Las cinco claves para entender la reforma migratoria de Biden
La semana pasada el presidente Joe Biden presentó su reforma migratoria con la cual buscará crear la ruta hacia la ciudadanía para indocumentados, “dreamers”, portadores de TPS y trabajadores agrícolas, pero también considerar nuevas estrategias para vigilar la frontera.
La “America’s Citizenship Act of 2021” (“Ley de Ciudadanía de EE.UU. del 2021”) es patrocinada por el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey) y la representante Linda Sánchez (California), pero es apoyada –de entrada– por más de 70 demócratas en la Cámara y 19 senadores, quienes firman como copatrocinadores .
Las organizaciones civiles en defensa de inmigrantes y de la comunidad latina han celebrado el proyecto.
“Después de cuatro años de intolerancia y brutalización antiestadounidense, este prometedor proyecto de ley brinda a Estados Unidos la oportunidad de mirar hacia el futuro y reconocer las contribuciones masivas que hacen los inmigrantes a nuestro lugar de trabajo, la economía y la sociedad estadounidenses”, consideró María Teresa Kumar, presidenta y CEO de Voto Latino.
El plan, sin embargo, enfrentará un duro camino en el Congreso, sobre todo en el Senado, donde requiere de 60 votos, que solamente podrían lograrse con apoyo de republicanos.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), tendría la opción de promover la regla de Reconciliación, a fin de aprobar la reforma, debido a que en la Cámara sería más fácil conseguir los votos necesarios, pero funcionarios de la Casa Blanca indicaron que “era muy pronto para especular” al respecto, en espera de negociaciones con republicanos.
La propuesta debe ser aprobada en varios comités en ambas cámaras, antes de llegar a sus respectivos plenos.
Son cuatro los grupos de inmigrantes que serían beneficiados con la reforma, incluidas aquellas personas que han estado bajo ningún programa previo, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El beneficio de una “green card” inmediata sería para los “dreamers” y portadores de TPS, pero no es un pase automático, ya que deberán aprobar las revisiones de historial de estancia en el país, incluido récord criminal.
Aquellos indocumentados que llegaron al país antes del 1 de enero del 2021 podrán aplicar por el beneficio. Las personas que ingresaron sin autorización después de esa fecha serán procesadas para deportación.
Estos inmigrantes también deberán aplicar por una “green card” temporal de cinco años, luego una permanente por tres años y después solicitar la ciudadanía. Las revisiones de su historial incluyen su correcto pago de impuestos anuales.
A la par que el presidente Biden presentó una iniciativa para proteger a la familias LGBTQ+, la reforma migratoria busca eliminar la discriminación, como el caso de Derek Mize y Jonathan Gregg, quienes tuvieron que presentar una demanda en julio de 2019 después de que el Departamento de Estado se negara a reconocer a su hija Simone como ciudadana estadounidense.
“Se reforma el sistema de inmigración basado en la familia para mantener unidas a las familias recuperando visas de años anteriores para eliminar los atrasos, incluidos los cónyuges e hijos de los titulares de la tarjeta verde como miembros de la familia inmediata”, indica la propuesta. “También elimina la discriminación que enfrentan las familias LGBTQ +”.
La propuesta ofrece modificaciones para visas laborales, como la H-1B, pero también plantea lineamientos para evitar “la competencia desleal” en comunidades específicas, es decir que los estadounidenses se vean afectados por salarios bajos ofrecidos a inmigrantes.
“El proyecto de ley también crea un programa piloto para estimular el desarrollo económico regional e incentiva salarios más altos para visas de no inmigrantes altamente calificadas”, indica. “Para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses”.
El plan toma especial enfo
OEntre las primeras críticas de grupos conservadores a la reforma es su consideración a una política de “frontera abierta”, aunque la Administración Biden propone cambiar el paradigma de vigilancia, enfocado al tráfico de personas y drogas a través de alta tecnología.
“Moderniza y gestiona la frontera de forma eficaz mediante el uso de tecnología que mejora nuestra capacidad para detectar el contrabando y combatir las redes delictivas transnacionales”, señala.
Cabe aclarar que el ingreso de indocumentados, a quienes también se llamará “no ciudadanos”, no será autorizado. Quienes hayan entrado al país después del 1 de enero del 2021 serán deportados, aunque se busca mejorar los procesamientos de petición de asilo.
“También autoriza y proporciona fondos para el DHS, en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y expertos no gubernamentales, para desarrollar pautas y protocolos para los estándares de atención para individuos, familias y niños”, se indica.