, la cual busca disuadir a los migrantes de ingresar por la frontera sur y canalizar a quienes crucen hacia los puertos de entrada. Migrantes de todas las edades, incluidos niños, han sufrido cortes y lesiones luego de entrar en contacto con el alambre de púas.
Abbott ha convertido a Eagle Pass en el epicentro de su misión fronteriza, que ha puesto a prueba los límites de las acciones policiales para impedir el paso de migrantes. En los últimos dos años, Texas ha instalado barreras flotantes en aguas internacionales, arrasado con islas sin autorización federal y enviado a miles de migrantes en autobús hacia ciudades con gobiernos demócratas en distintos puntos de Estados Unidos.
Ahora busca otorgarle facultades a todos los cuerpos policiales de Texas para detener a migrantes y ordenarles que salgan del país amparándose en un proyecto de ley que los republicanos impulsan en el Congreso estatal.
Texas argumenta que el gobierno federal está “socavando” sus medidas de seguridad fronteriza al cortar el alambre de púas. En su demanda, el estado destacó que miles de migrantes han entrado al país de forma ilegal por Eagle Pass.
La orden entrará en vigor hasta el 13 de noviembre. Se programó una audiencia en el caso para la próxima semana.
Más autoridad para arrestos
Texas está más cerca de otorgar a la policía una nueva y amplia autoridad para arrestar a inmigrantes y ordenarles que abandonen Estados Unidos en virtud de un proyecto de ley que la Cámara de Representantes estatal presentó la semana pasada.
Esto podría acercar al gobernador republicano Abbott a una posible nueva confrontación con la administración demócrata Biden sobre inmigración.
La propuesta ha hecho estallar los ánimos en el Capitolio de Texas, donde legisladores demócratas hispanos encabezaron horas de emotivas protestas sobre cuestiones raciales y la legalidad del plan antes de que los republicanos de la cámara baja aprobaran el proyecto de ley en una votación partidista antes del amanecer del miércoles para jueves de la semana pasada.
Una propuesta similar ya fue aprobada por el Senado de Texas, lo que significa que los republicanos ahora deben acordar una versión antes de enviarla al escritorio de Abbott para su firma.
“Nuestros pedidos de ayuda para hacer cumplir las leyes federales de inmigración existentes han sido ignorados por el presidente Biden. Ya hemos tenido suficiente”, dijo el representante estatal republicano David Spiller, autor del proyecto de ley de la cámara baja.
Dos años después de que Texas ampliara los límites de la aplicación de la ley de inmigración —transportando a los inmigrantes fuera del estado, colocando alambre de púas a lo largo de la frontera e instalando barreras con barriles en el río Grande, los nuevos planes para permitir que la policía estatal arreste a los inmigrantes y les ordene que abandonen el país están estableciendo otra prueba que probablemente enfrentaría un desafío judicial.
Los opositores dicen que otorgar tal poder a todas las fuerzas del orden de Texas correría el riesgo de arrestos involuntarios de ciudadanos estadounidenses, pondría en peligro a familias de estatus migratorio mixto durante salidas de rutina y haría que las víctimas de delitos tuvieran miedo de acudir a la policía en busca de ayuda.
Más fondos para la frontera
Mientras tanto, Biden está tratando de endulzar su propuesta para destinar más dinero a Ucrania añadiendo miles de millones de dólares para proteger la frontera entre Estados Unidos y México, con la esperanza de atraer el respaldo de más republicanos.
La idea surgió a fines del mes pasado, después de que la ayuda a Ucrania fuera eliminada de una medida provisional para mantener el gobierno en funcionamiento debido a la creciente resistencia republicana a financiar el envío de armas. Muchas cosas han cambiado desde el 30 de septiembre: la Cámara de Representantes perdió a su presidente y los republicanos pasaron apuros para finalmente elegir el miércoles a uno nuevo, y el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre ha provocado una petición de fondos mucho mayor por parte de la Casa Blanca.
