HASTA DÓNDE LLEGA EL PODER DE LA MIGRA
La agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hoy sobresale por su celo para deportar gente pero no por su precisión. El alto precio de este proceder se ve en las familias que se van dividiendo alrededor del país.
Esto se ve en los operativos en donde irrumpen para detener a una individuo especíÀFR \ VH WHUPLQDQ OOHYDQGR a otras personas . Y ahora se repite en la primera edición del Decline Detainer Outcome Report dado a conocer el lunes, donde los errores abundan.
El reporte surge de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige una publicación semanal de las cárceles condales que no entregan a ICE los individuos solicitados para ser deportados.
Los tribunales federales en UHSHWLGDV RFDVLRQHV DÀUPDURQ que ICE no tiene la autoridad constitucional para exigir la entrega de un individuo con solo solicitarlo. La respuesta es opcional para las autoridades policiales locales.
De ahí la amenaza de la administración Trump de quitar subsidios federales a las ciudades que no colaboren con ICE y la nueva estrategia de querer avergonzar a quienes no entregan a sus detenidos señalándolos como responsables de poner en peligro la seguridad de EEUU.
El problema es que, quizás en el afán de hacer más grave la situación, se nombraron más condados de lo que correspondía. El condado de Nassau, en Nueva York; el de Montgomery en Iowa y el de Williamson, aseguraron que trabajan con ICE y en el condado de Clark, Nevada, protestaron porque ellos participan en el programa 287 (g).
El reporte indica que entre el 28 de enero y el 3 de febrero se emitieron 3,083 solicitudes (detainers), siendo rechazadas 206 (cerca del 7%). No es casualidad que la mayoría de ellas, más de 100, provenga del Condado de Travis, Texas, en donde está la ciudad de Austin.
El juez federal Andrew Austin explicó que las autoridades de inmigración le dijeron que se puso una atención especial en esa ciudad durante los operativos de febrero debido a la política de la Sheriff Sally Hernández. Ella fue electa allí por centrarse especialmente en los indocumentados peligrosos.
El primer reporte muestra que el propósito del documento es exclusivamente político, tal como lo es la actual política migratoria. No tiene nada que ver con la seguridad pública. Por el contrario, el peligro es la presión para que las autoridades locales actúen como empleaGRV PLQDQGR OD FRQÀDQ]D GH la comunidad inmigrante.