El gobierno separa a las familias que buscan asilo y persigue a los padres
El caso de Blanca, viuda de un militar salvadoreño asesinado por la mara, es uno de los que ilustra el más reciente cambio en la práctica migratoria hacia las familias centroamericanas migrantes en EEUU
Cuando la salvadoreña Blanca Vásquez llegó a la frontera de Texas y México con su hijo de 12 años Luis en octubre pasado, sólo tenía consigo una Biblia y la esperanza de que al decir la verdad de lo que le había pasado a su familia con las maras, Estados Unidos la protegería.
Blanca, de 41 años, perdió a su esposo Juan Gilberto Landaverde en febrero de 2012, luego que el veterano sargento del ejército salvadoreño fuera asesinado por orden de la mara. El caso fue noticia en El Salvador.
“Mi esposo trabajaba dentro de las prisiones. Estaba a cargo de prevenir la corrupción que ocurría dentro. Lo más común es que las pandillas operen sus empresas criminales desde allí”, afirma Blanca en su declaración jurada. “Pero mi Juan era incorruptible”.
Desde la muerte de su esposo, Blanca y sus dos hijos pasaron un viacrucis. Se mudaron repetidas veces, recibieron amenazas y su hijo mayor estuvo en la mira de las autoridades que aseguraban que él era marero y que éstas habían comprado a su papá. Los pandilleros buscaban reclutar al pequeño Luis para sus actividades ilegales.
El hijo mayor, William, escapó a principios del 2016 y fue detenido en la frontera, pero aprobó su entrevista inicial y fue liberado y enviado a su tío en Nueva Orleans. Blanca escapó como pudo a principios de 2017 con su hijo más pequeño y pasó diez meses en México.
En octubre de 2017 tras cruzar el Rio Grande en Texas “con el agua a la cintura” Blanca no se encontró con agentes que la llevaron a un centro de detención para ayudarla a ella y a su hijo Luismientras pedía ayuda al gobierno de Estados Unidos.
Lo que Blanca encontró fue la nueva política de la Patrulla Fronteriza bajo las órdenes de Donald Trump y el procurador Jeff Sessions: separación familiar y acusación criminal del adulto.
“Ella expresó el miedo de regresar a su país, pero en vez de llevárselos y detenerlos, los separaron de inmediato y decidieron presentarle a ella cargos penales por “entrada ilegal”, explicó a este medio la abogada Adriana Zambrano, que tomó el caso de Blanca en enero cuando la salvadoreña lo tenía casi todo perdido.
Deportables
Blanca y Luis no fueron al mismo centro de detención mientras su “unidad familiar” (que es como el gobierno llama a las familias que buscan asilo), peleaba su caso legal. Esto era lo común bajo el gobierno de Barack Obama.
“Lo diferente es que ahora estamos viendo más casos de madres -o padres- con niños pequeños que en vez de quedar detenidos juntos para pelear su caso, los separan, mandando al niño a un refugio y al padre o madre a un centro de detención”, dijo Zambrano.
La cosa no termina allí. Además de separar a las familias, las autoridades están acusando a los adultos -el padre o la madre- de un cargo criminal, lo que los hace automáticamente deportables y excluíbles del país por muchos años.
Según los abogados y varias quejas presentadas por organizaciones de defensa de los niños migrantes, no está claro cuál es el criterio que están usando para separar a las familias.
En enero, Adriana y Bridget Cambria, de la organización ALDEA, comenzaron a defender legalmente a Blanca. La organización no lucrativa tiene como objetivo ayudar a los niños y familias que buscan asilo.
Su trabajo legal de varios meses rindió frutos cuando un juez de El Paso, conocido por ser uno de los más estrictos del país, aceptó que el caso de Blanca era creíble y le dijo que podía salir bajo fianza.
El pequeño Luis, tras pasar mes y medio en un refugio en Nueva York, fue reunido con su hermano William y su tío en Nueva Orleans.
Una campaña pública para levantar fondos logró recabar lo necesario para cubrir la fianza de Blanca y espera seguir recabando fondos para ayudar a otros casos.
Blanca está a punto de salir del centro de detención y reencontrarse con sus dos hijos, posiblemente esta misma semana.
“Sabemos que allá en El Paso hay muchas otras familias en esta situación, pero no nos damos abasto para ayudarlas”, dijo la abogada Zambrano.l