EXIGENCIA FUERA DE LA LEY
En medio del debate sobre la reforma de salud, el Departamento de Justicia continuó su ofensiva contra las llamadas ciudades santuario, amenazándolas con cortarles fondos federales para seguridad pública sino obedecen sus guías.
La agencia federal quiere castigarlas eliminando estos fondos las ciudades que, a su juicio, no colaboran con su estrategia para aumentar las deportaciones.
Es irónico que precisamente se les quiera quitar dinero de subsidios destinados a las agencias policiales y al sistema judicial de una ciudad, bajo el argumento de que ellas no hacen lo suficiente proteger a sus residentes. O sea porque no le entregan la gente que ellos quieren bajo sus condiciones, a pesar de que estas hayan sido declaradas ilegales.
La norma que guía la relación entre autoridades locales y federales de Inmigración básicamente establece que no se puede prohibir la comunicación entre una y otra. La Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE) impuso dentro de esa norma, sin figurar en el estatuto, que las agencias policiales tengan bajo su custodia por 48 horas a cualquier detenido que ellos soliciten.
De esta manera, el Departamento de Justicia definió arbitrariamente como ciudad santuario a quienes no obedecen esa orden de retención. Pero en casos en que se cumplió esa orden, jueces de Florida, Massachusetts y Texas la declararon una violación a la protección constitucional de no estar privado de la libertad sin motivo legal.
Por eso, el Departamento de Justicia cambió la estrategia para obtener los mismos resultados, aunque sin aparentar que está solicitando un acto de dudosa constitucionalidad.
Un documento con las condiciones para recibir subsidios establece la condición a las agencias policiales de avisar con 48 horas de antelación al Departamento de Seguridad Interna antes de liberar a un indocumentado del que ICE haya mostrado interés.
Hay un problema práctico para cumplir con la directiva.
Hay mucha gente en cárceles locales que son detenidas antes de ser juzgadas, que pueden pagar fianza, convencer a un juez para que los deje libre o que se dejen de lado los cargos por los que fueron arrestados.
Esas personas no pueden ser detenidas más de lo debido, para que ICE tenga tiempo de recogerlas. Esto crea el mismo obstáculo constitucional, con el agregado de eliminar subsidios federales para las ciudades que no lo obedezcan.
De nuevo, la administración Trump se inventa exigencias que no están en la ley. El Departamento de Justicia amenaza con un castigo arbitrario para quienes no obedezcan a ICE corriendo el riesgo real de cometer un acto declarado ilegal por los tribunales.
El Departamento de Justicia recurre a la estrategia tristemente conocida de querer violar las protecciones constitucionales con el falso argumento de un peligro a la seguridad pública.