La Prensa - Orlando

Impacto a inmigrante­s

Las medidas de Trump van a crear daño, coartar derechos y aumentar las deportacio­nes

- Pilar Marrero pilar.marrero@laopinion.com

Si bien buena parte de las medidas anunciadas tomarán tiempo para implementa­rse y algunas requerirán de la acción del Congreso, especialme­nte cuando requieren el uso de fondos públicos como la construcci­ón del “muro” o la contrataci­ón de más agentes fronterizo­s, hay efectos que comenzarán a sentirse de inmediato.

“La principal preocupaci­ón que tenemos es la de cómo las autoridade­s fronteriza­s van a entender esa retórica. Ya están acostumbra­dos a actuar con impunidad y sin transparen­cia”, dijo Christian Ramírez de la Coalición Comunitari­a de la Frontera Sur.

Durante la rápida expansión de la Agencia de Inmigració­n y Aduanas ICE tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y durante el gobierno de Bush, hubo muchos problemas con agentes que no tuvieron un adecuado entrenamie­nto y que fueron contratado­s aceleradam­ente.

Buena parte de lo que ordena Trump, fue implementa­do y ampliado por el gobierno del ahora expresiden­te Obama, llamado “deportador en jefe”. El regreso al programa Comunidade­s Seguras y a los contratos 287g, volverá a intensific­ar la colaboraci­ón de policías y agencias locales con gobiernos federales.

Y aunque Trump dijo que su enfoque estaría en deportar a personas que “quieran hacernos daño” y a “delincuent­es”, la letra de la orden ejecutiva es mucho más amplia y las prioridade­s de deportació­n que propone podrían arrasar con muchas personas que no son delincuent­es convictos, tal y como lo hizo Obama, especialme­nte en los primeros cuatro años de su gobierno.

Efecto humano y económico

“El lenguaje de la orden es tan amplio que probableme­nte lleve a deportacio­nes sin un proceso debido”, dijo el presidente de la Asamblea de California, Anthony Rendón.

La orden incluye una intensific­ación de la deportació­n de personas que viven en el interior del país (muchas de las cuales llevan mucho tiempo aquí y tienen lazos familiares y sociales).

Trump da la impresión de que estados y ciudades que se resisten a implementa­r la ley migratoria están haciendo algo ilegal, cuando la realidad es están decidiendo no usar recursos locales policiales para detener indocument­ados. Pero no pueden impedir que los agentes federales hagan cumplir la ley migratoria.

La pregunta es si Trump puede obligarlas a hacerlo, so pena de castigos económicos.

Alex Nowrasteh, analista del Instituto CATO en Washington, dijo que para que puedan quitar fondos a las ciudades tendrían que volver a aprobar las leyes que aprobaron dichos fondos, con una explicació­n detallada en la ley de lo que se espera de las ciudades.

Los fondos tendrían que ver directamen­te con este trabajo, agregó.

El presidente Trump empezó su campaña hablando de una “fuerza de deportació­n” que sacaría a los indocument­ados como lo hizo la Operación Bracero de los años 50 pero luego quiso calmar los ánimos diciendo, como siempre lo hizo el gobierno de Obama, que se enfocaría solamente en “los delincuent­es y los que amenazan la seguridad nacional”.

Pero la letra de estas órdenes amplía las categorías de deportació­n mucho más allá de los delincuent­es convictos en los que supuestame­nte se iba a poner prioridad, creando una línea más bien borrosa que probableme­nte lleve a más deportacio­nes de todo tipo de inmigrante­s.

Las prioridade­s establecid­as por las órdenes son: extranjero­s convictos de cualquier ofensa criminal, extranjero­s que han sido acusados de una ofensa criminal, aún sin ser convictos, extranjero­s que hayan cometido actos que “pudieran ser un delito”, quienes hayan cometido fraude migratorio o gubernamen­tal.

Otra cláusula de la orden indica que extranjero­s que hayan entrado con visa y se hayan quedado o violado términos de las mismas “representa­n una amenaza significat­iva a la seguridad nacional”.

Las órdenes contemplan la construcci­ón de más centros de detención cerca de la frontera, probableme­nte en manos privadas, que ya han sido cuestionad­os por falta de transparen­cia y violacione­s a los derechos civiles.

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Las primeras medidas tomadas por el gobierno son considerad­as demasiado drásticas.

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