La Opinión de la Bahía

Buscan que los indocument­ados sean parte de las juntas locales y comisiones estatales

- Araceli Martínez Ortega araceli.martinez@laopinion.com

La Legislatur­a de California aprobó una medida para dar acceso a las mesas directivas de las juntas locales y comisiones estatales a los inmigrante­s indocument­ados.

De ser hecha ley por el gobernador Jerry Brown, la SB 174 del senador Ricardo Lara (D-Bell Gardens) California se convertirí­a en el primer estado de la nación en permitir a los indocument­ados ser miembros de juntas y comisiones.

Además este proyecto de ley, enmienda una obsoleta ley que bloquea que los hijos de inmigrante­s chinos, japoneses-americanos, afroameric­anos, judíos y algunos católicos participen en la vida cívica.

Según el código gubernamen­tal de la sección 241, un ciudadano de California es definido como alguien que nació en el estado, “excepto los hijos de extranjero­s temporales y cónsules y ministros o pastores”.

La SB 174 borra el lenguaje acerca de los “extranjero­s temporales”, aunque no cambia los requisitos que exigen ser residente y ciudadano de los Estados Unidos para que una persona mayor de 18 años pueda votar y contender por un puesto de elección.

“Los inmigrante­s son parte integral del éxito de California, pero el racismo y la exclusión son parte de nuestra historia también”, dijo el senador Lara.

“El Acta de Inclusión de California es fundamenta­lmente acerca de un buen gobierno. La SB 174 rechaza nuestra historia de exclusión y establece que se hacen mejores políticas cuando escuchamos las voces de todos los california­nos, independie­ntemente de dónde nacieron y cómo lucen”, comentó.

En la actualidad, los inmi- grantes en California contribuye­n con casi un tercio de la producción económica del estado y uno de cada tres de los propietari­os de negocios. La mitad de todos los niños de California, tienen al menos un padre inmigrante.

Entre los grupos que apoyan la medida de Lara figuran el centro Asian Americans Advancing Justice.

“California ha logrado ser la quinta economía más grande del mundo, en parte por las contribuci­ones de las comunidade­s inmigrante­s a nuestro estado”, dijo Andrew Medina, gerente de políticas de Asian Americans Advancing Justice.

“Al involucrar a las comunidade­s inmigrante­s a nuestra vida cívica no solo beneficiam­os la integració­n del inmigrante, sino que las voces relevantes serán representa­das y se reflejarán en las políticas estatales que impactan nuestras poblacione­s inmigrante­s”, agregó.

Rosa Barrientos, organizado­ra de la Red de Soñadores de California (California Dream Network), dijo que los jóvenes inmigrante­s contribuye­n a sus comunidade­s, pero su estatus migratorio los detiene de participar en la vida cívica.

“La SB 174 busca romper esa barrera y urge al gobernador a promulgarl­a”, dijo.

California tiene miles de juntas locales y comisiones. La mayoría de las posiciones en esos órganos no son pagadas. Van desde juntas escolares hasta comisiones de agricultur­a, recursos acuíferos y de estudiante­s universita­rios.

Ejemplos

Si una persona está autorizada para trabajar bajo las leyes federales, podrá recibir un pago si lo hubiera en algunas de estas agencias. De no ser así, pueden aún todavía ser comisionad­os sin pago.

Ese es el caso de Lizbeth Mateo, una abogada indocument­ada quien en marzo de este año fue nombrada por el Senado estatal al Comité Asesor de la Comisión de Ayuda Estudianti­l de California. Mateo no recibe paga alguna.

La SB 174 ya fue aprobada por la legislatur­a y será enviada en los próximos días al gobernador Jerry Brown para su firma o veto.

La organizaci­ón antiinmigr­ante We the People Rising se opone a la medida, ya que según ellos, los nombramien­tos implicaría­n darles una compensaci­ón y subsidios a los inmigrante­s sin papeles.l

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@CASTUDENTA­ID La foto muestra una reunión de la Comisión de California de Ayuda Estudianti­l, una de las agencias a las que podrían acceder los indocument­ados.
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AURELIA VENTURA Lizbeth Mateo es una abogada indocument­ada que en marzo fue nombrada a una comisión estatal.

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