Aboga por flexibilidad fiscal para la Isla
Ricardo Rosselló rinde testimonio ante comités de Congreso
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió ante el Congreso flexibilidad en el uso de los $94,400 millones que ha solicitado para los esfuerzos de reconstrucción de la isla, al rechazar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenga poderes para controlar los fondos de emergencia.
Rosselló acudió a audiencias en ambas cámaras del Congreso para defender su solicitud de $94,400 millones para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María y reafirmar su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas en ese proceso.
Durante una audiencia ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja, que duró tres horas, Rosselló repitió parte de su testimonio ante una audiencia similar en el Senado horas antes, en el sentido de que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico no debería tener facultades para el manejo de los fondos de respuesta al desastre.
“La expansión de los poderes de la Junta Fiscal no puede substituir la autodeterminación del pueblo puertorriqueño… (eso) sería innecesario y perjudicial” para un gobierno elegido democráticamente, argumentó Rosselló en su testimonio escrito.
El presidente del Comité, el republicano Rob Bishop, señaló que hay “serias preocupaciones” sobre si el gobierno de la isla tiene la capacidad de “manejar adecuadamente” los fondos solicitados, e insistió en que “tiene que haber un incremento en la cooperación” entre las autoridades y la JSF.
Rosselló le contestó que acepta los controles “pero no a expensas de los derechos democráticos” de la isla.
Agregó que su gobierno ya está en discusiones con la Casa Blanca y la Oficina de Gestión de Presupuesto (OMB) para negociar los “parámetros de control” para los fondos de emergencia.
Rosselló precisó que la misión de la JSF, creada el año pasado por la ley Promesa para el manejo de la crisis fiscal, es velar por un presupuesto equilibrado, llevar a cabo los procedimientos del pago a los bonistas, y promover el acceso de Puerto Rico a los mercados.
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