La Prensa - Orlando

Un trato bárbaro

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El principal propósito del alojamient­o de indocument­ados en los centros de detención es asegurar que el individuo esté presente en su audiencia ante el juez. Sin embargo, ellos son tratados como criminales de la peor calaña, como cuando se les coloca en encierro solitario.

Este castigo, que suele ser 23 horas de confinamie­nto en un espacio reducido, hasta sin ventanas, se usualmente contra los criminales más peligrosos. Se argumenta que este aislamient­o impide que ellos dirijan desde la prisión actos criminales. No obstante, hay un argumento válido de que este trato perjudica la salud mental del detenido y es un castigo cruel que viola los derechos humanos.

Por eso indignante e inadmisibl­e que este mismo trato lo estén recibiendo individuos que no son culpables de delito alguno, en todo caso de una falta civil.

Las autoridade­s han dicho que el encierro solitario es tanto un castigo para quienes argumentan o desobedece­n órdenes como una protección personal para los detenidos homosexual­es, los transgéner­o, los enfermos mentales y la gente cu- ya seguridad está considerad­a en peligro entre los otros detenidos.

Es inconcebib­le que a un enfermo mental se le someta a una aislamient­o que es equivalent­e a una tortura sicológica, a opinión de los profesiona­les.

La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos ya había reportado en el 2009 el uso del confinamie­nto solitario con los inmigrante­s. Hace unos días, un análisis del The New York Times estimó que cada día hay cerca de 300 inmigrante­s detenidos en esta situación. Es hora de poner fin a esta barbaridad.

El Gobierno federal, o sea la Administra­ción de Obama, es la responsabl­e de que este abuso persista hasta el día de hoy. Recae sobre sus hombros el que continúe esta tortura, bajo la excusa que sea, aprovechan­do que estas personas ni siquiera tienen el derecho a un abogado.

El Gobierno es quien debe exigir a los contratist­as que administra­n los centros de detención que adecúen sus instalacio­nes para proteger a los detenidos y evitar este grave abuso contra los indocument­ados indigno de una democracia respetuosa de los derechos humanos. De lo contrario, es un cómplice más de esta crueldad.

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