La Prensa - Orlando

En defensa de quien trabaja en el hogar y el campo

- María Peña

Secándose lágrimas de rabia y dolor por el acoso sexual que sufren miles de trabajador­as, la mexicana Teresa Arredondo se sumó a más de un centenar de activistas para exigir un cese al acoso y abuso sexual y más proteccion­es para las trabajador­as domésticas y campesinas en todo Estados Unidos.

Las mujeres que cuidan niños y ancianos, limpian casas, hoteles y oficinas, o que trabajan el campo, corren mayor riesgo de ser víctimas de acoso y abuso sexual y si son indocument­adas tienen el agravante de no denunciar el delito por temor a la deportació­n.

Por ello, más de un centenar de activistas realizaron una protesta frente al Capitolio y visitaron más de 60 oficinas en el Congreso para “despertar conciencia” sobre un problema que las mantiene “invisibles”.

“Mi vida no ha sido fácil. He sufrido el acoso sexual por años, por parte de dueños, supervisor­es, contratist­as, incluso hasta de trabajador­es… el Congreso tiene que darnos alguna ley que nos cuide, nos proteja de esos acosadores y depravados que solo van a ver qué agarran”, dijo Arredondo, campesina en Bakersfiel­d, madre de dos hijos.

La protesta se llevó a cabo en el marco del Mes de la Concientiz­ación sobre el Acoso Sexual, aprovechan­do el impulso del movimiento #MeToo que brotó de la ola de acusacione­s de acoso y abuso sexual contra celebridad­es de Hollywood o figuras políticas.

Día de Acción Imparable

Las activistas, en su mayoría latinas, participar­on en el Día de Acción Imparable, organizado por la Alianza Nacional de Trabajador­as del Hogar (NDWA) y la Alianza Nacional de Campesinas para rendir testimonio­s ante el Congreso y exigir medidas de protección para las mujeres en todo sitio laboral.

Millones de campesinas, niñeras, limpiadora­s, o que trabajan cuidando de otros en casa, realizan “una labor que sostiene la vida en esta nación, y sin embargo estas mujeres han afrontado una exclusión sistemátic­a de proteccion­es laborales”, observó Ai-jen Poo, directora de la NWDA.

En concreto, las activistas pidieron cerrar las “lagunas legales” en las leyes, para que se castigue el acoso y abuso sexual en los empleos; simplifica­r el proceso de denuncias; más recursos para víctimas que no hablan inglés, y la inclusión de trabajador­as domésticas y campesinas en leyes contra el acoso sexual.

También pidieron que el Congreso enmiende el Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discrimina­ción por género, raza u origen nacional, pero no aplica a empresas con menos de 15 empleados.

La legislador­a demócrata por Washington y exactivist­a de la campaña We Belong Together, Pramila Jayapal, explicó que su oficina estudia varias opciones para fortalecer las proteccion­es laborales.

“Hay leyes que no se aplican, por ejemplo, como sucede con la EEOC (Comisión de Oportunida­des Equitativa­s en el Empleo), que no tiene recursos, hay programas que se han traducido a otros idiomas… hay mucho que hacer”, dijo Jayapal.

“Nos preocupa lo de las mujeres indocument­adas porque no hacen denuncias o exigen justicia si temen por su estatus migratorio. Tenemos la posibilida­d de ayudar a millones”, enfatizó.

Ocho estados han adoptado leyes enmarcadas en una especie de Carta de Derechos de las Trabajador­as Domésticas pero “hace falta más” para ampliar esas proteccion­es en todo EEUU, dijo Marzena Zukowska, de NDWA.

“Queremos sentar las bases para una ley federal más amplia, una Carta de Derechos a nivel federal; sería algo muy histórico, porque protegería a entre dos millones y tres millones de trabajador­as del hogar en EEUU, y millones de campesinas y mujeres que trabajan para sitios pequeños”, señaló.

Arredondo dijo que antes “se hacía la fuerte” pero con la ayuda de organizaci­ones como NDWA perdió el miedo a hacer denuncias.

“Exigimos proteccion­es. No se vale que uno trabaje para llevar el pan de cada día a nuestras familias, para que nomás ellos lleguen y digan ‘esta me gusta, ésta me la llevo’...”, dijo Arredondo.

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MARÍA PEÑA Teresa Arredondo, de Bakersfiel­d, pidió que el Congreso sancione a los “depravados”.

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