Una ciudad con confianza
La nueva norma impide que policías locales pregunten a la víctima de un delito sobre su estatus migratorio
Orlando aprobó la ordenanza ‘Trust Act’ que prohíbe a la policía preguntar el estatus migratorio a víctimas de delitos
Con un mensaje contundente, el alcalde de Orlando Buddy Dyer dijo que el Departamento de Policía de la ciudad (OPD) no se dedicará a aplicar leyes de inmigración, “ni el OPD, va a dirigir deportaciones”. Así se expresó el funcionario en compañía de 35 dirigentes de organizaciones comunitarias que forman el grupo Trust Orlando Coalition y que celebraron la apro- bación de la resolución conocida como la Ley de Confianza de la Policía (Trust Act).
Los comisionados de la ciudad aprobaron por unanimidad la resolución el lunes por la tarde. Está ordenanza impide que los policías de Orlando pregunten a una víctima de un delito sobre su estado migratorio. También garantiza que los inmigrantes que trabajan y son respetuosos de la ley reciban los servicios de la policía y la ciudad independientemente de su estado migratorio y que las víctimas de crímenes que no tienen documentos puedan presentarse sin temor a ser detenidas por su estatus migratorio.
Con esta resolución el OPD también facilita la certificación requerida por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) para inmigrantes indocumentados que fueron víctimas de crímenes graves en Estados Unidos, lo que es requerido para obtener la visa U de inmigrante. Con esta aprobación, Orlando se convirtió en la primera ciudad del sur de Estados Unidos en adoptar una Ley de Confianza, uniéndose a otras ciudades como Filadelfia, Chicago y Boston.
Aunque está resolución apunta a fortalecer políticas que ya están en vigencia, los activistas habían estado trabajando con los funcionarios de la ciudad de Orlando durante más de un año para lograrla. Dicen que esta medida trata de proteger a las personas indocumentadas que son víctimas de un delito. En muchos casos, esas personas tienen demasiado miedo de denunciar porque ingresaron ilegalmente al país y teman ser detenidas por ello.
Algunos se preguntan si esta norma hace de Orlando una “ciudad santuario”. Los líderes de la ciudad afirmaron que respetan la ley federal y que esta resolución sólo protege a las víctimas de delitos.
“Nosotros no estamos buscando deportar a nadie y tampoco queremos que los indocumentados sean víctimas de los crímenes que están ocurriendo por culpa de personas que saben que los indocumentados no van a cooperar con la policía”, aseguró el comisionado Tony Ortiz, uno de los principales promotores de la resolución. “Esto representa un paso enorme, nosotros estamos realizando un acto de confianza entre las personas indocumentadas y el gobierno de la Ciudad de Orlando para echar esta comunidad hacia adelante”, dijo Ortiz.
Para Tirso Moreno, coordinador de la Asociación Campesina de Florida, este es un logro histórico porque ningún otro gobierno local de Florida había aprobado una resolución de Ley de Confianza y aseguró que otros gobiernos de ciudades y condados de Florida deberían aprobar resoluciones similares.
Athziry Barrera, benefi- ciaria del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) dijo que este también es un logro para los Soñadores porque “la gente puede ir con confianza con un policía o un comisionado para denunciar delitos, así que la Ciudad reconoció que los inmigrantes no somos invisibles, que tenemos voz aunque seas indocumentado”.
Por su parte, el Consulado de México en Orlando reaccionó a la resolución con un reconocimiento público al alcalde Dyer, al comisionado Ortiz y al grupo Orlando Trust Coalition por la aprobación de la “Resolución de confianza” (Trust Act).
En un comunicado enviado a La Prensa, el consulado mexicano dice que esta acción de política pública “promueve y reconoce los aportes de la comunidad migrante en Orlando y fortalece la confianza de la población inmigrante en las autoridades de seguridad pública de Orlando, al no requerir una prueba de estatus migratorio y facilitar la certificación requerida por la USCIS, para inmigrantes víctimas de crímenes graves”.l