DHS termina ‘TPS’ para nicaragüenses y lo extiende por seis meses para hondureños
Activistas advierten que su eliminación es un gran error
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado lunes que eliminará el “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para los nicaragüenses, con una demora de 12 meses, hasta enero de 2019, y dará una extensión de seis meses para los hondureños, tirando al techo del Congreso la pelota para una solución permanente.
La decisión, anunciada durante una conferencia telefónica con periodistas organizada a último minuto, inicia el repliegue escalonado de un programa creado por el Congreso en 1990 y que ha amparado de la deportación a poco más de 320,000 inmi- grantes indocumentados de diez países.
Funcionarios de alto rango de la Administración Trump explicaron que la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, tomó esa determinación tras evaluar las condiciones sobre el terreno y realizar consultas con diversas agencias gubernamentales.
Según los funcionarios, que pidieron el anonimato, la decisión no se debe interpretar como una eliminación gradual del TPS sino que el mensaje de la Administración es que ha evaluado “cuidadosamente” las condiciones sobre el terreno para cada país beneficiado por el programa.
La realidad es que en el caso de los nicaragüenses, los permisos que vencían el 5 de enero de 2018 ahora vencerán el 5 de enero de 2019, y así el DHS está dando esta ventana de tiempo para fomentar una transición ordenada hacia el fin de la designación del TPS para este grupo.
Eso les dará tiempo para buscar alternativas legales para permanecer en EEUU o, si no surgen esas opciones, preparar su salida del país y ayudar al gobierno de Managua a facilitar su reintegración civil, explicaron.
En el caso de los cerca de 57,000 hondureños, Duke aún no ha tomado una determinación final sobre si extender o retirarles el TPS, aunque por el momento dará una extensión de seis meses hasta el 5 de julio de 2018.
En ambos casos, los “tepesianos” tendrán que reinscribirse en el TPS a través de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para recibir esa última prórroga.
El TPS es un beneficio migratorio en pie desde 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen por conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.
En la actualidad, son 10 los países beneficiados por el TPS (El Salvador, Honduras, Haití, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, y el Yemen), pero los tres primeros son los que tienen los mayores números de inmigrantes bajo el programa, según cifras del “Congressional Research Service” (CRS) actualizadas para el pasado 12 de octubre.
Curiosamente, las cifras que maneja la Administración son distintas a las de los gobiernos afectados. Mientras USCIS dice que hay poco más de 5,300 nicaragüenses bajo el TPS, el gobierno de Nicaragua sitúa la cifra en poco más de 2,500, debido a que muchos ajustaron su estatus, no renovaron sus permisos, les fueron revocados, o fueron deportados.
Los funcionarios precisaron que el gobierno de Nicaragua no hizo una solicitud formal para extender el TPS y que, en todo caso, las condiciones causadas por el huracán Mitch en 1999 ya no existen y no se justifica la continuidad del alivio migratorio.
Según los funcionarios, el DHS hará una determinación final sobre Haití, que ya había recibido mayo pasado una prórroga de seis meses, para finales de este mes, mientras que la decisión final para los salvadoreños se prevé para el próximo 8 de enero. Esto se debe a que, por ley, el gobierno debe anunciar su decisión 60 días antes de que venzan los permisos.
Un grupo de legisladores demócratas, entre éstos Nydia Velázquez, presentó la semana pasada una iniciativa para proteger a quienes queden expuestos a la deportación cuando termine su TPS, pero, en el clima político actual, ésta tiene casi nulas posibilidades de siquiera ser debatida.
El anuncio de la Administración confirmó los temores de activistas de la comunidad inmigrante y de los propios tepesianos, que llevaban meses apostados frente a la Casa Blanca, los pasillos del Congreso y la sede del DHS en Washington, en busca de una nueva prórroga.
Si algo queda claro del anuncio es que la Administración ha abandonado el enfoque humanitario en su política migratoria, al insistir en que el TPS siempre fue un parche temporal y sus beneficiarios deben ahora levantar ancla y preparar su salida.
De poco han servido los argumentos económicos y morales sobre las contribuciones de los “tepesianos”, tomando en cuenta además de que éstos han hecho sus vidas en EEUU, tienen en su conjunto 273,000 hijos nacidos en este país, han comprado casas o establecidos negocios, y contribuyen a la fuerza laboral y la economía nacional.l