No está nada claro que la inclusión de unos 14.000 millones de dólares en dinero para la frontera en el paquete de gastos de 106.000 millones de dólares que la Casa Blanca envió el viernes de la semana pasada al Congreso vaya a aplacar a los que se resisten.
“La frontera nunca ha sido una cuestión de dinero”, dijo el representante republicano por Texas Dan Crenshaw. “Siempre ha sido una cuestión política. Así que tenemos que someterlo a una discusión profunda, ir a la Casa Blanca y resolverlo”.
Puede que el conflicto en Oriente Medio haya alejado por ahora parte de la atención de los sucesos en la frontera entre Estados Unidos y México, pero los retos migratorios a los que se enfrenta Estados Unidos son cada vez más difíciles de resolver. Los gobernantes demócratas, tanto a nivel estatal como local, piden ayuda federal para atender a las familias inmigrantes que viven en albergues miserables y duermen en comisarías. Los republicanos critican duramente las políticas fronterizas de Biden por considerarlas demasiado laxas. Y el Congreso no ha aprobado una reforma a las leyes que regulan la inmigración en décadas.
Cada vez hay más migrantes en la frontera sur —los arrestos por los cruces ilegales allí se incrementaron 21% en septiembre, a 218.763—, y Biden ha afirmado reiteradamente que el Congreso debe actuar para corregir las obsoletas leyes de inmigración. Pero mientras tanto, su gobierno ha desarrollado políticas destinadas a disuadir a los inmigrantes de emprender un viaje peligroso y a menudo mortal, al tiempo que abre nuevas vías para la inmigración legal.
La solicitud de financiamiento es un intento no sólo para manejar el elevado volumen de personas que cruzan la frontera con México, sino también para hacer frente al creciente número de migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, a la espera de que se emita un fallo sobre su caso.
La propuesta de la Casa Blanca incluye 1.600 millones de dólares para contratar a 1.600 funcionarios de asilo y empleados que procesen casos, lo que podría duplicar el número de personas que trabajan en ello. Recomienda también asignar 1.400 millones de dólares para añadir 375 jueces de inmigración y sus equipos, adicionales al dinero para contratar a 1.300 agentes fronterizos nuevos. Hay 4.400 millones de dólares asignados a las labores del Departamento de Seguridad Nacional, lo que incluye incrementar el financiamiento para las instalaciones de detención mientras el gobierno trabaja para deportar rápidamente a las personas que no cumplen con los requisitos para concederles asilo.
“Ese es un empeño real y un reconocimiento del retraso que existe en el procesamiento de los casos”, dijo Colleen Putzel, analista adjunta de políticas en el Instituto de Políticas Migratorias, un centro de investigación sobre la inmigración.
Adicionalmente se han solicitado 1.300 millones de dólares para centros regionales para migrantes afuera de Estados Unidos, una nueva iniciativa negociada por el gobierno de Biden con el fin de alentar a las personas que aspiran a emigrar a permanecer donde estén y solicitar asilo antes de cruzar la letal selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá.
La solicitud también incluye 1.400 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y locales a proporcionar albergue y servicios para los migrantes, luego de ruegos de parte de alcaldes y gobernadores demócratas que desean más apoyo para atender a los migrantes recién llegados.
El republicano Crenshaw dijo estar de acuerdo con las tres prioridades de la propuesta del presidente: Ucrania, Israel y la frontera con México. “Teóricamente estamos en el camino correcto aquí”, señaló.
Pero agregó: “el punto conflictivo va a estar en los detalles. La frontera no es un tema que verse sobre el dinero; hay algo de dinero que necesita ser gastado en ciertas cosas, pero es mucho más acerca de políticas. Por lo tanto, vamos a especificar muy claramente la necesidad de que la política sea eficaz. Cuando digo eso, me refiero a la reforma al asilo”.